I. La legislación en materia de seguridad pública, prevención del delito, procuración, impartición y administración de justicia, operación de las corporaciones de policía, protección civil, readaptación social y profesionalización policial, así como la relacionada con la mediación o los mecanismos alternos de solución de conflictos;

 

II. Los planes y programas de seguridad pública, orden, tranquilidad y protección jurídica de las personas, sus propiedades y derechos;

 

III. Las bases sobre las cuales deban celebrarse los convenios de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, en materia de seguridad pública y protección civil;

 

IV. Los programas tendientes al fortalecimiento del sistema de readaptación social y reinserción social de sentenciados que cumplieron la pena impuesta;

 

V. La revisión de la normatividad en relación con la prevención, persecución y sanción, de las conductas delictivas;

 

VI. La revisión de la normatividad relativa a los distintos cuerpos de seguridad pública en el ámbito de la competencia estatal; y

 

VII. La revisión del presupuesto en materia de seguridad pública y la excitativa de reformas tendientes a mejorar ésta materia.