INICIATIVAS
Exhorto para evitar discriminación a los adultos mayores en la expedición de licencias
La ley en Zacatecas establece restricciones en la expedición de licencias de manejo a las personas mayores de 65 años quienes deben renovar este documento de manera anual acreditando, en cada ocasión, que cuentan con las aptitudes y condiciones físicas necesarias para conducir un vehículo mediante un certificado médico integral.
No obstante, la diputada Mónica Borrego Estrada advirtió que hay denuncias de personas que apenas cumplieron 60 años y que encuentran impedimentos por parte de las autoridades, por lo que propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Alejandro Tello Cristerna a que instruya a los titulares de las áreas competentes para que eliminen estas conductas discriminatorias hacia la población adulta mayor en la expedición y renovación de licencias de manejo.
Crear la figura de la Regiduría Migrante
La diputada Lizbeth Márquez Álvarez propuso una reforma para que se reconozcan los derechos políticos de los migrantes desde la participación directa en los municipios, a través de la figura de la regiduría migrante. De esta forma, aseguró que se garantizaría la posibilidad de participación de los migrantes en los cabildos como un derecho al que deben tener acceso como cualquier zacatecano residente en la entidad.
Destacó que el municipal es el nivel más cercano de atención a la comunidad migrante y por ello insistió en que es fundamental la existencia de esta figura del regidor o la regidora migrante como una forma, además, de retribuir las aportaciones que los migrantes zacatecanos hacen en sus comunidades de origen.
Reforma a Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez leyó una iniciativa para reformar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito por lo que, en caso de ser aprobada por las y los legisladores, se enviará posteriormente al Congreso de la Unión como una iniciativa de la LXIII Legislatura de Zacatecas.
Explicó que la redacción actual de esta norma deja abierta la posibilidad para que, después de firmado un título de crédito, puedan ser llenados los demás requisitos, lo que provoca que en ocasiones las condiciones finales del préstamo y sus intereses las desconozca el suscriptor o no sean las que se convinieron inicialmente.
Por ello, el diputado agregó que el objetivo de esta reforma a la Constitución es que los ciudadanos no queden en estado de indefensión frente a leyes que pudieran ser arbitrarias, contrarias a un mejor derecho establecido en tratados o normas incluso internacionales, y que les dejaran en una desventaja jurídica.
Reforma Constitucional y de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos
El mismo diputado Francisco Javier Calzada Vázquez propuso una reforma al artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que los expendios de armas de fuego se encuentren debidamente acreditados y registrados, no sólo para un mejor control por parte de las autoridades, sino para una mayor confianza por parte de los civiles.
El legislador justificó el planteamiento al asegurar que la vigilancia permanente y la transparencia absoluta en cuanto al comercio de armas de fuego para los civiles debe ser una tarea concurrente de los tres niveles de gobierno, aunque la máxima competencia sea de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En caso de ser aprobada esta reforma también deberá ser enviada al Congreso de la Unión para que siga en ese nivel el proceso legislativo correspondiente.
Reformas al Código de Procedimientos Civiles para agilizar y mejorar la impartición de justicia
También el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presentó tres iniciativas de reforma al Código de Procedimientos Civiles del estado con el objetivo de agilizar y mejorar la impartición de justicia en este ámbito.
El legislador sostuvo que actualmente en el estado el procedimiento de justicia civil es "intrincado y tortuoso" y, en concreto, destacó que hay reglas en el desahogo de las pruebas que no dan certeza en los procesos y no responden a la realidad actual.
Por ello, presentó tres propuestas para hacer cambios en el manejo que se les da en los procedimientos civiles a la prueba de confesión judicial, a la prueba pericial y a la prueba testimonial.
Perseguir el delito de violencia familiar de manera oficiosa
A fin de establecer que el delito de violencia familiar se persiga de manera oficiosa, y para contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así como mujeres y personas adultas mayores, la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado presentó una iniciativa que reforma el artículo 254 del Código Penal del estado.
Al leer la iniciativa, la legisladora hizo también un llamado al Estado en su conjunto para que se reconozca que la violencia en los hogares es una pandemia que requiere de políticas públicas y un andamiaje jurídico que incorpore acciones con perspectiva de derechos humanos, previniendo así el abuso y la violencia en el hogar por medio del acceso efectivo a los medios de denuncia.
