La suspensión total o parcial de las operaciones de la persona jurídica tendrá una duración de dos meses a dos años.

 

La disolución traerá como consecuencia, la publicación de la sentencia y la cancelación de la inscripción del acta constitutiva, en su caso, en el Registro Público respectivo, procediéndose en lo demás conforme a la ley aplicable al caso.