Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Zacatecas

Nueva Ley POG 29-04-2023

Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas Número 34, el sábado 29 de abril de 2023.

TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2023.

DAVID MONREAL ÁVILA, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

DECRETO # 270

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA

RESULTANDOS:

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 16 de marzo de dos mil veintidós, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Zacatecas, que presentó el Diputado Jehú Eduí Salas Dávila, integrante de esta Soberanía Popular.

SEGUNDO. En esa misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia fue turnada, mediante memorándum 0324, a la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, para su estudio y dictamen correspondiente.

TERCERO. El proponente justificó su iniciativa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

[..]

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de Decretarse y se

DECRETA

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS

Capítulo I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés general. Tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado y Municipios de Zacatecas.

ARTÍCULO 2. La responsabilidad extracontractual del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por actividad administrativa irregular del Estado aquélla que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal, reglamentario o causa jurídica para legitimar el daño de que se trate.

No se considerarán actividades administrativas públicas irregulares las efectuadas por el Ente Público en ejercicio de un derecho tutelado, siempre y cuando se lleven a cabo en los tiempos previstos formalmente para ellos, aun cuando con éstas causare daño o perjuicio a un particular; así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento y en los casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.

ARTÍCULO 4. Son sujetos de esta Ley los Entes Públicos del Estado de Zacatecas, comprendiendo en ellos los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Estado, éste último a través de la administración centralizada y paraestatal; los organismos públicos autónomos; los municipios del Estado, a través de su administración centralizada y paramunicipal, así como cualquier otro ente público de carácter estatal o municipal.

No se considerarán actividades administrativas públicas irregulares, las realizadas por Notarios Públicos, concesionarios o cualquier otra persona física o moral que, en ejercicio de alguna patente, permiso o concesión, preste un servicio público.

ARTÍCULO 5. Los Entes Públicos que pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial del Estado, deberán proponer en su presupuesto de egresos una partida para cubrir las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar.

ARTÍCULO 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán las contenidas en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como en la Ley de Justicia Administrativa y el Código Civil, ambos del Estado de Zacatecas, además de los principios generales del derecho.

Capítulo II

Indemnizaciones

ARTÍCULO 7. Las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que sean reclamadas al Estado habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionadas con una o varias personas y ser desiguales a las que pudieran afectar al común de la población.

ARTÍCULO 8. Los Entes Públicos, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal que corresponda, deberán cubrir las erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial hasta dicha disponibilidad. En caso de que la indemnización a que se haga acreedor el particular exceda del monto disponible, deberá considerarse para cumplir en los ejercicios fiscales subsecuentes.

Los Entes Públicos podrán, previo acuerdo y ajustándose a la partida contingente, cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:

1. Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;

2. El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la responsabilidad patrimonial del estado o municipio por la actividad administrativa pública irregular determinada conforme a esta Ley, y

3. Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes, con base en los antecedentes referidos en la fracción anterior y el comportamiento del ingreso- gasto.

El procedimiento de actualización se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

El orden en el pago de indemnizaciones deberá obedecer al Registro de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial del Ente Público.

ARTÍCULO 9. Las indemnizaciones reguladas por esta Ley comprenderán, únicamente, los daños y perjuicios reales que sean consecuencia inmediata y directa de la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos.

ARTÍCULO 10. La indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante de acuerdo con las modalidades que establece esta Ley, tomando en consideración la disponibilidad presupuestal y conforme a las bases siguientes:

1. Deberá pagarse en moneda nacional;

2. Podrá convenirse su pago en especie, y

3. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo con la fecha en la que efectivamente se produjo el daño. En caso de que el daño sea de carácter continuo, la indemnización se calculará en la fecha en que haya cesado.

ARTÍCULO 11. Para determinar el monto de las indemnizaciones, además de las bases fijadas por esta Ley, se habrá de estar a los criterios establecidos por el Código Civil del Estado.

