A la Comisión que suscribe, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, que presentaron las Ciudadanas Diputadas María Luisa Sosa de la Torre, Angélica Náñez Rodríguez y Silvia Rodríguez Ruvalcaba, integrantes de la LIX Legislatura del Estado.

 

Visto y estudiado que fue el documento en cita, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno, los siguientes:

 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de fecha tres de Abril  de dos mil ocho, las Diputadas María Luisa Sosa de la Torre, Angélica Náñez Rodríguez y Silvia Rodríguez Ruvalcaba, en ejercicio de las facultades que les otorgan los artículos 60 fracción I y 65 fracción I de la Constitución Política del Estado; 24 fracción XIII, 45, 46 fracción I, 48 fracción I, 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95 fracción I, 96 y 97 fracción I y 98 del Reglamento General, presentaron Iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas.

 

 

SEGUNDO.- Mediante memorándum número 180, luego de su primera lectura en Sesión Ordinaria, la Iniciativa fue turnada a la suscrita Comisión Legislativa para su estudio y dictamen.

 

 

La Iniciativa de Ley se sustenta en la siguiente:

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

 

La igualdad entre mujeres y hombres es entonces, un principio jurídico universal; en nuestro país, al ser declarado sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, se establece en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese mismo Ordenamiento Legal, en su artículo 1° establece la prohibición de la discriminación por razón de sexo.

 

México, como parte del concierto de las naciones, ha suscrito los compromisos emanados de diversas Cumbres y Convenciones Internacionales; entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, el cual establece la obligatoriedad para los Estados Parte, de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, consagrar en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación el principio de igualdad entre mujeres y hombres y asegurar por ley y otros medios apropiados la realización práctica de ese principio. 

 

De la revisión a los últimos cuatro informes presentados por el gobierno mexicano al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se desprende que existen muchos retos por resolver en este ámbito, ya que el rezago para garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, es evidente.

 

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, sin duda ha sido un paso decisivo, pero insuficiente. La violencia de género, la feminización de la pobreza, la discriminación salarial, una mayor tasa de desempleo femenino, el creciente número de mujeres jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de toma de decisiones en el ámbito político, social, cultural y económico; muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, es una tarea en construcción, que requiere de nuevos instrumentos jurídicos.

Otros organismos e instrumentos internacionales, tales como el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, han marcado una serie de compromisos y recomendaciones que tienen la finalidad de alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio, documento en el que se establece como su tercer objetivo: Promover la Igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer.

 

El 15 de septiembre de 1995, se aprobó la Declaración de Beijing en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer; misma que establece la necesidad de un nuevo compromiso internacional, regulado a través de 13 ejes de trabajo con la finalidad de alcanzar las metas de igualdad, desarrollo y paz de las mujeres de todo el mundo; la Plataforma de Acción, emanada de la misma Conferencia, precisa la necesidad de establecer mecanismos institucionales que lleven a los países a alcanzar en los hechos las metas antes descritas.

 

Específicamente, para América Latina y el Caribe, en la Reunión celebrada en el año 2007, el denominado consenso de Quito, acordó: adoptar medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres.

 

En cumplimiento del compromiso internacional, el 5 marzo de 2007 se llevó a cabo la firma del Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que representa un esfuerzo interinstitucional en el que confluyeron representantes tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo en los órdenes del gobierno federal y estatal, cuyo objetivo es el compromiso de realizar acciones para armonizar la legislación federal y local en materia de presupuestos con perspectiva de género; el derecho a la salud integral de las mujeres; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

Dentro de la función legislativa, fue expedida la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de Agosto de 2006, la cual, sienta las bases generales para que las entidades federativas incorporen en sus sistemas normativos locales, las herramientas y mecanismos prescritos por las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, equidad de género, y erradicación de la discriminación.

