Los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo demandaron que la Auditoría Superior del Estado practique investigación contable al Palacio de las Convenciones, la Megavelaria y la Plaza Bicentenario.

 

En sesión legislativa presidida por la diputada María Hilda Ramos Martínez, la respectiva iniciativa de punto de acuerdo fue presentada en voz del diputado Jorge Luis García Hernández, a nombre de los 12 diputados del PRI, 5 del PAN y 3 del PT.

           

El planteamiento, implica “que la H Quincuagésima Legislatura gire instrucciones a la Auditoría Superior del Estado, para que de manera urgente inicie el procedimiento que audite de manera integral, las obras del Palacio de las Convenciones, la Mega Velaria y de la Plaza Bicentenario.

           

“A fin –agrega- de que se precisen los montos reales invertidos, los posibles excedentes en la conclusión de las obras, los desfases de tiempo y las constructoras que las realizan, todo ello en un plazo que no deberá exceder de 30 días naturales”.

 

           

También con relación a la Auditoría Superior del Estado, el diputado Avelardo Morales Rivas expuso solicitud para que la ASE aplique y de cuenta del resultado de un avance de la gestión financiera del primer semestre, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del municipio de Genaro Codina.

 

Entre los elementos aportados, consigna que el 11 de diciembre de 2008, la Legislatura autorizó a esa comuna a contratar un crédito hasta por 7 millones de pesos para maquinaria y equipo, así como construcciones específicas.

           

Sin embargo, el 6 de noviembre anterior, regidores y vecinos presentaron ante el Congreso denuncias contra el alcalde Otoniel Chávez Norato, con las peticiones de auditar al municipio, fincar responsabilidades, aplicar sanciones y fijar fecha para desahogar pruebas.

 

A nivel de iniciativa, la diputada Emma Lisset López Murillo se pronunció por que el Programa “70 y Más”, actualmente aplicable en localidades con un máximo de 30 mil habitantes, se haga extensivo a poblaciones de hasta 150 mil.

           

En esa perspectiva, la legisladora sugirió la modificación de las Reglas de Operación del respectivo instrumento social, que excluyen a comunidades y ciudades con mayor número de habitantes.

           

Ejemplifica en el sentido de que tan sólo en la entidad, en lugares como Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Río Grande y la propia ciudad capital, por exceder ese parámetro, sus adultos mayores se ven imposibilitados a tener acceso a los beneficios del noble programa.

           

Independientemente de la sustancial innovación, la moción incluye solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, se etiqueten los recursos suficientes que la hagan efectiva.

 

           

En otro momento de la sesión, el diputado Guillermo Huízar Carranza presentó iniciativa tendiente a la demolición del puente ubicado en la carretera Zacatecas-Fresnillo, conocido como “El Puente de la Muerte”.

El requerimiento, en modalidad de punto de acuerdo, implica que la Legislatura exhorte a la Comisión Dictaminadora de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados, proponga al Pleno “la inclusión de una partida presupuestal que permita la demolición del puente ubicado en la carretera federal Zacatecas-Fresnillo”.

           

Especifica que reconduce este tramo de carretera federal, a la correspondiente estatal que permite el acceso sur a la ciudad de Fresnillo. La partida solicitada incluiría “su inmediata reconstrucción, que a manera de acueductos, puentes o desniveles, otorguen seguridad a quienes transitan por esta importante rúa federal”.

 

           

En etapa de dictámenes financieros, las Comisiones Legislativas de Vigilancia y de Hacienda presentaron dictámenes relativos a 3 Cuentas Públicas Municipales del Ejercicio 2006, en que se fincan responsabilidades resarcitorias por más de un millón de pesos.

           

En Calera, 94 mil 002 pesos, a cubrir por José Salomé Martínez, Luis Bernardo Mares y Edgardo Ramírez Rodríguez, entonces presidente municipal, y directores de Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Social.

 

En El Plateado de Joaquín Amaro, por 271 mil 430 pesos, bajo la precedente gestión de Francisco Gálvez Romero, Silvestre Ortega Solís, Adrián Uribe Robles Rodríguez y Héctor Manuel Álvarez Leaños, en calidad de alcalde, tesorero, director de Obras Públicas y director de Desarrollo Económico y Social.

 

Finalmente, en Jalpa, responsabilidades resarcitorias por 820 mil 308 pesos, a cargo de presidente, síndico, tesorero, directores de Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Social, Francisco Javier Figueroa Flores, Elías Medina Lizalde, Andrés Viramontes García, José Alfredo Bueno Martínez y Marco Octavio Figueroa Aréchiga.

