“La agenda legislativa no solo se nutre de las iniciativas propuestas por las y los diputados, sino de las presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, municipios, organismos autónomos e inclusive, por ciudadanas y ciudadanos.” Expresó la presidenta de la mesa directiva, diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, quien a nombre de la LXIV Legislatura del Estado, presentó este miércoles 20 de septiembre, el Segundo Informe de Actividades del Poder Legislativo, correspondiente al periodo comprendido del 7 de septiembre de 2022 a la fecha, tiempo en el que se han celebrado dos periodos ordinarios de sesiones y los correspondientes dos periodos de receso legislativo.

 

En la sesión solemne de la Asamblea, que estuvo presidida por los representantes de los tres poderes del Estado, se informó que durante el periodo a informar se presentaron 649 iniciativas y se expidieron 806 productos legislativos.

 

En su mensaje, la diputada Miranda Herrera reconoció que la labor legislativa se torna cada vez más compleja, y día con día aumenta el rigor técnico con el que se debe analizar y dictaminar, ello aunado a la consulta pública que como parlamento abierto se tiene que realizar.

 

De manera pormenorizada, la presidenta de la mesa directiva dio cuenta de las actividades desarrolladas por el Poder Legislativo durante su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, destacando la realización de tres parlamentos juveniles, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, así como para incluir los mecanismos 3 de 3 contra la violencia y la figura de Revocación de Mandato.

 

También destacó las reformas hechas a la Ley del Servicio Civil, para establecer como causal de rescisión de la relación laboral, el acoso y hostigamiento laboral; la reforma que permitió tipificar la violencia vicaria; y la aprobación del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género en la Legislatura.

 

Durante el periodo que se informa, también fueron aprobadas leyes como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios, para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, y de la Preservación del Arbolado Urbano.