RESULTANDO PRIMERO.- En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 25 fracción I, 45, 46 fracción I y 48 fracción II de la Ley Orgánica; 95 fracción I y 97 fracción I del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, fueron presentadas en sesión del Pleno de esta Asamblea Legislativa, dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas; la primera, por parte de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, leída en fecha 4 de junio de 2009, y la segunda, por parte de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, leída en fecha 10 de septiembre de 2009.

 

RESULTANDO SEGUNDO.- Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83 fracción V de nuestro Reglamento General, las iniciativas de referencia fueron turnadas, en las fechas ya señaladas, a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, a través de los memorándums 701 y 794 respectivamente, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO TERCERO.- Con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se concluyó acumular las iniciativas en mención por versar sobre un mismo tema.

RESULTANDO CUARTO.- En sesión del Pleno de fecha 1 de septiembre del presente año, los diputados Guillermo Huízar Carranza y Manuel de Jesús García Lara presentaron, en la discusión en lo particular, modificaciones al Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, respecto de la Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado, las cuales fueron aprobadas en los términos propuestos.

RESULTANDO QUINTO.- Que en Sesión Ordinaria del día 2 de diciembre de 2010, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Honorable LX Legislatura, los diputados Secretarios de la Mesa Directiva, dieron a conocer al Pleno la recepción de treinta y tres Actas de Cabildo, de las cuales se deduce que diecinueve ayuntamientos se manifestaron aprobando la Minuta Proyecto de Decreto de reformas a la Constitución. Por lo que respecta a los municipios que no se pronunciaron en ningún sentido, el Pleno estimó, que si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por nuestra Constitución Local, para que las reformas a la norma básica sean procedentes es necesario que las dos terceras partes de los ayuntamientos las aprueben, también lo es, que la propia Constitución Local establece en los dos últimos párrafos del artículo 164 la afirmativa ficta. Por lo tanto, y toda vez que obran en el expediente los correspondientes acuses de recibo del servicio postal mexicano y que ya ha transcurrido, con exceso, el término de treinta días naturales para que se reciban las respuestas de los Cabildos, se les tiene por aprobada la reforma.

CONSIDERANDO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, tiene competencia para conocer, estudiar y dictaminar la materia que tratan las Iniciativas de Decreto referidas.

 

Según la materia y pretensión de las iniciativas que se analizaron y por las disposiciones constitucionales que se reforman y adicionan, se revisó, en principio, si el planteamiento aprobatorio de las iniciativas en estudio ante el Pleno de los Diputados, no estaría violentando alguna norma o principio de su misma categoría y que, con posterioridad, ello provoque incongruencias jurídicas o un carácter endeble de las nuevas disposiciones que los autores proponen introducir al texto de nuestra Carta Magna Zacatecana.

 

En el caso que nos ocupa, ambas iniciativas proponen que la facultad para definir remuneraciones económicas para los servidores públicos del Estado y, en el caso de la Iniciativa de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sugiere que se contemplen los municipios, para que sea una potestad del Poder Legislativo, dejando a los otros poderes y demás entidades del Estado así como a los ayuntamientos, sólo la posibilidad de proponer o proyectar dicho gasto; por tanto, se trata de una restricción a las facultades constitucionales de algunas de esas entidades, hecho que ha sido ya materia de discusión en el más alto Tribunal de nuestra nación, quien comúnmente ha fallado a favor de municipios, por ejemplo, a quienes con el argumento de su autonomía reconocida por el artículo 115 de la Constitución General de la República, les ha salvaguardado su potestad para definir el libre manejo de sus recursos económicos.

 

El contexto jurídico y político ahora es distinto, pues este acotamiento a la autonomía de ámbitos de gobierno y de las atribuciones de los organismos autónomos, tiene como base la enmienda a la Ley Fundamental de México, aprobada por el Constituyente Permanente mediante el Decreto que reformó y adicionó los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127, publicado el 24 de agosto de 2009, en el Diario Oficial de la Federación y, por tanto, las acciones litigiosas que eventualmente puedan emprender las entidades públicas que sientan trastocada su autonomía, tendrán pocas posibilidades de prosperar, pues ahora la Legislatura del Estado está facultada para legislar en dicho sentido.

