Se aplicará prisión de tres meses a tres años y multa de cincuenta a cien cuotas al que, como intermediario de un servidor público, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero formule denuncia o querella o aporte información sobre la presunta comisión de un delito o de una conducta sancionada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas