I. Sean protegidos inmediatamente cuando sufran alguna forma de explotación, abuso, discriminación, violencia, maltrato; sean víctimas de un desastre o una situación de emergencia; se vean separados de su medio familiar, a través de la Procuraduría de Protección; 

 

II. Sean provistos de todo lo que requieran para ejercer sus derechos y garantías constitucionales y para desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, a través de la Visitaduría;

 

III. Se beneficien de programas de asistencia y rehabilitación en todos los casos en que sufran menoscabo de su integridad o de su salud física o mental;

 

IV. Reciban atención especializada en todas las áreas, particularmente en las de salud, educación y capacitación para el trabajo;

 

V. Puedan moverse fácilmente por todos los espacios y servicios públicos, utilizarlos y aprovecharlos, máxime cuando tengan alguna discapacidad, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social;

 

VI. Tengan asegurada la reintegración a su familia de origen. Cuando por cualquier circunstancia estén excluidos de ella, la inserción a una familia de acogimiento pre-adoptivo para que continúen desarrollándose y gozando de sus derechos y garantías, y se dé seguimiento a su relación con el grupo familiar;

 

VII. Cuenten con la inmediata intervención de un juez competente, que realice las diligencias y emita las resoluciones tendientes a asegurar su bienestar, así como el ejercicio de sus derechos y garantías, y 

 

VIII. Tengan garantizados, tanto el derecho a la información, así como el derecho a que se les tome y respete su opinión respecto de lo que se disponga para proteger sus derechos.

 

Al diseñarse las normas jurídicas, políticas públicas y programas de gobierno, se tendrán en cuenta los principios rectores de esta Ley.