 

Por otra parte, el contenido de las iniciativas, que coincide entre sí y que asimila la reforma federal que se atiende, ratifica un derecho laboral que se ha consagrado en la doctrina y que es irrefutable su adopción en este tema, el sueldo como un derecho irrenunciable, pero además la propuesta le impone los calificativos de que sea adecuado y proporcional a la responsabilidad de quien lo recibe. Este tema resulta por demás compatible con el esquema constitucional federal y al adoptarlo como tal, en nuestra Constitución Local, se empata y se protege ese derecho.

 

Por lo tanto existe viabilidad constitucional en las iniciativas, dejando a salvo las garantías individuales de los servidores públicos y las atribuciones de las instituciones públicas del Estado y de los municipios.

 

Uno de los problemas fundamentales del Estado Mexicano es la corrupción existente en las entrañas de cada ámbito de gobierno, donde los recursos públicos, su aplicación y vigilancia han demostrado que falta mucho por transitar hacia un ejercicio más eficiente en la inversión y el gasto públicos.

 

Ese cáncer, que tanto lastima la eficacia de la administración pública, y que retarda, o en algunos casos anula, el desarrollo social por la distracción o mala aplicación de los recursos, ha venido tomando vida en el mal uso que hacen de los recursos públicos muchos servidores del gobierno, para destinarlo a las remuneraciones económicas que por su desempeño creen merecer.

  

Los ejemplos de entidades públicas que privilegian sus ingresos para destinarlos al pago de sus servidores públicos, frente a las necesidades sociales o institucionales son diversos, y se denota aún más grave por las coyunturas económico-sociales de las crisis que ha vivido nuestro país. En este esquema de canonjías aparecen titulares de secretarías de Estado, órganos electorales, algunas legislaturas locales y ayuntamientos, donde los altos sueldos y sustanciosas dietas llegan a representar, en algunos casos, el 40 ó hasta el 50% del presupuesto total de la institución; lo que deviene en un panorama muy delicado, pues algunas entidades públicas ejercen presupuestos eminentemente destinados a servicios personales, relegando partidas para funciones, servicios u obras que constituyen esencialmente la razón de su existencia.

 

Las iniciativas presentadas por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática constituyen propuestas conciliables, aunque con algunas diferencias específicas, enriquecedoras entre sí. 

 

Las iniciativas atienden en forma directa a la aprobación que el Poder Revisor de la Constitución hiciera en el año 2009 mediante el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya mencionado, y que tiene como propósito frenar y poner un límite constitucional a los sueldos y dietas de servidores públicos de nuestro País.

 

Dado el contexto anterior, los Diputados iniciantes acogieron la reforma federal y la han adecuado, en sus propuestas, y por lo tanto el Pleno de esta Legislatura aprueba su planteamiento.

  

El objeto de las iniciativas en estudio es poner fin a los excesivos salarios de servidores públicos de alto nivel del Gobierno del Estado, de los otros poderes públicos, de organismos descentralizados y autónomos, así como de los municipios, quienes no podrán percibir remuneraciones superiores a la de quien sea Titular del Poder Ejecutivo y cuyos ingresos serán autorizados por la Legislatura del Estado o los ayuntamientos correspondientes, cada año, en el momento de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado o de los Municipios. 

 

En dicho sentido, es significativo que nuestra Entidad alcance este momento y condición legal, para evitar, no sólo que los servidores públicos que se desempeñen en las instituciones mencionadas alcancen o superen el ingreso total de quien sea Titular del Poder Ejecutivo, sino que el Congreso del Estado, y los ayuntamientos, prueben a la sociedad el compromiso de combatir algunas actitudes que contradicen la necesidad social, pues una parte considerable de los hasta ahora altos y excesivos ingresos de muchos servidores públicos, deben destinarse a favor de programas de beneficio colectivo, por ejemplo, apoyos para que más personas sigan estudiando, servicio de salud, rescate del campo, servicios básicos municipales, infraestructura carretera, atención a grupos vulnerables, entre otros.

