APROBACIONES
Respuesta a Solicitudes de Evaluación sobre Impacto Presupuestario
Considerado como un asunto de urgente y obvia resolución, se aprobó por unanimidad de la Asamblea, el Punto de Acuerdo que presentó ante el Pleno la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza, por el que se exhorta gobernador del Estado Alejandro Tello Cristerna, para que instruya a los titulares de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal, para que en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento a los lineamientos para la evaluación y estimación del impacto presupuestario de los Proyectos de Iniciativas de Ley o de Decretos que se presenten a Consideración de la Legislatura del Estado, y demás disposiciones administrativas emitidas por el Ejecutivo, den una pronta respuesta a las solicitudes de evaluación sobre impacto presupuestario que les han sido remitidas por las Comisiones Legislativas de esta Representación Popular.
La legisladora sustentó su planteamiento argumentando que el objetivo de las solicitudes, es que las iniciativas que se formulan ante esta Soberanía Popular tengan viabilidad financiera; actualmente las distintas Comisiones Legislativas deberían estar cumpliendo con sus obligaciones de estudio y dictaminación, no obstante, en el caso específico de la Comisión de Salud que preside, tiene ante sí un trabajo de dictaminación suspendido por la falta de respuesta de la Secretaría Salud a las solicitudes de impacto financiero, lo que afecta la emisión de normas que beneficien la salud pública en nuestra entidad.
Durante la discusión en lo general, la diputada Carolina Dávila Ramírez hizo uso de la tribuna para hablar a favor del Punto de Acuerdo.
Garantía en el Servicio Público
“Es una obligación proceder a una revisión minuciosa de la nómina de recursos humanos de la administración pública, para garantizar racionalidad y eficiencia e impedir duplicidad de funciones, la presencia de aviadores y la posible comisión de actos de corrupción”, expresó la diputada Mónica Borrego Estrada, quien presentó ante la Asamblea la Iniciativa de Punto de Acuerdo, a fin de exhortar al jefe del Ejecutivo Estatal para que emprenda, a través de las áreas sustantivas respectivas, los correspondientes procesos de evaluación al desempeño, de reorganización y reordenamiento de la nómina de la administración pública centralizada y descentraliza , para evitar duplicidades y dispendios, con la finalidad de garantizar servicios de calidad en beneficio de la población. Al ser considerado de urgente resolución, el Punto de Acuerdo fue aprobado con 24 votos a favor y 1 abstención.
Aseguró la legisladora que mediante un manejo eficiente de la nómina de la administración gubernamental, se garantiza el uso correcto de los recursos públicos, ofreciendo servicios de calidad a la población, y evitando duplicidad y actos de corrupción. Con esto se fortalece el principio de gobernabilidad, obligando de la misma forma a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos autónomos y a los municipios, a actuar en consecuencia, con la debida responsabilidad en la materia.
Al momento de darse la discusión en lo general del Punto de Acuerdo, la diputada Carolina Dávila Ramírez hizo uso de la voz para hablar a favor.
Programa Producción para el Bienestar
Los diputados Jesús Padilla Estrada y Armando Perales Gándara, sometieron a la consideración del Pleno, la Iniciativa de Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, canalice más recursos económicos por el orden de 442 millones 826 mil 500 pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de los subejercicios que las dependencias del Gobierno Federal y de los que habrán de registrar los gobiernos de las entidades federativas en este año fiscal por no haber hecho uso del recurso convenido en el presupuesto, a fin de que ésta los destine a la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad.
Lo anterior con el objetivo de beneficiar, a lo largo y ancho del país, a 35 mil 366 productores; 72 mil 385 predios y 442 mil 827 hectáreas, en los siguientes supuestos: a productores temporaleros con superficies de hasta 30 hectáreas en el Programa para el Bienestar; y a productores de riego con apoyo máximo de hasta 20 hectáreas; así como para los siguientes granos: maíz, frijol, arroz, trigo, trigo duro o cristalino, trigo suave o harinero, ajonjolí, alpiste, amaranto, arverjón, avena, cacahuate, calabaza pipián, canola, cártamo, cebada, chía, colza, ebo veza grano, garbanzo, girasol, haba, lenteja, mijo, piñón, sorgo y soya.
Tras considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, fueron dispensados los trámites establecidos, aprobándose el Punto de Acuerdo durante la misma sesión ordinaria con 24 votos a favor.
Reformas a la Constitución Local
Con 26 votos a favor, fue aprobado el dictamen mediante el cual se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para establecer derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Con esta aprobación, en el Artículo 26 se establece lo siguiente:
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
INICIATIVAS
Autonomía al Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Ante las y los diputados asistentes, se presentó la Iniciativa de Punto de Acuerdo propuesta por el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, que plantea exhortar al titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, con la finalidad de que lleve a cabo las gestiones administrativas pertinentes, con el objeto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, adquiera la autonomía de gestión, presupuestal y administrativa, para que despliegue con eficiencia y eficacia sus potestades en beneficio de los justiciables.
