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En sesión reglamentaria de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del Estado, bajo la presidencia de la diputada Silvia Rodríguez Ruvalcaba, campeó el caso de los ex-custodios detenidos a raíz de la fuga de 53 reos del CERESO, el 16 de mayo de 2009, tras la reciente liberación de 31 de ellos, al cabo de 8 meses de reclusión.
El caso prevaleció en la sección de Asuntos Generales, una vez abordado por el diputado Feliciano Monreal Solís, quien lamentó la prolongada privación de la libertad de los vigilantes, sin previa investigación, lo que resulta anticonstitucional.
Observó que si bien fueron liberados 31, otros 20 siguen detenidos, pero persiste la pregunta sobre si son culpables o inocentes, por lo que se impone una indagatoria a fondo en torno a los hechos, incluso mediante comparecencia del secretario de Seguridad Pública.
Asimismo, se pronunció por el pago de salarios caídos para el resarcimiento económico e incluso emocional, máxime y toda vez que ni siquiera es lógico detener indiscriminadamente a todos, como sucedió en el caso de referencia.
Consecutivamente alternó el diputado Clemente Velásquez Medellín, mismo que dijo que la inseguridad prevaleciente en el país y en la entidad constituye un fenómeno delincuencial que se traduce en pérdida de confianza en las instituciones.
Tras hacer un “reconstrucción de hechos” desde la escapatoria colectiva en mayo hasta el ejercicio de la acción penal y la declaratoria de formal prisión el 17 de junio, trama que constituyó un trago amargo para los involucrados y sus familiares, inmersos en un clima de incertidumbre y sufrimiento.
Afortunadamente, para 31 ex custodios y sus familias esa etapa recién terminó, pero no así para el resto, por lo que Velásquez hizo un llamado a sus abogados para que mantengan una defensa técnica eficiente.
A su vez, el diputado Félix Vázquez Acuña dijo que persisten una serie de interrogantes, en que se precisa partir de “cero” para escudriñar caso por caso, aún de entre los liberados, así como entre los aún retenidos, quiénes son realmente inocentes y quiénes culpables, aunque en la gran mayoría se presume inocencia.
Dijo que de acuerdo al expediente, en ambos grupos existen quienes cumplían su primer día de labores, y quien aún se encontraba dormido el día y a la hora de los hechos, no obstante lo cual fueron aprehendidos y, en casos, siguen detenidos, como los hay de entre quienes se encontraban en las torres de vigilancia.
Vázquez Acuña opinó que Gobierno del Estado debe de ser acucioso en dejar a salvo los derechos laborales de los ex custodios absueltos, quienes tienen expedita la vía civil para exigir el resarcimiento tanto económico como moral. Se pronunció por que recuperen su libertad todos los inocentes.
En su oportunidad, el diputado Francisco Escobedo Villegas llamó a la reflexión a raíz de los hechos, sobre en manos de quién está la impartición de la justicia, a cuyo respecto demandó una revisión seria, pues resulta preocupante, e incluso trajo a colación en caso del ex director del CERESO, licenciado Francisco Luna Ortiz, desde su punto de vista, injustamente recluido desde 2005, a raíz de la fuga de un reo.
Dijo que no basta con un “usted disculpe”, luego de meses o años injusta prisión, y formuló un llamado a las autoridades competentes para que nunca más suceda, y que lo acontecido sirva de amarga experiencia, e incluso que se redoble el compromiso y el esfuerzo de las instancias competentes responsables.
Acotó el diputado Manuel Humberto Esparza Pérez que la investigación acuciosa al respecto debe de proseguir hasta llegar a la conclusión de quiénes son inocentes y quiénes son culpables, culpables que acaso ni siquiera están detenidos, pero a quienes debe aplicarse un castigo ejemplar, pues de lo contrario, la guerra contra la delincuencia organizada se torna aún más pesada.
Por su parte, la diputada María Luisa Sosa de la Torre lamentó la detención y retención de gente inocente, y reclamó una exhaustiva revisión a fondo del caso Cieneguillas, máxime ante el fantasma de la “corrupción” presente en el estado mexicano como un cáncer, que pone en duda a todo y a todos.
Dijo que se requiere una investigación integral, que deslinde responsabilidades, a cuyo respecto evocó que oportunamente la gobernadora Amalia García Medina había reclamado la reubicación de los reos federales hacia cárceles de esa categoría, lo que no sucedió en su momento.
Opinó la legisladora que en México se despliega una guerra contra la delincuencia organizada, pero sin estrategia, por lo que sus diversas aristas deben de someterse a exhaustiva revisión, a cuyo propósito convocó al análisis de la legislación local en la materia, para que las instituciones en general, entre ellas la legislatura, salgan del sospechosismo.
Cerró el ciclo de intervenciones el diputado Mario Alberto Ramírez Rodríguez, quien pidió que al hablar de “autoridad” y hablar de responsabilidad debe de precisarse, pues existen diversos poderes y niveles de gobierno, y en el caso, la competencia es ante todo federal, a la vez que debe reconocerse que la “corrupción” se da desde nivel nacional, y es desde ahí desde donde se debe dar la lucha.
RECLAMOS
En “asunto” previo, el diputado Mario Alberto Ramírez Rodríguez retomó el reclamo y rechazo ante el reciente incremento en los precios de los combustibles y tarifa de energía eléctrica, y demandó “alto en el alza de precios, alto a los atentados en contra de la población; alto, dijo, de una vez por todas, a los incrementos de los combustibles en México”.
Más adelante, el diputado Ramírez Rodríguez denunció el mal estado de la carretera federal en los accesos tanto norte como sur a la ciudad de Río Grande, que se encuentran en pésimas condiciones, y exigen reparación, pues incluso han provocado frecuentes accidentes con perdida de vidas. La diputada Angélica Náñez Rodríguez se sumó a “la causa”.
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