 

En nuestro Estado, el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, establece la Igualdad Jurídica entre mujeres y hombres y eleva a rango constitucional, la Equidad entre los Géneros para alcanzar el desarrollo; sin embargo, según el II Conteo de Población y Vivienda el 52% de la población son mujeres, esto representa un total de 708 mil mujeres residentes en la entidad; de ellas, el 51.7% se encuentran en edad reproductiva; el 16% de las mujeres de la entidad, tiene reconocida la jefatura del hogar y en el acceso y permanencia en el ámbito educativo, es ligeramente menor la participación de las mujeres que de los hombres.

 

Del total de mujeres en edad de trabajar, solo el 41.4% es económicamente activa, mientras que el porcentaje de varones es del 80.4%, la mayoría de ellas ocupadas en el sector terciario de la economía y un 15% incorporadas al sector agrícola y ganadero. Un buen número de ellas realiza trabajo no remunerado.

 

Según datos de la ENDIREH 2006, con relación a la violencia familiar, 42% de mujeres dijeron haber vivido eventos violentos por parte de su pareja, 26 de cada cien mujeres dijeron haber sido víctimas de violencia laboral, 76.6% mencionó haber sido víctima de discriminación y 52.1% de acoso laboral. En distintas proporciones se vive violencia comunitaria, sexual e institucional.

 

Más aún, la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, no le ha garantizado reconocimiento ni mejoras en su calidad de vida; la insuficiente incorporación de los varones al ámbito privado, generan la denominada múltiple jornada de trabajo y con ello problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar de las mujeres.

 

Para revertir esta condición, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 señala como uno de sus objetivos el Desarrollo Social con Equidad, el cual se pretende lograr; entre otras estrategias y acciones, con el impulso y la coordinación para la actualización y adecuación al Sistema Estatal Normativo vigente, así como con la expedición de nuevos ordenamientos.

 

El Poder Legislativo del Estado ha reconocido la necesidad de que se construya el principio de igualdad de hecho entre mujeres y hombres; por tal motivo, el 18 de mayo del 2007 se firma la adhesión al Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres por la LVIII Legislatura del Estado y esta LIX Legislatura la ratificó en el mes de noviembre del 2007.

 

En virtud de ello, el Poder Legislativo del Estado se compromete a impulsar acciones para incorporar la perspectiva y la transversalidad de género en el Presupuesto de Egresos, mejorar la calidad de vida de las mujeres que se encuentren en situación de pobreza, armonizar la legislación estatal con los lineamientos señalados en los instrumentos internacionales que en materia de derechos de la mujer ha ratificado el Estado Mexicano, materializar y desarrollar efectivamente en los hechos, los mecanismos legislativos y administrativos de defensa de los derechos de las mujeres, y establecer vínculos de coordinación, entendimiento y cooperación entre los diferentes actores públicos, sociales y privados para dar puntual seguimiento a las acciones emprendidas en la materia.

 

Esta Iniciativa incorpora como mecanismos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, los siguientes:

 

Para llevar a cabo lo anterior, se plantea la creación de varios instrumentos efectivos:

 

1.  El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas, cuyo objetivo principal es efectuar acciones de común acuerdo entre los entes públicos que lo integran, destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres;

 

2.  El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas, cuya elaboración deberá contemplar principalmente las particularidades específicas de la desigualdad en el medio rural y en el medio urbano;

 

3.  El Modelo de Equidad de Género del Estado, como mecanismo institucional fundado en un sistema de gestión y de aplicación para el estado y los municipios, y

4. La vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres.”.

 

 

Finaliza transcripción

 

 

 MATERIA DE LA INICIATIVA.- Reglamentar el Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas.

 VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- La Iniciativa de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas, de cual las integrantes de esta Comisión Legislativa somos las promoventes, contiene principios que protegen este derecho humano.

 

Debemos aclarar que una vez analizada la iniciativa de mérito en el seno de este órgano dictaminador, encontramos que resultaba necesario ahondar en el capitulado y articulado de la Iniciativa con la finalidad de realizar algunos ajustes tanto de forma como de fondo, con el propósito de armonizar aun más, su contenido con los postulados previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado, así como de los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano. Lo anterior potencializa el contenido de las disposiciones de la Iniciativa en estudio.

