I. La legislación en materia de desarrollo, fomento industrial y minero, que promuevan una economía integral en la entidad;

 

II. Los programas de desarrollo económico;

 

III. Las políticas y proyectos de apoyo financiero a las actividades para el desarrollo económico e industrial del Estado;

 

IV. La expedición de normas que regulen el proceso de planeación del desarrollo en el Estado y la participación de los sectores social y privado en la ejecución de acciones y programas de comercio y servicios;

 

V. De la relación con las cámaras y organismos empresariales;

 

VI. La expedición de leyes encaminadas al fomento de las actividades industriales del Estado;

 

VII. Las políticas, estudios, proyectos, planes y programas que impliquen apoyo al crecimiento económico y a las actividades industriales del Estado, sus regiones y municipios;

 

VIII. La promoción de las industrias mineras que se establezcan en el Estado, para que contraten los servicios de empresas y proveedores locales, preferentemente de los municipios o comunidades en las que se encuentren operando;

 

IX. La promoción y apoyo de la planta productiva del Estado para la creación de empleos de la población económicamente activa, así como estímulos a los generadores de empleo, y

 

X. Las bases normativas para la promoción y generación del autoempleo y el impulso a las escuelas de artes y oficios, así como las relacionadas con la constitución, organización, funcionamiento y extinción de sociedades cooperativas en los términos de la ley en la materia.