-Diversificación en el “Juicio Político”

-Control y ampliación de Plan Anticrisis

-Fomento a cultura de Denuncia Ciudadana

-Atención al campo o rebeldía social

 

            Sensible a la problemática contemporánea, la Comisión Permanente de la LIX Legislatura sesionó este mediodía bajo la divisa de la “transparencia” en el ejercicio público en los diversos ámbitos y niveles, aplicado el valor sin excepción ni acepción, indicios de corrupción e impunidad.

            Los trabajos correspondientes transcurrieron bajo la presidencia del diputado Ubaldo Avila Avila, flanqueado en la mesa directiva por los diputados secretarios Manuel de Jesús García Lara y Juan García Páez.

            Luego de la lista de asistencia, la declaración de “quórum legal”, lectura del acta anterior y de correspondencia, se dio lectura a solicitud del Ayuntamiento de Huanusco para contratar crédito por 500 mil pesos, para la construcción de un puente vehicular en El Zapote y la rehabilitación de la presa aledaña a la cabecera.

            Ya en la vertiente de la transparencia, el segundo secretario leyó iniciativa del diputado Manuel Humberto Esparza Pérez, enfocada al más estricto control gubernamental, supervisión y fiscalización.

            La reestructuración involucra modificaciones a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

            Se pretende evitar que las normas sean utilizadas como instrumento para incidir, influir, determinar, manipular, advertir o amenazar con castigos y sanciones por motivos

Ideológicos, en oposición a la aspiración social de armonía, justicia, libertad y equidad.

            La iniciativa promueve al Órgano Superior de Fiscalización hacia un Tribunal de Cuentas con plena autonomía y jurisdicción, como un instrumento imparcial, objetivo y profesional, en una permanente cruzada en contra de la corrupción, la discrecionalidad y la arbitrariedad.

            En términos del artículo 135 de la Carta Magna, las Legislaturas disponen hasta el 8 de mayo de 2009 como plazo para adecuar el marco normativo local, a efecto de hacer de la Auditoría Superior la instancia idónea para garantizar los principios de confiabilidad, imparcialidad, legalidad, anualidad y posterioridad.

            A la vez, se consolida un órgano de control, vigilancia y fiscalización con autonomía para ejercer de manera imparcial y profesional, atribuciones garantistas de honestidad, limpieza y eficacia administrativa, presupuestal y financiera de las entidades públicas de los niveles municipal y estatal, responsables de recaudar, administrar y ejercer recursos públicos.

            En la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se contempla que el juicio político podrá seguirse por actos u omisiones, a los siguientes funcionarios: Gobernador del Estado, diputados, auditor superior, magistrados de los tribunales diversos, procurador general de justicia, etc.

            En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se incluye entre las obligaciones y causales de responsabilidad, abstenerse de discriminar o relegar a la mujer, por su sola condición de género, en la selección, contratación o nombramiento en empleos, cargos o comisiones. Igual disposición aplica para las personas con capacidades diferentes.

 

PLANES ANTI-CRISIS

            Al conjuro de la crisis económica y financiera mundial, nacional y estatal, diversos diputados hicieron uso de la palabra en la Sección de Asuntos Generales. Así, el diputado presidente Ubaldo Avila Avila, a nombre de la Comisión Permanente avaló las iniciativas emprendidas por la gobernadora Amalia García Medina, pero se pronunció por que la actual coyuntura no se convierta en botín de nadie, sino que la Legislatura, a través de sus instancias de control y fiscalización lo eviten, con diligencia ante denuncias ciudadanas.

            El diputado Manuel de Jesús García Lara dijo que se precisan reglas claras de operación de los programas anunciados, para que no se mezclen con los procesos electorales, además de que demandó inversión agresiva para el campo, todo con transparencia y rendición de cuentas.

            En el mismo sentido, el diputado Juan García Páez consideró mínimas las medidas adoptadas, advirtió que la última expresión de la crisis es la violencia y pidió que los programas eviten sesgos político electorales.

            El diputado Elías Barajas Romo convocó a todos los órdenes de gobierno a adoptar medidas responsables a partir de sus presupuestos de egresos del año, bajo la vigilancia “con lupa” del Poder Legislativo, y a la sociedad a adoptar previsiones ante la crisis, cuyas consecuencias apenas empiezan.

            En turno propio, la diputada María Hilda Ramos Martínez dijo que las estrategias anunciadas deben aplicarse bajo criterios de universalidad hacia quienes menos tienen o se encuentran en desventaja económica y social, aunque se teme que los apoyos pudieran tener un tinte meramente electorero o político partidista, lo que no se debe de permitir.

            Adicionalmente, el diputado Miguel Alonso Reyes, en intervención propia se pronunció por que las diversas medidas no se limiten a lo ya anunciado, sino que se multipliquen mediante el recurso del ahorro, economías y planes de austeridad, con lo que se puede lograr mucho más, con énfasis en el apoyo al campo y a las familias de migrantes, en lo que coincidió el diputado Barajas, quien además propuso reunión con el secretario de Finanzas para la reasignación de recursos.

CULTURA DE LA DENUNCIA

            En el ámbito de su competencia, el diputado Clemente Velásquez Medellín, presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad, se pronunció por el impulso a la cultura de la denuncia social, como eficaz herramienta en la lucha contra grupos dedicados a la actividad delincuencial, pues son justamente los ciudadanos quienes los detectan y conocen sus movimientos, para inducir a las autoridades a tareas de investigación e inteligencia.

ALERTA CON EL CAMPO

            Correspondió cerrar el punto de Asuntos Generales al diputado Abelardo Morales Rivas, presidente de la Comisión de Organización de Productores y Ramas de la Producción, quien señaló que el plan presidencial anticrisis no incluyó al campo, y que de no atenderse adecuadamente originará manifestaciones.

            A propósito, reveló que el PRD diseñó un programa nacional de 7 puntos:  que se impulse la autosuficiencia alimentaria, se siembren más alimentos básicos, se revisen los precios de los insumos, se revisen las políticas de subsidio, se posibilite el acceso al crédito, se revisen las reglas de operación de los diferentes programas y se dé respuesta a la compleja problemática de las zonas más pobres del país.

 Agotado el orden del día, el Diputado presidente Ubaldo Ávila Ávila clausuró la sesión y convocó para el próximo martes 20 de enero en curso.