 

Para ello fue necesario el estudio minucioso del artículo cuarto constitucional en el que se establece la Garantía Individual sobre la igualdad entre mujeres y hombres, y cuyo resultado analítico es un reflejo del proceso de reconocimiento interno del derecho internacional sobre derechos humanos contenidos en los diversos instrumentos internacionales en la materia.

 

Han pasado varios lustros desde que el Constituyente consideró necesario reformar el artículo 4º de nuestra Carta Magna. Desde esa fecha hasta nuestros días, hemos avanzado hacia la realización plena de esta garantía individual; sin embargo, aún y cuando se trata de un derecho universal e irrenunciable por sus características y de que es un postulado constitucional, aún no hemos alcanzado los niveles de igualdad que una sociedad requiere.

 

Las mujeres constituyen la mayoría de la población en el país. Sin su esfuerzo, imaginar un México próspero es prácticamente imposible vislumbrarlo. No obstante lo anterior, aun existen obstáculos que sortear para que las féminas se integren plenamente al desarrollo de la nación. No podemos dejar de señalar, que para muchas mujeres poder participar en los ámbitos de la vida pública y acceder a cargos tanto de elección popular como directivos, resulta toda una travesía.

 

Por ello, para las integrantes de esta Comisión de Equidad entre los Géneros, es reconfortante promover leyes que tengan por premisa un trato igualitario entre las mujeres y hombres. Nada resulta más importante que respetar el espacio de cada uno de los géneros.

 

En el año de 1974, año en que se reformó el texto constitucional federal para integrar dentro de las Garantías Individuales este derecho humano, se realizó en un contexto internacional propicio, ya que tuvo como marco los resultados de la Conferencia de Población de Bucarest y la Declaración de Naciones Unidas Sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. También tuvo como plataforma la Primera Conferencia Mundial Sobre la Mujer celebrada en este país, de la cual el año de 1975 se declaró Año Internacional de la Mujer.

 

Para algunos expertos en el tema, la igualdad entre mujeres y hombres no sólo se establece en el artículo 4º sino que también en el tercer párrafo del artículo 1º, ambos de la Ley Suprema de la Nación. En ambos o en uno sólo, lo cierto es que forma parte importante de las garantías individuales plasmadas en este código político.

 

Esta cláusula constitucional ha sido base para que a nivel federal y al interior de las entidades federativas, se promulguen leyes para proteger este derecho. La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y recientemente, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, son sólo un ejemplo de las múltiples disposiciones que se han expedido para proteger esta garantía.

 

Como lo señalamos en la Exposición de Motivos de la iniciativa en estudio, La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el principio de la no discriminación. También, fue necesario retomar el análisis de otros instrumentos internacionales que contienen disposiciones relacionadas con este importante tema, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Sobre los Derechos del Niño, son sólo un ejemplo del basto bagaje que regula este derecho fundamental.

 

Con el propósito de garantizar que los mecanismos de adelanto para las mujeres en las entidades federativas cuenten con los recursos necesarios para la incorporación de la perspectiva de género, y en cumplimiento al contenido de la fracción III del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en la que, en nuestro carácter de órgano dictaminador, surgió la necesidad de verificar la viabilidad presupuestal, por lo que fue indispensable analizar diversos dispositivos legales en materia presupuestal, llegándose a la conclusión de que en la especie fue creado el Fondo para la Perspectiva de Género. Lo anterior permitirá introducir la transversalidad de género como una estrategia para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta óptica obliga a las entidades a realizar modificaciones, entre las que se incluyen reformas a las normas que rigen el quehacer institucional. En congruencia con lo anterior, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, recursos para apoyar a las instancias de las mujeres de todas las entidades federativas, con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

 

Así las cosas, las entidades que las implementen tendrán acceso a esos recursos federales. Por tanto, sería reprobable que en un Estado con tantas carencias, dejemos que los recursos sobre este tópico no fueran ejercidos y en consecuencia se enteraran a la Tesorería de la Federación, razón por la cual, resulta de gran importancia contar con una Ley en la materia.

