Al comparecer ante diputados de la sexagésima primera legislatura, el secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza, recordó que el ejercicio de la Glosa es un acto en donde el Poder Legislativo puede discernir y analizar el contenido del documento que da cuenta del Estado que guarda la Administración Pública.

Dio a conocer a los diputados locales que México ocupa el lugar 105 en una muestra de 174 países en el índice de percepción de la corrupción. Así mismo, de acuerdo a Transparencia Mexicana, el estado de Zacatecas ocupa el 8vo lugar de 32 entidades en cuánto al índice de percepción de corrupción, lo cual se considera histórico.

 

Participación de Diputados

La legisladora Claudia Anaya (PRI) dio a conocer al compareciente que ha recibido constantes quejas, respecto a que funcionarios públicos no  respetan las disposiciones que protegen o benefician a las personas con discapacidad, tales como descuentos en el transporte público, o becas que se deberían destinar a este sector social. La legisladora lamentó que no se haga nada ante el incumplimiento de dichas normas, y preguntó qué habrá de hacer la Secretaría para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad.

Por su parte, la diputada Luz Margarita Chávez (PRI) comentó que la sociedad demanda gobiernos más abiertos al escrutinio, por lo que destacó la importancia de transitar de la corrupción a la cultura de la legalidad. La legisladora preguntó al Secretario de la Función Pública qué acciones se pueden emprender para que no haya un mal uso de vehículos oficiales en los municipios. Además cuestionó si la dependencia a cargo de Huízar Carranza tiene injerencia en el conflicto que se vive en la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, ya que pidió informes sobre los avances en la investigación.

La diputada Irene Buendía Balderas (PRI) hizo cuestionamientos para conocer las acciones que se han llevado a cabo con el objetivo de mejorar el desempeño de la administración pública. Así mismo, dio a conocer que el 7% de las obras licitadas fueron adquiridas por empresas foráneas, y el resto por locales, pidió conocer la inversión. Por otra parte requirió se le informe de los avances físicos de las obras del 3*1, de las cuales dijo la legisladora, el 67% están terminadas, pero quedan 56 obras en proceso y 23 sin iniciar, por lo que pidió conocer las acciones que se implementarán para que se concluyan.

La diputada María Soledad Luévano Cantú (Movimiento Ciudadano), recordó al funcionario en comparecencia su pasado como legislador de oposición, ya que dijo que con sus posturas críticas se generó un prestigio, el cual añadió, ha perdido al ahora encubrir a quienes antes perseguía.

La legisladora dijo que el actual gobierno padece un cáncer que crece contantemente ante los ojos del secretario de la Función Pública. Mencionó que la Secretaría de la Administración a cargo de Le Roy Barragán, ha incurrido en diversos actos de corrupción con la realización de "comparas amañadas", por lo qué preguntó al funcionario por qué no se hace nada al respecto. Insistió en que desde la Secretaría de Gobierno se utilizan recursos para corromper a opositores del régimen, y ese dinero no se fiscaliza, por lo que enfatizó en cuestionar la nula actividad ante tanta corrupción. Pidió además saber el número de procedimientos de responsabilidades administrativas que se han fijado contra los funcionarios.

La diputada María Elena Nava (Nueva Alianza) destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son ejes que generan gobernabilidad. Comentó que la administración pública debe ser sometida a procesos de mejora continua; ante esto requirió saber el número de auditorías iniciadas a dependencias del Poder Ejecutivo así como a ayuntamientos, y las sanciones que resultaron.

Cuestionó además respecto al cómo se transparentan los recursos utilizados en el programa 3*1, y como son fiscalizados al momento de iniciar una obra.

El diputado Ismael Solís (PRI) reconoció el trabajo hecho por la dependencia en lo que consideró la extirpación del cáncer de la corrupción. Recordó que a su paso por el gobierno del Estado, más específicamente a su llegada a COPROVI, lo primero que recibió fue un pliego de observaciones de la Secretaría de la Función Pública. Agregó que si bien no es agradable saber que hay 700 procedimientos iniciados,  es grato saber que se está trabajando para prevenir y sancionar malos manejos.

El legislador Héctor Pastor (PRI) exigió que se comprueben las acusaciones vertidas en contra de los funcionarios, criticó que bajo el amparo de la figura de legislador se hagan señalamientos sin sustento.

Además se refirió al caso del predio de Lomas de Bracho, en el que dijo se puede ventilar un caso de corrupción. Informó que en el año 2008 ese predio fue adquirido por el gobierno del Estado por un costo de 28 millones de pesos, cuando años atrás, un instituto bancario lo vendió en un millón 200 mil pesos, por lo que preguntó al funcionario si se tiene conocimiento del caso, y si no se trasgredió la ley. Consideró que a pesar del tiempo que ha pasado, es necesario tener respuestas de un caso que puede significar un robo al erario.

Por el PRD, el diputado Juan Carlos Regis Adame, consideró que la dependencia que tiene la Secretaría de la Función Pública con el Poder Ejecutivo, le impide iniciar un combate real a la corrupción. Además mencionó que la Ley de la Administración Pública es un "cuello de botella" en su ejercicio, ya que en la práctica concentra y centraliza el poder.

Recordó que en su comparecencia el Secretario de Infraestructura comentó a los legisladores los graves subejercicios que se tienen en la dependencia, recordando que muchas obras de 2013 no se han llevado a cabo por qué aún se encuentran en proceso de licitación.

Dio a conocer que hay muchas quejas de empresarios y constructores, ya que aseguran no se les da participación en la asignación de obra pública. Añadió que un mejor funcionamiento de la Secretaría de la Función Pública podría lograrse si esa dependencia se asignara a la primera minoría de oposición, tal y como sucede con las contralorías municipales.

El legislador José Haro de la Torre (PRI) preguntó a Guillermo Huízar los beneficios de las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Destacó el trabajo de la dependencia en la liquidación de aquellos organismos públicos que desaparecieron producto de la misma reforma. Pidió también información sobre el número de auditorías que están abiertas, así como de las dependencias que están siendo observadas, y cuál es el municipio con más observaciones. Finalmente solicitó esclarecer el procedimiento para denunciar algún acto de corrupción.