 

Otras particularidades de las iniciativas en estudio es su posibilidad para armonizarlas entre sí, pues como ya se dijo, algunas de las propuestas sólo difieren en forma; por ello, el contenido de aquéllas debe complementarse entre sí y propiciar que en un todo pueden estar integradas para fortalecerse y alcanzar el espíritu de la reforma federal que ha servido de base para las mismas.

 

En lo específico y considerando el mandato establecido en el artículo tercero transitorio del Decreto referido, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución General de la República, es conveniente establecer, de manera clara y precisa,  lo que sería la aplicación del presente decreto respecto de las remuneraciones de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado.

 

Igualmente, esta Asamblea Popular estima que con el ánimo de ser congruente con el espíritu de este instrumento legislativo, resulta oportuno establecer los topes máximos a los que deberán sujetarse las percepciones de quienes sean Titulares de las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías como integrantes de los Ayuntamientos.

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 65; se reforma la fracción I del párrafo sexto del artículo 71; se reforma la fracción IV del artículo 82; se adiciona un párrafo segundo al artículo 92; se reforma el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción III del artículo 119; se reforma el párrafo primero del artículo 121; se reforma y se adiciona el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 160, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue:

 

Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la Legislatura:

 

I. a XI. …

 

XII.Aprobar, antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del año correspondiente, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado que el Ejecutivo presentará a la Legislatura a más tardar el día treinta de noviembre de cada año,requiriéndose previamente la comparecencia del Secretario del ramo. En dicho Presupuesto, deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público estatal o municipal. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.

 

 

XIII a XLVIII. …

 

Artículo 71.…

 

 

 

 

La Entidad de Fiscalización Superior del Estado tendrá a su cargo:

 

I.    Fiscalizar los ingresos y los egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos de los Poderes del Estado y Municipios y sus entes públicos paraestatales y paramunicipales, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos, establecidos conforme a las bases señaladas en el artículo 160 de esta Constitución, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

 

 

 

II. a VI. …

 

 

Artículo 82.Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:

 

I. a III. …

 

IV. Proponer a la Legislatura, a más tardar el treinta de noviembre de cada año, las iniciativas de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos e incluir en ellas la provisión de los recursos correspondientes al propio Legislativo y al Poder Judicial, de conformidad con los principios de equilibrio y separación de Poderes y mediante mecanismos que garanticen que, una vez aprobados, sean ejercidos con plena autonomía. En la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos, de conformidad con el artículo 160 de esta Constitución y demás disposiciones aplicables.

 

…

 

V. a XXXV. …

 

 

Artículo 92. Los Magistrados del Poder Judicial y los Jueces percibirán remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

 

 

Artículo 119. El Ayuntamiento es el órgano supremo de Gobierno del Municipio. Está investido de personalidad jurídica y plena capacidad para manejar su patrimonio. Tiene las facultades y obligaciones siguientes:

I. a II. …

 

III.Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor y, en todo caso:

a) a b). …

 

c)Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

 

…

 

…

 

Presentadas antes del día primero de noviembre de cada año, la Legislatura aprobará las leyes de ingresos de los Municipios y revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en los mismos, deberán incluirse los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 160 de esta Constitución y demás disposiciones aplicables. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, cuando medie el Ayuntamiento solicitud suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, debiendo comparecer en todo caso el Presidente Municipal a informar de las razones que lo motiven.

 

…

 

IV. a XXII. …

 

Artículo 121. Los Ayuntamientos someterán a la consideración de la Legislatura la aprobación de sus leyes de ingresos y tendrán facultades para aprobar los respectivos presupuestos de egresos con base en la disponibilidad de sus ingresos, tomando en cuenta las prioridades que fijen los planes de desarrollo y los programas operativos anuales del año que corresponda, debiendo observar las normas que expida el Poder Legislativo en cuanto a manejo presupuestal y cuenta pública, como las relativas a las remuneraciones que por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión o responsabilidad, contengan los tabuladores de remuneraciones previstos en sus respectivos presupuestos de egresos para sus servidores públicos.

