RESULTANDO PRIMERO.- Con fecha 18 de enero de 2011, se dio a conocer, en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Legislatura, el oficio número DGPL-1P2A.-4890.31, suscrito por el Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas.

 

 

 

RESULTANDO SEGUNDO.- El Diputado Felipe Ramírez Chávez, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de esta LX Legislatura del Estado, mediante memorándum 0180, turnó a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales en fecha 18 de enero del presente año, la Minuta Proyecto de Decreto de referencia, dejando a su disposición el expediente relativo, para su análisis y la elaboración del correspondiente dictamen.

 

CONSIDERANDO PRIMERO.- Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como requisito para que las adiciones y reformas a la Ley Suprema formen parte de la misma, que el Congreso de la Unión las acuerde por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, y que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.

 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO.- Que a la letra, la Minuta establece textualmente:

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 94, para modificar el párrafo ubicado actualmente en octavo lugar; se incorpora un nuevo párrafo para quedar en séptimo lugar y se incorpora otro nuevo párrafo para quedar en noveno lugar. Se reforma el artículo 103. Se reforma el artículo 104. Se reforma el artículo 107 de la siguiente manera: el párrafo inicial; las fracciones I y II; el inciso a) de la fracción III; las fracciones IV, V, VI y VII; el inciso a) de la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI, XIII, XVI y XVII y se deroga la fracción XIV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

 

Artículo 94. ...

…

…

…

…

…

 

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

 

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

 

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

 

Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

 

 

    I.        Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

 

 II.        Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

 

III.        Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

 

 

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

 

    I.        De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;

 

 II.        De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;

 

III.        De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

 

IV.        De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

 

 V.        De aquellas en que la Federación fuese parte;

 

VI.        De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

 

VII.        De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y

 

VIII.        De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

 

    I.        El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

 

 II.        Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

 

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

 

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

 

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

 

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

 

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;

 

III.        …

 

a)Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

 

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

 

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

 

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

 

b) ...

 

c) ...

 

     IV.    En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

 

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

 

 V.        El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

 

a)...

 

b)...

 

c) …

 

…

 

d) …

 

…

 

VI.        En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;

 

VII.        El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

 

VIII. ...

 

a)   Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

 

b) …

 

…

 

…

 

IX.        En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

 

 X.        Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y de interés social.

 

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

 

XI.        La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice;

 

XII.        …

 

…

 

XIII.        Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

 

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

 

 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

 

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;

 

   XIV.    Se deroga

 

XV. …

 

XVI.       Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

 

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

 

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;

 

XVII.       La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;

 

 XVIII.       Se deroga.

 

 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto.

 

Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

 

Cuarto. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

La reforma tiene como objetivo llevar a cabo una reforma integral a la institución jurídica relativa al amparo y se centra en diversos aspectos fundamentales, consistentes en:

 

vSe amplía el objeto del Juicio de Amparo integrando a su ámbito de protección, la defensa de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

 

vSe fortalece al Poder Judicial de la Federación al tiempo que se consolida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional y a los Tribunales Colegiados de Circuito como verdaderos garantes del control de la legalidad.

 

vSe instituyen las figuras jurídicas de amparo adhesivo y del interés legítimo.

 

vSe establece un procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad.

 

vSe constituyen los Plenos de Circuito, que serán nuevas instancias para resolver lo concerniente a la contradicción de tesis, y

 

vSe puntualiza lo correspondiente a la ejecución de las sentencias.

 

Así las cosas, nos avocamos al estudio del instrumento legislativo, en los términos que a continuación se mencionan.

 

A través de su evolución en el orden jurídico mexicano, la institución jurídica del amparo ha cumplido el objeto para el que fue creado, proteger las garantías individuales y los derechos fundamentales de los gobernados. Sin embargo, la sociedad cambia y sus instituciones jurídicas deben ajustarse a sus necesidades.

 

Resulta loable que esta Representación Popular, como parte integrante del Constituyente Permanente, intervenga dentro del ámbito de su competencia, en la reforma constitucional relacionada con el instrumento de control constitucional más importante en el país, es decir, el amparo.

