I. El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública;

 

II. El desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos del Estado, armonizando la interrelación de la ciudad y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso del desarrollo urbano;

 

III. La distribución equilibrada de los centros de población en el territorio de la Entidad, integrándolos en el marco del desarrollo nacional, regional, estatal y municipal;

 

IV. La adecuada interrelación socioeconómica y urbana de los centros de población del Estado;

 

V. El fomento de ciudades de dimensiones medias, a fin de evitar las que por su desproporción producen impactos económicos negativos y grave deterioro social, humano y ecológico;

 

VI. La preservación, mejoramiento y aprovechamiento adecuado del ambiente;

 

VII. La mayor participación ciudadana en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos;

 

VIII. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular;

 

IX. La promoción de obras y servicios para que los habitantes del Estado tengan una vivienda digna y decorosa;

 

X. La planeación del desarrollo urbano y la vivienda;

 

XI. La regulación de las provisiones y reservas de los centros de población;

 

XII. La zonificación y control de los usos y destinos del suelo;

 

XIII. La dotación suficiente y adecuada de infraestructura y equipamiento urbano, así como la debida prestación de los servicios públicos;

 

XIV. La protección del patrimonio natural y cultural y la imagen urbana de la Entidad;

 

XV. El control del crecimiento de los centros de población, evitando la especulación inmobiliaria y la expansión física en terrenos no aptos para el desarrollo urbano;

 

XVI. La promoción y aplicación de créditos y financiamientos para el desarrollo urbano y la vivienda;

 

XVII. La estricta aplicación de la legislación, planes y programas en materia de desarrollo urbano y vivienda;

 

XVIII. El fomento de obras y servicios por cooperación;

 

XIX. La conservación y mejoramiento del ambiente que conforma a los asentamientos humanos; y

 

XX. El impedimento para que se establezcan asentamientos humanos irregulares y fraccionamientos o condominios al margen de la Ley.