Iniciativas procedentes del Poder Judicial, en materia de justicia alternativa,    destacaron en la agenda de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en tanto que legisladores en lo particular propusieron puntos de acuerdo de impacto en el agro y, por otra parte, se dictaminaron tres cuentas públicas municipales, con responsabilidad resarcitoria en dos.

            La LIX Legislatura sesionó bajo la presidencia del diputado Feliciano Monreal Solís y estuvo por agotar el orden del día, pero a la altura del penúltimo punto, se rompió el quórum, por lo que se suspendieron los trabajos.

            Ante la inminente implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Leonor Varela Parga, remitió iniciativa de reformas y adiciones al Código Procesal Penal para el Estado.

            Expresa la exposición de motivos que la reforma que se propone no tiene otro propósito que realizar las adecuaciones al Código Procesal Penal en los aspectos que de algún modo discordaren con la Constitución General, porque el sistema oral y acusatorio es el centro de ese cuerpo normativo.

            Otro motivo más de la reforma que se propone descansa en que lo ideal de todo cuerpo normativo es que su estructura técnica y organización faciliten a los operadores jurídicos su aplicación.

            De igual manera, como ejemplo de ubicación, se tiene el capítulo relativo a justicia restaurativa, cuando en el mismo se establecen también las formas alternas de solución, lo que así debe precisarse. Los anteriores elementos, sin ser exhaustivos, dan las bases para justificar los cambios que en la iniciativa se proponen.

            Adicional e independientemente, la propia titular del Poder Judicial, Leonor Varela Parga, remitió también a la Cámara de Diputados una iniciativa de “Ley de Justicia Alternativa” del Estado de Zacatecas.

            Considera la parte introductoria que los medios alternos de solución de conflictos se constituyen como un complemento a la actividad judicial, más que una sustitución de la justicia clásica, en donde es necesario permitir que la sociedad intervenga en la solución de sus propias controversias.

            Los beneficios que ofrecen los mecanismos de justicia alternativa son, entre otros: Se presta atención a los intereses de las partes en conflicto y no solamente a sus derechos y obligaciones; tienen impacto positivo en la relación futura entre los contendientes; desaparece el juez como autoridad; los procedimientos observan mayor flexibilidad; existe celeridad y escasez de formalismos; voluntariedad, gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad y menos desgaste emocional.

AGRO-INQUIETUDES

            En iniciativa de punto de acuerdo, el diputado Abelardo Morales Rivas propuso que el Presupuesto 2009 de la Federación incluya recursos para la conservación de suelos en las cuencas dañadas por las precipitaciones pluviales.

            La moción parte de declaraciones de “desastre” y “emergencia” en los municipios de Tlaltenango, Calera, Guadalupe, Noria de Ángeles, Ojocaliente, Pinos, Trancoso, Valparaíso, Villa García, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Apozol, Tabasco, Juchipila, Villanueva, Fresnillo, Huanusco y Moyahua.

            Por otra parte, Zacatecas es una de las entidades con mayores problemas de degradación del suelo en el país, en un 91%, destacándose la erosión eólica con un 54%, seguida de la erosión hídrica en cárcavas con un 20% y la erosión hídrica laminar con un 17%.

            Las principales causas de degradación del suelo son el sobre pastoreo, con 28%,  labranza postcosecha 28%, deforestación 18% y el cambio de uso del suelo 17%.

            La iniciativa aporta rubros específicos en qué invertir los recursos solicitados para la rehabilitación de suelos, a través de bordos para cosecha de agua, presas de gaviones en todas las escurrentías, curvas a nivel con piedra acomodada, terrazas en curvas a nivel con reforestación, cortinas rompevientos, zanjas derivadoras, cabeceras de cárcavas y exclusión de áreas que permitan el desarrollo de pastos nativos.

            En otro momento, las Comisiones Unidas de Comercialización y Agroindustrias y de Organización de Productores y Ramas de la Producción dictaminaron favorablemente iniciativa de punto de acuerdo presentada en junio por la fracción parlamentaria del PRD.

            La postura sugiere exhortar al Ejecutivo Federal para que cancele el acuerdo que da a conocer el mecanismo de asignación para importar 100 mil toneladas de frijol exentas del pago de aranceles.

            Al valorar la iniciativa, la comisión de examen previo observa que el desarrollo de una Nación se sustenta entre otros aspectos, en su producción agropecuaria, en la autosuficiencia para producir y allegarse de los satisfactores más elementales para alimentar a su pueblo.

            El campo mexicano atraviesa por la peor crisis de su historia, en lo económico, social y ambiental, debido a las políticas neoliberales erróneas implementadas por los últimos tres sexenios. En los 14 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio se ha demostrado la catástrofe que ha traído consigo.

            Por otra parte, la importación de granos como el frijol, exentos del pago de aranceles, agravará la crisis del modelo dominante de producción y distribución de alimentos, lo que se reflejará en la especulación a gran escala de alimentos y en el alza injustificada de precios.

OTROS ASUNTOS

            En el apartado de Cuentas Públicas Municipales 2005, se presentaron dictámenes sobre los balances anuales correspondientes a los Ayuntamientos de Pánuco, Río Grande y Villa Hidalgo.

En los casos de los municipios de Pánuco y de Villa Hidalgo, se fincan responsabilidades “resarcitorias” por 93 mil 296 pesos 34 centavos, y en Villa Hidalgo un saldo a pagar por las autoridades de la época, por 309 mil 473 pesos más 46 centavos. Río Grande sólo ameritó responsabilidades administrativas.

El punto 12 incluía discusión y aprobación, en su caso, del dictamen referente a iniciativa que reforma y adiciona disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado, para calificar como “grave” el robo de cobre, sin derecho a libertad bajo fianza y con mayores penalidades.

Sin embargo, a punto de someter el tema a votación, se rompió el “quórum”, ante lo que el diputado presidente Feliciano Monreal Solís, declaró suspendida la sesión, que se reanudará el próximo martes.