Las medidas de apremio, sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría Superior del Estado conforme a esta Ley, podrán ser impugnadas por el servidor público o por los particulares, personas físicas o morales, ante la propia Auditoría Superior del Estado, mediante el recurso de revocación o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El recurso de revocación se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de las medidas de apremio, sanciones, el pliego o resolución recurrida.