El diputado promovente, Abelardo Morales Rivas, dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Zacatecas, asegurando que uno de los principales objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-20010 del Estado de Zacatecas, es promover niveles de bienestar social para las comunidades rurales, que contribuyan a cerrar la brecha existente con relación a las condiciones de desarrollo de las ciudades.

            Por lo anterior, en su exposición de motivos señaló que desafortunadamente, a pesar de los importantes avances que se han registrado en el sector agropecuario en el estado en los últimos años, esto no ha registrado un cambio sustancial en las condiciones de vida de los pobladores del medio rural hasta la fecha.

            Igualmente aseguró que el sector agropecuario se desarrolla en la entidad con diversos problemas de tipo agro ecológico, dentro de los que destacan una precipitación promedio anual entre los 500 y 800 mm en un clima semiárido, que limita la agricultura de temporal y la de riego, la ganadería, la vegetación natural y la fauna silvestre. A ello se agregan heladas y granizadas recurrentes que suman factores de riesgo a la producción primaria, así como la erosión del suelo que afecta principalmente a la región norte del estado.

De esta forma, considera que portado lo anteriormente señalado, el desarrollo rural zacatecano, además de dirigirse al sector agropecuario, incluye una integración multi sectorial, donde el enfoque regional o territorial se muestra como un modelo adecuado para abordar los complejos problemas del medio rural y el diseño de alternativas de desarrollo que consideren todas las dimensiones que determinan el nivel de vida de la población rural.

Es por ello que para fomentar sobre bases sustentables el desarrollo del sector rural, es indispensable contar con un marco normativo moderno y debidamente actualizado, ya que una de las principales carencias en el sector rural del estado, ha sido la ausencia de una ley que permita consolidar una estrategia integral para alcanzar los grandes objetivos de la estrategia estatal en la materia, y coordinarla con los esfuerzos que desde la federación y los municipios actualmente se desarrollan.

Esta Ley, entre otras innovaciones, propone la instrumentación de políticas, programas y acciones de estado en materia rural con una visión integral, sustentable y con equidad. Establece además todo un sistema de estructuras e instrumentos de coordinación y planeación entre las autoridades del sector y las organizaciones agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria del sector social y privado rural, así como con los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación, y organismos no gubernamentales. Así mismo, contempla medidas efectivas para incrementar la productividad y la competitividad del campo, revirtiendo su descapitalización.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

DEL ESTADO DE ZACATECAS

 

            Francisco Dick Neufeld, diputado promovente de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de De Zacatecas, dio lectura a la misma, quien expuso que en el campo zacatecano se sigue “produciendo y exportando”, pero no frutos de cultivo de la tierra, sino una enorme cantidad de jornaleros, de empleados comerciales y de obreros que buscan día a día un ingreso digno para sus familias en el país del norte y otros tantos en diversas ciudades industrializadas de nuestra nación.

Aseguró que ello exige coadyuvar desde nuestra trinchera de gobierno para evitar tanto agravio y tanto abandono al sector primario de la economía; nos exige generar condiciones sociales, económicas y culturales que alienten el ánimo, la capacitación y el financiamiento de los productores campesinos.

Ya que es todavía oportuno, pensar y actuar con ideas que respeten al Ejido como organización agraria histórica y elemental, pero también que hagan posible nuevas formas de organización social para que los campesinos tengan conocimiento de las tecnologías modernas, de cómo producir mejor y sobre todo, que tengan los recursos, créditos y financiamientos oportunos y suficientes para hacer efectivos su derecho de vivir mejor, su derecho a la salud, a la educación, a una vivienda, a la seguridad jurídica y otros.

De igual forma, detalló que otro factor que se debe atender con estrategias específicas y evaluar con resultados tangibles la organización efectiva de grupos y familias de campesinos para integrar alternativas de integración que les permitan alcanzar grandes metas, por lo que exhorta en dicha iniciativa a que no se olvide que los grandes logros y las grandes empresas requieren de equipos bien estructurados y con objetivos bien definidos.

Actualmente la integración de asociaciones de producción rural o agropecuaria es una tarea cuyos resultados no son muy altos, y caminar en ése sentido es muy importante pues las normas de operación de diversos programas prevén su destino para grupos de productores legalmente constituidos, debido a que con ello los resultados pueden ser inconmensurables.

El artículo 27 de la Constitución Política de nuestro país establece como materias que corresponden en exclusiva regular a la federación: la propiedad de la tierra rural, tanto en asentamientos humanos como respecto de actividades productivas, así mismo la autoridad federal es la responsable de establecer instituciones y procedimientos para la administración de la Justicia Agraria, sin embargo, el mismo precepto en su última fracción señala el deber del Estado Nacional para regular la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización.