 

Con los recursos mencionados líneas arriba, se podrá dar cabal cumplimiento a las directrices del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Asimismo, se podrán implementar políticas de transversalidad como la Planeación de la política pública con perspectiva de género; los Presupuestos y gasto público con perspectiva de género; legislar con esa perspectiva y establecer mecanismos de estadísticas e indicados desagregados por sexo.   

 

Por todo lo anterior, resulta de gran importancia expedir un ordenamiento que coadyuve a fortalecer los lazos de igualdad entre mujeres y hombres y permita construir una sociedad más justa e igualitaria para bien de las generaciones presentes y futuras.

  

 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de Zacatecas.

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, para eliminar la discriminación de la mujer, cualquiera que sea su circunstancia o condición, tanto en el ámbito público como en el privado, a través de:

 

I.     El establecimiento de políticas públicas que contengan acciones afirmativas y a favor de las mujeres;

 

II.  La implementación de mecanismos interinstitucionales que definan las facultades y obligaciones de las autoridades competentes en el Estado en el cumplimiento de esta Ley, y

 

III.   La promoción del empoderamiento de las mujeres, en todos los ámbitos de la vida, particularmente en las esferas política, social, laboral, civil, económica y cultural.

 

Artículo 3.- Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, así como en el goce de sus derechos fundamentales y el cumplimiento de sus obligaciones. Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la equidad de género, la no discriminación por razón de sexo y todos aquellos aplicables, que estén contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, la legislación federal, la Constitución Política del Estado, y las leyes y demás disposiciones locales.

 

Artículo 4.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en el territorio del Estado, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.

 

Artículo 5.- En lo no previsto en esta Ley por razones de competencia, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación en el Estado, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Ley del Instituto para las Mujeres Zacatecanas, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

 

Artículo 6.- Las disposiciones de este ordenamiento deberán interpretarse, para efectos de su aplicación, de acuerdo a los criterios y derechos que beneficien en mayor medida a las personas en situación de desigualdad, sea cual fuere la naturaleza de ésta.

 

Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

 

I.  Instituto: Instituto para las Mujeres Zacatecanas;

 

II.  Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres.

 

III. Acciones a favor de las mujeres.- Medidas de carácter temporal adoptado a favor de las mujeres, encaminado a corregir situaciones de desigualdad de hecho respecto de los hombres y lograr la igualdad de trato y de acceso de oportunidades de las mujeres. Estas medidas serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones.

 

IV. Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la legislación, y en todas las acciones, programas, lineamientos, políticas públicas, actividades económicas administrativas y culturales, tanto en instituciones públicas como privadas en todos sus niveles; valorando las implicaciones que tienen para mujeres y hombres.

 

V.  Ente Público.- Las dependencias del Ejecutivo del Estado y demás organismos que conforman la administración pública; los órganos autónomos por ley y aquéllos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público.

 

VI. Política de Igualdad.- Política en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado.

 

VII. Sistema.- Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas.

 

VIII.  Programa.- Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

 

 IX.  Modelo de Equidad.- Modelo de Equidad de Género del Estado.

 

 

Artículo 8.- El principio de igualdad entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, especialmente las derivadas de la maternidad, las obligaciones familiares y el estado civil.

 

Artículo 9.- La discriminación por razón de sexo se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el Estado Mexicano.

 

La discriminación directa por razón de sexo es considerada como la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en razón a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación similar.

 

La discriminación indirecta por razón de sexo se presenta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja con respecto a personas del otro, sin que dicha disposición, criterio o práctica atienda a una finalidad legítima y objetiva.

