I. En tres años al incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones no graves previstas en esta Ley;

 

II. En cuatro años los casos de conductas graves; y

 

III. En tres años el derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y perjuicios contados a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometida la falta administrativa, o en cuatro años, independientemente de tal circunstancia.