En Zacatecas, como en el país, la seguridad pública se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos; cada día aumentan las cifras fatídicas de homicidios, ejecuciones y encuentros armados entre las corporaciones policíacas, con quienes vienen haciendo de la delincuencia organizada, su modo de vida y procedimiento para obtener un mercado de consumo, consolidar un mercado para el tráfico de armas y hacer de la extorsión y el secuestro, la fuente de riqueza fácil, pero a la vez cruel y dolorosa, porque destroza familias, altera la vida de nuestras comunidades y afectando el tejido social.
Se ha dicho, con razón, que las manifestaciones de la violencia no son exclusivas de nuestro estado y sus municipios, y que los índices que se reflejan en Zacatecas, no son comparables a los niveles de otras entidades, cuya estadística es verdaderamente alarmante. Los ciudadanos nos han dicho que esa comparación no es suficiente.
Reconociendo los niveles de competencia y capacidad de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, de los Municipios y de organizaciones sociales, es indispensable asumir cada uno nuestra responsabilidad, coordinando esfuerzos y sumando voluntades para que las instituciones se fortalezcan en esta cruzada que es de todos los zacatecanos sin excepción.
Reconocemos los esfuerzos que se realizan, pero también debe admitirse que los resultados no han tenido ni la cobertura ni la contundencia que los Zacatecanos esperan de sus autoridades.
La Legislatura del Estado está convencida de la fortaleza de las instituciones del Estado Mexicano, y es nuestro compromiso cuidar que sigan siendo el soporte de todas las relaciones de poder para que prevalezca el estado de derecho. La reunión de trabajo que hemos llevado a cabo con el Señor Procurador Ambrosio Romero, demuestra la coincidencia entre los Poderes Públicos para sumar estrategias y acciones de reacción inmediata y combate al crimen y delincuencia organizada.
Conocemos lo delicado de la situación y la vulnerabilidad a la que estamos expuestos los zacatecanos. Entendemos que los operativos que se han llevado a cabo en los últimos días en las Ciudades de Fresnillo y Jerez, son acciones importantes, pero de magnitud menor a la dimensión del problema que se vive.
Es necesario, y así se lo hemos hecho ver al Procurador, que un compromiso que no admite dilación alguna, es avanzar en los llamados “exámenes de confianza”, que no solamente incluyan a los policías preventivos municipales, sino también a los del Estado y a quienes desde una oficina, una agencia del ministerio público o de los propios mandos superiores de la Procuraduría General, disponen de información delicada de investigaciones y de operativos.
En el caso, deben practicarse de manera permanente y periódica, pero además, que las bases de operación mixta, no dejen al azar o a la improvisación a quienes se incorporan a sus filas, sino que sea el estricto seguimiento a una trayectoria o un antecedente, la vía para este delicado desempeño.
Naturalmente que las visiones de un Congreso plural son diversas; cada Diputada y Diputado apreciamos la preocupación de nuestros representados en cada región del Estado, y cada uno atendemos al ciudadano que en su angustia, nos pide el apoyo para lograr liberar a un familiar víctima de la extorsión, del secuestro, del robo y del asesinato.
Hemos acordado con el Señor Procurador General de Justicia, reforzar las acciones de coordinación, con el compromiso de analizar conjuntamente y guardando los ámbitos de competencia de los dos poderes, las acciones emprendidas y los resultados obtenidos.
Respetamos la opinión de quienes consideran que es otra la estrategia la que debe seguirse; respetamos también a quienes con su conocimiento, capacidad y experiencia hacen señalamientos sobre insuficiencias de políticas públicas y de programas de los gobiernos federal, estatal y municipales en materia preventiva, de combate, de aplicación de sanciones y medidas de seguridad.
Expresamos como Poder Legislativo, nuestro profundo pesar y apoyo solidario a las víctimas del delito, a las familias de quienes en la batalla en contra del crimen, han perdido la vida; entregamos humildemente nuestro mas sentido pésame a quien han perdido al hijo, al hermano, al esposo o al padre.
La pérdida de una vida jamás puede justificarse, como nunca puede justificarse el arrebato de manos criminales de una vida de quien, con un uniforme defiende la de los demás, a costa de perder la propia.
Esas vidas no deben caer en el olvido, deben, por el contrario, ser recordadas permanentemente como símbolo de entrega y compromiso con la sociedad.
Señoras y Señores
Las intervenciones de las Diputadas y Diputados no se han reducido al señalamiento, a la observación o a la crítica. Compartimos una responsabilidad y existe unanimidad para impulsar, de ser el caso, las modificaciones a las disposiciones legales que se requieran, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos, a fin de que las corporaciones que orgánicamente dependen de la estructura gubernamental estatal, cuenten con el equipamiento suficiente que les permita enfrentar los embates de los delincuentes.
MUCHAS GRACIAS.
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