Se detalla en la exposición de motivos que es apremiante llevar a cabo una revisión a conciencia sobre las condiciones del Tribunal burocrático, y en los subsecuentes presupuestos inyectarle los recursos necesarios y suficientes para que pueda ejercer con toda oportunidad y eficiencia las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley del Servicio Civil, ello en beneficio de los justiciables, pues aseguró, es evidente la excesiva carga de trabajo y el reducido presupuesto con el que cuenta.
Limitación a Justificantes de Faltas de Legisladores
La diputada Susana Rodríguez Márquez presentó al Pleno de la Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como su Reglamento General.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva expuso que es necesario evitar el marasmo o el desinterés que conlleven a una #parálisis legislativa”.
La iniciativa tiene por objeto precisar el número de ausencias de las diputadas y diputados en un mismo periodo ordinario. Se propone que la cantidad máxima por sesión sea de cuatro solicitudes de justificación de inasistencia, puesto que apenas representa el 13.3 % del total de diputadas y diputados que integran la Asamblea, y no se pone en riesgo el Quórum Legal que por su naturaleza es de interés público.
Las justificaciones serán calificadas como procedentes por la Mesa Directiva de acuerdo a las reglas específicas señaladas en el Reglamento General, y se permitirá llamar al suplente para que asuma de inmediato las funciones y responsabilidades del diputado o diputada que por sus propias razones y justificaciones no asista ni al trabajo de Comisiones ni al Pleno de la Legislatura en un máximo de 5 ocasiones.
Reformas para determinar causas de llamado a Diputados Suplentes
Por otra parte, los diputados Jesús Padilla Estrada y Héctor Adrián Menchaca Medrano sometieron a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 56 de la Constitución Política del Estado; y el artículo 176 del Reglamento General del Poder Legislativo.
La reforma a la fracción II del artículo 56 de la Constitución Política, es para establecer que los diputados suplentes entrarán en funciones cuando los diputados propietarios hubiesen dejado de concurrir, sin causa justificada establecida en la Ley y el Reglamento de la Legislatura, a dos sesiones en el mismo periodo ordinario. La reforma al artículo 176 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, propone que los diputados o diputadas sólo podrán ausentarse a las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y a las reuniones de Comisiones, por enfermedad, circunstancias familiares o causas de fuerza mayor especificadas en el ordenamiento.
Derecho Humano a una Defensa Adecuada
Ante la necesidad de contar con defensores de oficio en materia administrativa, el diputado Raúl Ulloa Guzmán presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, por considerar que es necesario dotar al Instituto de atribuciones en materia administrativa, para poner a disposición de los servidores públicos y particulares sujetos a procedimiento, el servicio de patrocinio legal gratuito, a través de un defensor de oficio que salvaguarde el derecho a una óptima defensa legal, garantizando con ello, el derecho a la justicia y a la defensa en el Marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aseguró el legislador que el derecho humano a una defensa adecuada es sin duda un estandarte garantista en cualquier sistema de imputabilidad, por lo que es necesario el nombramiento de los Defensores de Oficio, pues en caso contrario podría ser un agravio formulado por el servidor público o particular imputado por una falta administrativa, pues se estarían violentando sus derechos humanos, lo que se equipararía en términos fácticos a una gran impunidad.
DICTÁMENES
Elección de Presidente o Presidenta de la CDHEZ
Quienes integran la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, dieron a conocer a los asistentes el dictamen respecto de la elección de presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para el periodo comprendido del 25 de junio del 2019 al 25 de junio del 2022.
La terna de candidatos para ocupar el cargo de presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas que se incluye en el cuerpo del dictamen, se integra por las personas que a continuación se enlistan: Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, Ma. de la Luz Domínguez Campos y Ángel Dávila Escareño.
Reformas al Código Familiar
Finalmente, las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Justicia, dieron a conocer el dictamen mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas, relacionadas con las actas de nacimiento y el divorcio necesario.
En el primer caso, se establece que las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas por el Oficial del Registro Civil no perderán vigencia, por lo que se podrán utilizar en la realización de trámites ante cualquier ente público o privado, siempre que se encuentren legibles y no presenten alteraciones, tachaduras o enmendaduras visibles en su contenido.
Por otra parte se establecen las reglas generales para los tipos de divorcio vigentes; continúan los artículos en los cuales se establecen las medidas provisionales en tanto se decreta un divorcio, que no solamente tienden a la protección de los divorciantes, sino que protegen las cuestiones concomitantes a esta figura jurídica, como los alimentos, bienes y relaciones paterno - materno filial.