Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar libremente y a que esa opinión, de acuerdo a su edad y madurez, se tenga en cuenta cuando las personas a su cargo vayan a tomar una decisión relacionada con su vida personal, familiar, escolar o social. Las normas del Estado dispondrán lo necesario para que se respete este derecho. 

 

Es un deber de las instituciones públicas, privadas y sociales, quienes en particular, deben contar con metodologías especializadas y adecuadas a las diversas etapas de desarrollo, para recabar, valorar y tomar en cuenta las opiniones y propuestas de niñas, niños y adolescentes.

 

Este derecho implica la posibilidad de expresar su opinión, ser escuchados y tomados en cuenta respecto de los asuntos de su familia, su comunidad y su país, así como todos aquellos temas que les afecten, por lo que la familia, la sociedad y el Estado, deberán propiciar y fomentar oportunidades de participación de niñas, niños y adolescentes.

 

Las autoridades estatales y municipales, fomentarán la participación de niñas, niños y adolescentes en foros municipales, estatales, nacionales o internacionales y la creación de espacios de participación a fin de que puedan opinar, analizar, y en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas, de forma individual o colectiva, en aquellos ámbitos que no vulneren su integridad física o moral.

 

Es responsabilidad del Estado, de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas, diseñar los mecanismos que den un peso específico a la opinión de niñas, niños y adolescentes, en todos los aspectos que determinen su vida y su desarrollo, sin menoscabo del deber de cuidado y orientación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia.

 

Las autoridades estatales y municipales, a través de las áreas de comunicación social, promoverán que los medios de comunicación otorguen espacios a niñas, niños y adolescentes para expresar sus ideas y opiniones.