 

También resulta plausible adecuar nuestra Ley Suprema de la Nación al entorno internacional, poniendo al país a la vanguardia de lo que debe ser un estado de derecho eficaz, en el que sin cortapisas, se respeten tanto los derechos contenidos en el propio texto constitucional como en los diversos instrumentos constitucionales celebrados por el Estado mexicano, ya que lo anterior permitirá una mejor tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al ejercicio u omisión del Estado.

 

Otro aspecto de la reforma constitucional de mérito que reviste una especial atención, se relaciona con lo concerniente al principio sobre la relatividad de las sentencias de amparo, el cual, a criterio de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, vulnera diversos principios, como lo son, el de supremacía constitucional y el de igualdad ante la ley, razón por la cual es impostergable modificar nuestra Carta Magna, porque para éstas resulta inadmisible que siga vigente una disposición de esa naturaleza toda vez que va en detrimento de una justicia pronta y expedita. En ese tenor, es acertado facultar al máximo tribunal del país para emitir declaratorias generales de inconstitucionalidad, en los casos y modalidades en que lo determine la ley ordinaria que al efecto aprobará el Congreso de la Unión.

 

Con la creación de los Plenos de Circuito en los que se podrán resolver las contradicciones de tesis, se propiciará una mejor homogenización de los criterios emitidos en un mismo circuito y consecuentemente, una impartición de justicia ajustada a criterios uniformes, dejando a salvo que sea el Supremo Tribunal de la Nación quien funja como órgano terminal en la emisión de dichos criterios, propuesta con la que compartimos plenamente.

 

Asimismo, estimamos acertada la propuesta referente a que el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, soliciten de forma excepcional, que un determinado amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, sea substanciado de manera prioritaria, siempre y cuando se justifique la urgencia del caso por tratarse de un asunto de orden público e interés social, postura que comparte esta Soberanía Popular, en virtud de que con lo anterior se evitará que se deriven consecuencias negativas para el Estado.

 

Con estas novedosas reformas, se apuntala aún más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el tribunal constitucional por antonomasia en el país y además, se sitúa a los Tribunales Colegiados de Circuito como verdaderos garantes del control de la legalidad en la nación, todo ello, en beneficio de una justicia pronta y expedita. 

 

Esta modificación a la Norma Fundamental se enmarca dentro de la Reforma del Estado, la cual alcanza a todos los poderes de los ámbitos federal y estatal. De esa forma, la consolidación de los poderes judiciales constituye un avance significativo en la construcción de un Estado constitucional más sólido en el que los derechos sean condición básica para una mejor convivencia social.

 

Esta Asamblea Popular está convencida que para dar cabal vigencia a los postulados contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, es necesario que se sigan impulsando reformas como la que se aprueba. Por ello, estimamos sumamente acertado que las propuestas sobre la reforma de amparo consignadas en el Libro Blanco expedido por nuestro máximo tribunal de la nación, hoy sean una realidad y pugnamos porque en lo sucesivo, el Congreso de la Unión siga aprobando reformas de esta magnitud, porque a fin de cuentas, deben constituir un asunto prioritario dentro de las agendas legislativas.

 

Todas estas reformas tienen como único motivo, ajustar, o bien, perfeccionar, algunas disposiciones legales con la finalidad de dotar al amparo de mecanismos para que siga siendo un medio de control y regularidad constitucional, acorde a una sociedad justa y democrática.

 

Por esas razones, esta Asamblea Popular aprueba en los términos planteados la Minuta que nos ocupa, en virtud de que su propósito tiene como epicentro el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación y de un recurso o instrumento de control constitucional, cuyo objeto consiste en la protección contra abusos o excesos en el actuar de las autoridades, lo anterior en beneficio de los gobernados.

 

ÚNICO.- Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos transcritos en el Considerando Segundo de este Instrumento Legislativo.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

 

SEGUNDO.- Remítase la documentación correspondiente a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos constitucionales correspondientes.

DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado a los veintidós días del mes marzo del año dos mil once.

SECRETARIA       DIP. ANA MARÍA ROMO FONSECA

SECRETARIA       DIP. MARIVEL LARA CURIEL.