 

 

Artículo 10.- La discriminación por embarazo o maternidad, es una modalidad de la discriminación por razón de sexo, que se constituye como un trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo como hecho biológico o la maternidad como hecho cultural, que trae como consecuencia un trato desigual que limita su acceso al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

 

 

Artículo 11.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres órdenes de gobierno.

 

Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema.

 

Artículo 13.- Para efectos de la coordinación interinstitucional se podrán suscribir convenios con la finalidad de:

 

I.  Fortalecer las funciones y atribuciones en materia de igualdad;

 

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública estatal y municipal;

 

III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema;

 

IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia integral en el Estado;

V.  Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil;

 

VI. Suscribir convenios con instancias nacionales e internacionales a través de la Titular del Ejecutivo del Estado en representación del Instituto;

VII. Celebrar convenios entre el Instituto y las dependencias del Ejecutivo del Estado encargadas del adelanto de las mujeres,

 

VIII. Suscribir convenios entre el Instituto y los Municipios, a través de las instancias encargadas en materia de equidad de género.

 

Artículo 14.- En la celebración de convenios, deberán tomarse en consideración los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa y presupuestaria correspondiente.

 

Articulo 15.- Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado deberán:

I. Ceñir sus actuaciones y comprometerse con la efectividad del derecho de igualdad entre mujeres y hombres;

II.  Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de políticas económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de cualquier otra índole que desarrollen, a fin de evitar la segregación de las personas por razón de su sexo;

 

III.  Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la colaboración y cooperación entre los órganos que integran el poder público, en la aplicación efectiva del derecho de igualdad entre mujeres y hombres;

 

IV. Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en los puestos de toma de decisiones;

 

V. Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación de la violencia de género, así como la discriminación por razón de sexo;

VI. Fomentar instrumentos de colaboración entre los diferentes órganos de poder, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas, para la implementación efectiva del derecho de igualdad;

VII. Fortalecer la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares;

VIII.  Asegurar el uso de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en todas las relaciones sociales;

 

 IX. Transversalizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de sexo en todas las relaciones sociales, y

 X.  Atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

 

 

 

Artículo 16.- Corresponde al Ejecutivo del Estado:

 

I.  Formular, conducir y evaluar la Política de Igualdad;

 

II.  Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política de Igualdad garantizada en esta Ley;

 

III.  Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como crear y aplicar el Programa, con los principios que esta Ley señala;

 

IV.  Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas y acciones a favor de las mujeres;

 

V.  Implementar, fortalecer, mejorar y evaluar el Modelo de Equidad;

VI.  Incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política de Igualdad, y

 

VII.  Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

 

 

 

Artículo 17.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes aplicables de la materia, corresponde a los Municipios:

 

I.  Diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas nacional y del Estado;

 

II. Coparticipar con el Ejecutivo del Estado, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

 

III.  Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y programas de desarrollo que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;

 

IV. Promover la participación social, política, cultural, económica, y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales;

 

V.  Implementar y evaluar el Modelo de Equidad a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, y

 

VI.  Elaborar los Presupuestos de Egresos de los Municipios con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento en el ámbito de su competencia de la Política de Igualdad.

 

 

Artículo 18.- La Política de Igualdad que desarrollen los entes públicos y privados en el Estado, deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural.

La Política de Igualdad que desarrollen los entes públicos, deberá considerar los siguientes lineamientos:

 

I.   Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

 

II.   Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la progresividad, la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres y hombres;

 

III.   Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres;

 

IV.   Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

V.   Establecer medidas para erradicar la violencia de género; así como, la protección de los derechos sexuales y reproductivos y sus efectos en los ámbitos público y privado;

 

VI.  Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas públicas, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico;

 

VII.   Promover políticas públicas que tengan por objeto incentivar a la iniciativa privada para fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

VIII.   Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y

 IX.   Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

 

 

 

Artículo 19.- Son instrumentos de la Política de Igualdad, los siguientes:

 

I.   El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado;

 

II.   El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado;

 

III.   El Modelo de Equidad de Género del Estado, y