 

En punto 12 del orden del día, la Comisión Primera de Hacienda, integrada por los diputados José Refugio Medina Hernández, Laura Elena Trejo Delgado y Elías Barajas Romo, presentaron dictamen que considera procedente la solicitud del Ejecutivo para enajenar 14 hectáreas, en las inmediaciones de la nueva Ciudad de Gobierno, al norte del Cerro del Gato, para la construcción de una unidad del Instituto Politécnico Nacional.

A raíz de que las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Niñez, Juventud y Deporte emitieron dictamen favorable a iniciativa del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, para resolver la problemática social de personas indigentes que realizan actividades en la vía pública y en los cruceros viales, la moción fue aprobada.

 

Se convino en formular exhorto al Ejecutivo para que a través de DIF Estatal, de los Institutos de la Juventud y de la Mujer Zacatecana, coadyuven a resolver el problema de la indigencia y la práctica de actividades que tienen como finalidad obtener recursos económicos mediante trabajos en las principales vialidades y cruceros urbanos, en los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

 

“Gasolinera”

En un asunto que acaparó la atención de la asamblea y una nutrida participación en la vía de hechos, el diputado Rafael Candelas Salinas exhortó a las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno a través de un punto de acuerdo, para que en forma definitiva se informe que está sucediendo con el posible derrame de combustible en el puente ubicado a la altura de la gasolinera “la luz de Tampico” de la capital Zacatecana.

 

Urgió para que se tomen las medidas adecuadas, incluso la clausura del establecimiento hasta que se defina claramente que está sucediendo y evitar una tragedia de alcances inimaginables como ocurrió hace algunos años en la capital de Jalisco.      Aseguró que en éste caso, de acuerdo a diferentes Leyes como la protección civil

Estatal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, involucra a PEMEX, SEMARNAT, PROFEPA; SEDENA, Dirección de Protección Civil del Estado, Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado y la Unidad de Protección Civil del Municipio de la capital del Estado, que deberán atender el caso.

 Ironizó en el sentido de que las autoridades solo responden a los “resortes electorales”, así que los previno recordando que en Guadalajara, las autoridades en turno después de la tragedia del sector Reforma por fuga de combustible mal atendida, perdieron el gobierno local y Estatal en la siguiente elección.

 

“Ojocaliente, una vez mas”

En su oportunidad como segundo y último orador en asuntos generales, el diputado Clemente Velazquez Medellín pidió a las autoridades responsables de la seguridad pública, una mejor conducción y coordinación en sus políticas de prevención de delitos que de cómo resultado mayor eficiencia.

               

Mostró su preocupación por la detención de todos los integrantes de la Dirección de Policía Municipal de Ojocaliente, sin que haya mediado una previa investigación violando con ello derechos fundamentales y provocando incertidumbre en sus propias familias.

                

Pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que vigile se apliquen verdaderos exámenes de control y confianza, que permitan detectar a los elementos policiales que tienen vínculos con grupos delictivos, así como otorgar información oportuna a los presuntos y sus respectivos familiares.

                  

Sin más asuntos que tratar, la presidenta de la mesa directiva diputada María Hilda Ramos Martínez dio por concluida la sesión, citando para el próximo martes 17 de noviembre a las once de la mañana.

 

 

Campesinos integrantes del Barzón, encabezados por Conrado García Dávila, acudieron a la Legislatura del estado, a fin de hacer una serie de peticiones a los diputados locales.

 

El grupo fue recibido por los diputados, Avelardo Morales Rivas y Francisco Dick Neufeld, presidentes de las comisiones de Organización de Productores y Ramas de la Producción, y de Comercialización y Agroindustria respectivamente.

 

Las principales demandas de los campesinos, fueron dos: en un primer punto, la intervención de la Legislatura del Estado ante la CFE, para negociar los adeudos que se tienen con la misma, así como valorar la posibilidad de regular los cobros, ya que según los campesinos, los cobros de la Comisión Federal de Electricidad son injustos, elevados y mal aplicados.

 

Una segunda demanda consistió en instar a los involucrados en la aprobación del presupuesto destinado al campo, para que se inyecten mayores recursos a este sector, que aseguraran, está abandonado y desprotegido.

 

Los legisladores, aseguraron que comentaran sus inquietudes en sus respectivas comisiones, y si es necesario con el pleno, para que en la medida de sus posibilidades se de solución a sus planteamientos.