I. Toda persona que venda a los organismos oficiales descentralizados y en general a quienes el Estado encomiende esta función, productos agropecuarios que no haya producido;

 

II. El que con fines de lucro se atribuya el carácter de productor agrícola o pecuario sin serlo;

 

III. El que adquiera de los productores sus productos agropecuarios, sus cosechas o parte de éstas a precios inferiores a los de garantía que hayan sido señalados para su adquisición por los organismos oficiales o descentralizados o por las personas o instituciones a quienes el Estado haya encomendado la compra de los productos.

 

Este delito se sancionará con pena de uno a seis años de prisión y multa igual al importe de la operación efectuada.