ARTÍCULO 12. Independientemente de lo previsto en el artículo que antecede, los montos también se calcularán de la siguiente forma:

1. En el caso de daños personales:

1. Corresponderá una indemnización con base en los dictámenes médicos correspondientes, conforme a lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, y

2. Además de la indemnización prevista en el inciso anterior, el reclamante o causahabiente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que, en su caso erogue, de conformidad con las previsiones establecidas en la Ley Federal del Trabajo en materia de riesgos de trabajo, y

2. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional que corresponda, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil del Estado, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante, y

3. En el caso de muerte, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil del Estado y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 13. La cantidad correspondiente a la indemnización deberá actualizarse al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución o convenio por el que se resuelve su pago, en caso de retraso, procederá, también, la actualización.

Capítulo III

Prescripción

ARTÍCULO 14. El derecho a la indemnización a la que se refiere esta Ley, prescribe en un año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el daño o perjuicio, salvo que se trate que actos de tracto sucesivo, en los cuales no se computará dicho plazo.

Cuando existan daños de carácter físico y psíquico a las personas, el plazo de prescripción será de dos años.

El plazo de la prescripción sólo se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de reclamación correspondiente.

ARTÍCULO 15. El derecho al cobro de la indemnización determinada conforme a esta Ley, se extingue por el transcurso de un año contado a partir del día en que fue exigible. Este plazo sólo se interrumpirá por cada gestión de cobro que realice el particular ante el Ente Público.

Capítulo IV

Registro de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial

ARTÍCULO 16. Los Entes Públicos, de forma individual, deberán constituir un Registro de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial.

Para el caso del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de la Función Pública será la encargada de concentrar y organizar el Registro de las dependencias de la administración centralizada y paraestatal.

ARTÍCULO 17. Los Registros tendrán por objeto llevar el seguimiento y la inscripción de las resoluciones firmes que determinen responsabilidad patrimonial a cargo de los Entes Públicos, así como los convenios derivados de la misma, a fin de que las indemnizaciones se efectúen en orden cronológico, según la fecha y hora de notificación, asignándoseles un número de folio para su control.

El Registro de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial de cada uno de los Entes Públicos será público en términos de las leyes en materia de transparencia y de protección de datos personales del Estado de Zacatecas.

Capítulo V

Procedimiento

ARTÍCULO 18. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos se iniciarán por reclamación de la parte interesada.

ARTÍCULO 19. El interesado deberá presentar por escrito su reclamación ante el Ente Público al que se atribuya la responsabilidad patrimonial. El escrito de reclamación deberá presentarse conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.

ARTÍCULO 20. La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional contencioso administrativa, no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

ARTÍCULO 21. El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la actividad administrativa irregular del Estado, deberá acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios:

1. En los casos en que la causa productora del daño sea identificable, probar fehacientemente la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado, y

2. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.

ARTÍCULO 22. La responsabilidad del Ente Público deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo.

Por su parte, al Ente Público corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que no son consecuencia de actividad administrativa irregular; que derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables, según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, que lo exoneran de la responsabilidad patrimonial exigida.

ARTÍCULO 23. Las resoluciones podrán ser impugnadas por el interesado a quien se le atribuye la responsabilidad, mediante juicio de nulidad interpuesto ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

ARTÍCULO 24. Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con los Entes Públicos del Poder Ejecutivo, a fin de dar por concluida la controversia, mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la aprobación de la Secretaría de la Función Pública, o la Secretaría de Finanzas.

En el caso de los Ayuntamientos que celebren convenio con los reclamantes afectados, para su validez este deberá ser aprobado por el cabildo, previa revisión de su Órgano Interno de Control.

Por lo que respecta a los organismos públicos autónomos, al Poder Legislativo y el Poder Judicial, los convenios que celebren con los afectados deberán ser aprobados, para su validez, por sus respectivos órganos de gobierno y administración.

ARTÍCULO 25. Las reclamaciones que sean notoriamente improcedentes, serán desechadas de plano.

Cuando se trate de reclamaciones de indemnización que sean presentadas con dolo o mala fe y resulten improcedentes, la autoridad que conozca de la reclamación sancionará al promovente con una multa de 300 a 900 Unidades de Medida y Actualización Diaria vigente.