            Así mismo, presento a los legisladores en su iniciativa que en el contexto nacional y como resultado de un examen de tipo comparativo que se realizó con relación a la existencia de ordenamientos equivalentes al contenido de la presente iniciativa, se sabe, que tan sólo cinco entidades federativas del país han expedido una Ley en materia de Desarrollo Rural Sustentable; otras cinco entidades cuentan con una legislación semejante y el resto, veintidós estados no tienen un instrumento legislativo que de manera ordenada, compilada y sistematizada se aboque a regular y atender, desde el aspecto legislativo, el desarrollo rural sustentable.

 

 

            En la iniciativa de Punto de Acuerdo propuesta por Rafael Candelas Salinas, y leída por Emma Lisset López Murillo, en la que se exhorta al consejo directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, para que se revoque el ajuste tarifario, expone que siendo que en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, se establece como una de las principales estrategias, que los habitantes del país cuenten con agua en cantidad y calidad suficiente.

Asimismo, dentro del apartado de “Principios Básicos en el Manejo del Agua en México”, se señala que la participación organizada de los usuarios es fundamental para alcanzar los objetivos propuestos y que los gobiernos estatales tienen la obligación de apoyar financieramente las acciones de modernización en el ramo y atender la problemática de tipo social y política que se presente.

 Además se menciona en dicho Programa, que para un mejor cuidado de este recurso natural, es imprescindible que los Municipios cuenten con planes de ordenamiento territorial, basados en la disponibilidad del agua para garantizar el abasto de los centros de población. Por último, en este instrumento jurídico se señala que es indispensable que los organismos operadores instrumenten sistemas adecuados de medición, facturación y cobro, que les permita cubrir sus costos de operación y mantenimiento, además de generar recursos para renovar la infraestructura hidráulica.

Por lo anterior, en la exposición de motivos presentados en la lectura, expone el promoverte no estar de acuerdo en que los organismos operadores del agua lleven a cabo acciones para lograr lo anterior; sin embargo, no comparte la idea de que sea a través de la implementación de tarifas de agua con costos exorbitantes, como se recauden ingresos para ejecutar dichas acciones, máxime cuando la economía del país y en particular del Estado, se encuentra gravemente contraída debido a la crisis económica mundial.

Ante tal circunstancia, considera y exhorta a los legisladores a no permitir bajo ninguna circunstancia que la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, sin haber realizado un diagnóstico serio y responsable y apegándose a criterios de austeridad, como ampulosamente lo pregonan, de motu propio expida tarifas cuyo costo no se encuentra al alcance de una amplio sector de la población y que viene a lesionar aún más la ya de por sí lacerante situación que nos aqueja.

En ese orden de ideas, considera que esta alza en las tarifas del agua es inoportuna por haberse expedido en el momento menos adecuado, en virtud de que el panorama económico no es precisamente el más halagüeño. Por ello, aseguró que esta Soberanía Popular tiene la obligación de realizar las acciones que sean necesarias a efecto de evitar que se siga perjudicando a la población de los Municipios de Guadalupe, Morelos, Vetagrande y por supuesto de la Capital del Estado, los cuales comprenden la jurisdicción de la Junta Intermunicipal de Agua Potable.

En mérito de lo anterior, se propone la creación de una Comisión Especial, encargada de darle seguimiento a la reducción de las tarifas de agua potable, misma que se integraría por un diputado de cada partido político. De igual forma, se constituya una Mesa de Atención, en la que se escuche a los diversos sectores de la sociedad y a la ciudadanía en general respecto a la problemática de referencia.

También, que esta Asamblea Popular de manera respetuosa exhorte al Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, para que revoque el Ajuste Tarifario publicado en Suplemento al número 86 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al día 25 de octubre del 2008, por el que se ajustan y actualizan las tarifas de agua potable y asimismo, para que a los usuarios que incurran en mora por esta situación, no se les suspenda el servicio ni se les cobren gastos de reconexión.

 

 

 

 

 

            En lo que compete a la aprobación del dictamen presentado en la sesión anterior por la comisión de Organización de Productores y Ramas de la Producción, referente a la iniciativa de punto de acuerdo, para solicitar al ejecutivo federal se rectifique la propuesta de las nuevas reglas de operación de Procampo, que operaran del 2009 al 2012, Feliciano Monreal Solís, y Abelardo Morales Rivas, se inscribieron como oradores en lo general, pronunciándose ambos a favor.

Mientras que en lo particular, Francisco Dick Neufeld, solicito que en la parte valorativa, se regrese el dictamen a la comisión dictaminadora, para que se analice en comisiones unidas de Organización de Productores y Ramas de la Producción y Comercialización y Agroindustria.

Sin embargo, el dictamen fue aprobado en lo particular en sus términos originales con 23 votos a favor, avalando a la propuesta de Dick Neufeld 3 legisladores.