El Poder Judicial y el Poder Legislativo, deberán en el ámbito de sus respectivas competencias, promover políticas, programas y acciones, para prevenir, atender y erradicar la trata de personas.
La Comisión de Derechos Humanos, tiene la obligación de diseñar políticas de prevención y atención de la trata de personas tomando en consideración su competencia y atribuciones presupuestales.