 

…

Artículo 160. Todos los servidores y empleados al servicio de los Poderes del Estado y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público, así como los de elección popular, recibirán por sus servicios una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y la cual se determinará anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

 

 TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

TERCERO.- Las remuneraciones de los servidores públicos que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Instrumento Legislativo.

 

CUARTO.- Para los efectos de la base II del artículo 160 de este Decreto, la remuneración mensual que corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, asciende a la cantidad de mil ochocientas cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado de Zacatecas.

QUINTO.- Los Magistrados y Jueces, nombrados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, sólo podrán mantener sus retribuciones nominales señaladas en sus respectivos presupuestos, durante el tiempo que dure su encargo y responsabilidad.

 

Las retribuciones que reciban los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, los Consejeros Electorales y los Funcionarios Públicos de los Órganos Autónomos, adicionales a las nominales, tales como: gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier otra en dinero o en especie, sólo se podrán autorizar si no exceden del monto máximo establecido en el artículo 160 de esta Constitución para quien sea Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

 

SEXTO.- Para los efectos de lo previsto en el presente Decreto, las remuneraciones que perciban quienes sean Titulares de las Presidencias Municipales se sujetará a lo siguiente:

 

a)   Los municipios se agruparán en las tres zonas que a continuación se precisan:

 

· Zona A.- Integrada por los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas.

 

· Zona B.- Integrada por los municipios de Calera,   Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Chalchihuites, General Francisco R. Murguía, Pánfilo Natera, Jalpa, Jerez, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis Moya, Mazapil, Miguel Auza, Monte Escobedo, Morelos, Nochistlán de Mejía, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, Sain Alto, Sombrerete, Tabasco, Tepechitlán, Tlaltenango de Sánchez Román, Trancoso, Valparaíso, Villa de Cos, Villa García, Villa González Ortega, Villa Hidalgo y Villanueva.

 

· Zona C.- Integrada por los municipios de Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Cañitas de Felipe Pescador, El Plateado de Joaquín Amaro, El Salvador, Genaro Codina, General Enrique Estrada, Jiménez del Teul, Huanusco, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Momax, Moyahua de Estrada, Santa María de la Paz, Susticacán, Teúl de González Ortega, Tepetongo, Trinidad García de la Cadena y Vetagrande.

 

b) Quienes sean Titulares de las Presidencias de los Municipios integrados en la Zona A percibirán, mensualmente, el equivalente de hasta novecientas veinte cuotas de salario mínimo diario general vigente en el Estado.

  

c) Quienes sean Titulares de las Presidencias de los Municipios integrados en la Zona B percibirán, mensualmente, el equivalente de hasta seiscientas cuarenta cuotas de salario mínimo diario general vigente en el Estado.

 

d) Quienes sean Titulares de las Presidencias de los Municipios integrados en la Zona C percibirán, mensualmente, el equivalente de hasta trescientas setenta cuotas de salario mínimo diario general vigente en el Estado.

 

e) Quien sea Titular de la Sindicatura Municipal, integrante del Ayuntamiento, percibirá hasta las dos terceras partes de lo que perciba quien sea Titular de la correspondiente Presidencia Municipal y quien sea Titular de Regiduría, integrante del Ayuntamiento, percibirá hasta la mitad de lo que perciba quien sea Titular de la correspondiente Presidencia Municipal.

 

SÉPTIMO.- Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán tipificar y establecer las sanciones que se impondrán, en términos de la legislación penal, administrativa y de responsabilidades, a los servidores públicos cuya conducta tenga por finalidad contravenir o eludir lo dispuesto en las presentes disposiciones.

 

 

 

 DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado, a los dos días del mes diciembre del año dos mil diez.

SECRETARIO    DIP. ÁNGEL GERARDO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

SECRETARIA    DIP. MA. ESTHELA BELTRÁN DÍAZ