Fomentar la formación en ciencia, tecnología e innovación desde la educación básica
Mediante una reforma al artículo 34 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado, la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado planteó establecer que el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (Cozcyt) deberá fomentar la vocación científica y tecnológica en los zacatecanos desde edades tempranas y a lo largo de todos los niveles y modalidades educativas.
El objetivo es vincular la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con la formación académica y por tanto con los recursos humanos que en el futuro sacarán adelante a Zacatecas en estos ámbitos fundamentales.
Incluir la violencia simbólica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
También la diputada Perla Martínez Delgado presentó una iniciativa para que en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluya la violencia simbólica como uno de de los tipos de agresiones que sufren las mujeres en la entidad.
La propuesta, además, busca considerar como violencia simbólica la realización de concursos, certámenes, elecciones y/o cualquier otra forma de competencia de belleza, al tiempo que se establece la prohibición expresa para las instituciones públicas de asignar recursos, publicidad oficial, subsidios o cualquier tipo de apoyo económico o auspicio público a la celebración de estos eventos.
Consolidar las políticas de igualdad en educación, salud y medios de comunicación
Con el objetivo de que los medios de comunicación ya sean públicos o privados tengan que promover la eliminación de estereotipos sexistas y discriminatorios, e incorporen un lenguaje incluyente, la diputada Perla Martínez Delgado propuso reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado.
De igual forma, planteó que en el sistema educativo estatal y también en los programas y políticas de salud se incluyan enfoques de respeto a los derechos humanos y a la igualdad entre mujeres y hombres.
Hacer vinculatorios los resultados del plebiscito y del referéndum
La diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado propuso reformar la Ley de Participación Ciudadana del estado para hacer vinculatorios los resultados de los mecanismos de democracia participativa, es decir, del referéndum y del plebiscito.
Aseguró que actualmente no se cumplen los mandatos constitucionales porque “no puede concebirse un mecanismo de participación social, cualquiera que sea, si los resultados o las expresiones ciudadanas no se toman en cuenta, si el mandato popular del referéndum o del plebiscito no es atendido, escuchado y obedecido; carece de sentido convocar a la ciudadanía a expresarse, si esas voces no son escuchadas por quienes toman decisiones en el gobierno”.
Obligar a la ratificación por parte del Poder Legislativo de los nombramientos de tres secretarios
Con el propósito de que el Poder Legislativo tenga mayor presencia e influencia en la toma de decisiones del Ejecutivo, sin que suponga una invasión a las competencias del gobernador del estado, la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado propuso modificar la Constitución Política de la entidad al añadir un párrafo al artículo 86.
Con esta modificación, busca que los nombramientos de quienes encabezan las secretarías de Finanzas, la General de Gobierno y la de la Función Pública tengan que ser ratificados por la mayoría de las y los diputados. La legisladora sostuvo que este cambio significaría un avance sustantivo hacia un sistema semi parlamentario.
Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano obligatoria para niñas de 9 a 12 años
También la legisladora Perla Guadalupe Martínez Delgado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud y hacer obligatoria la aplicación de la vacuna del VPH a las niñas que tengan de 9 a 12 años.
La diputada destacó que Coahuila fue el primer estado en incluir esta vacuna en la cartilla básica y añadió que es fundamental dar este paso en Zacatecas debido a las cifras que hay en México de muertes de mujeres a causa de cáncer cervicouterino, con 4 mil fallecimientos cada año.
Se propone una nueva Ley de Caminos para Zacatecas
Para lograr el impulso definitivo a las políticas públicas de conservación, ampliación y modernización de la infraestructura carretera en la entidad la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado propuso una iniciativa de Ley de Caminos de la entidad.
Su objetivo es "regular lo concerniente a la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos, carreteras y puentes en el estado" y otorga a la Secretaría de Infraestructura la responsabilidad sobre la planeación, formulación y conducción de las políticas, planes y programas para el desarrollo de estas obras.
Consolidar los derechos humanos en la constitución, a una década de la reforma nacional en la materia
En el marco de la conmemoración de la primera década de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, que fue el pasado 10 de junio, la diputada Mónica Leticia Flores Mendoza propuso reformar la Constitución Política del estado para que quede establecido desde este nivel normativo el denominado test de proporcionalidad y su respectivo juicio de ponderación, tanto en relación a las metodologías de adjudicación como a la interpretación constitucional.