CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Última Reforma POG 30 de noviembre de 2024 (Decreto 16)

Código publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el sábado 17 de mayo de 1986.

TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 1986

JOSE GUADALUPE CERVANTES CORONA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas a sus habitantes hago saber:

Que los CC. Diputados Secretarios de la H. Quincuagésima Primera Legislatura del Estado se han servido dirigirme el siguiente

DECRETO Núm. 241

LA H. QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.

DECRETA:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO PRIMERO

TÍTULO PRELIMINAR

DE LA APLICACIÓN DE ESTE CÓDIGO

Artículo 1.- Este Código se aplicará en todo el Estado Libre y Soberano de Zacatecas por los delitos de la competencia de los tribunales comunes perpetrados en su territorio, cualesquiera que sean la residencia o nacionalidad de los responsables.

Artículo 2.- Se aplicará asimismo: por los delitos que se inicien, preparen o cometan fuera del Estado, cuando se produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de Zacatecas, si los hechos delictuosos tienen ese carácter en la Entidad en que se ejecuten y en el Estado de Zacatecas, y siempre que no se haya sentenciado definitivamente por ellos al responsable en la localidad en que delinquió o en otro lugar.

Artículo 3.- Los delitos continuados y los permanentes, iniciados fuera del Estado y que se sigan cometiendo en éste, se perseguirán con arreglo a las leyes del mismo.

Artículo 4.- Cuando se cometa algún delito no previsto en este Código, pero sí en otra ley, se aplicará ésta, observando supletoriamente las disposiciones de este Código en lo no prevenido por aquélla.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES SOBRE DELITOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPES

Artículo 5.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

Artículo 5 Bis.- En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si:

1. Es garante del bien jurídico;

2. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, y

3. Su omisión es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo.

Es garante del bien jurídico el que:

1. Aceptó efectivamente su custodia;

2. Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza;

3. Con una actividad precedente dolosa o culposa, generó el peligro para el bien jurídico, o

4. Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 6.- Los delitos pueden ser:

1. Intencionales o dolosos, y

Fracción reformada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

2. No intencionales o culposos; y

3. …

Fracción derogada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Actúa intencionalmente o con dolo, la persona que al momento de la realización del hecho, se representa el resultado típico y quiere o acepta su realización.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Actúa no intencional o culposamente, el que realiza el hecho típico que no previó siendo previsible o previó confiando en poder evitarlo, infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

…

Párrafo derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 7.- El delito es:

1. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos;

Fracción reformada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

2. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo; y

3. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de conductas se viola el mismo precepto legal, en perjuicio de la misma persona.

Artículo 8.- La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley.

Artículo 9.- Cuando algún miembro o representante de alguna persona jurídica, o que se ostente como tal, con excepción de las instituciones estatales cometa algún delito con los medios que para tal objeto aquélla le proporcione, de modo que resulte ejecutado a su nombre, bajo su amparo o para su beneficio, el juez podrá decretar, en la sentencia, previo el juicio correspondiente y con intervención del representante legal, las penas o medidas que la ley autoriza, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas.

CAPÍTULO II

TENTATIVA

Artículo 10.- La tentativa es punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando u omitiendo, en parte o totalmente, los actos que deberían producir o evitar el resultado, si aquéllos se interrumpen o éste no acontece por causas ajenas a la voluntad del agente.

Si el sujeto desistiere espontáneamente de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna, a no ser que los actos ejecutados u omitidos constituyan por sí mismos delito.

El desistimiento del autor no beneficia a los partícipes. Para que sea válido el desistimiento de los partícipes o coautores, se requerirá que hayan neutralizado el sentido de su aportación al hecho.

Párrafo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO III

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS

Artículo 11.- Son responsables de los delitos, las personas cuya intervención sea conforme a las siguientes disposiciones:

1. Es autor directo: quien lo realice por sí;

2. Es coautor: quien lo realice conjuntamente con otro u otros autores;

3. Es autor mediato: quien lo lleve a cabo sirviéndose de otro como instrumento;

4. Es partícipe inductor: quien determine dolosamente al autor a cometerlo;

5. Es partícipe cómplice: quien dolosamente preste ayuda o auxilio al autor para su comisión, y

6. Es partícipe encubridor: quien con posterioridad a su ejecución, auxilie al autor por acuerdo anterior al delito.

La inducción y la complicidad solamente serán admisibles en los delitos dolosos.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 12.- Si varios sujetos toman parte en la realización de un delito determinado, y alguno de ellos comete un delito distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes:

1. Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal;

2. Que aquél no sea una consecuencia necesaria o natural de éste o de los medios concertados;

3. Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito; y

4. Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito; o que habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo.

CAPÍTULO IV

CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD

Artículo 13.- Son circunstancias excluyentes de responsabilidad, las siguientes:

Fe de erratas POG 17 de mayo de 1986

1. Causas de atipicidad:

1. Ausencia de conducta: La actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del sujeto activo;

2. Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate;

3. Consentimiento de la persona titular del bien jurídico tutelado o legitimada legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que se trate de un bien jurídico disponible;

2. Que tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien, y

3. Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio sobre él;

4. Error de tipo vencible que recaiga sobre algún tipo penal que no sea susceptible de configurarse culposamente, y

5. Error de tipo invencible;

2. Causas de justificación:

1. Consentimiento presunto: Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento;

2. Legítima defensa: Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquél que cause un daño, a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación; o bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión;

3. Estado de necesidad justificante: Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de afrontarlo, y

4. Ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber: La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo, y

3. Causas de inculpabilidad:

1. Error de prohibición invencible: Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta;

2. Estado de necesidad disculpante: Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

3. Inimputabilidad y acción libre en su causa: Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para, en ese estado, cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico producido en tal situación. Las acciones libres en su causa culposamente cometidas se resolverán conforme a las reglas generales de los delitos culposos.

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 68, párrafo tercero de este Código, y

4. Inexigibilidad de otra conducta: En atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 14.- Al que incurra en exceso en alguna de las causas de justificación se le impondrá la sanción correspondiente al error de prohibición vencible.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

…

Párrafo derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 15.- Las causas que excluyen la responsabilidad penal se investigarán y se harán valer, en cualquier estado del procedimiento, de oficio o a petición de parte interesada.

CAPÍTULO V

CONCURSO DE DELITOS

Artículo 16.- Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

No hay concurso cuando las acciones u omisiones constituyen un delito continuado.

CAPÍTULO VI

REINCIDENCIA

Artículo 17.- Hay reincidencia siempre que el sancionado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa otro u otros delitos:

1. Mientras esté cumpliendo su primer condena;

2. Después de haberla cumplido, si no ha transcurrido desde este cumplimiento o desde el indulto, un término igual a la prescripción de la sanción impuesta;

3. Si el responsable al perpetrar el nuevo delito se encuentra prófugo o sustraído a la acción de la justicia con relación a la primera sentencia;

4. En los demás casos que señala la ley.

La sanción impuesta o sufrida en el extranjero o en otra Entidad Federativa se tomará en cuenta si proviniere de un delito que tenga tal carácter en este Código o en alguna otra ley del Estado.

No hay reincidencia cuando el primero o el segundo delitos (sic) sea culposo y el otro intencional, o cuando ambos delitos sean culposos.

Artículo 18.- En las prevenciones del artículo anterior se comprenden los casos en que uno sólo de los delitos, o todos, queden en grado de tentativa, sea cual fuere el carácter con que intervenga el responsable.

Artículo 19.- No se aplicarán los artículos anteriores tratándose de delitos políticos, ni cuando el agente haya sido declarado inocente por revisión extraordinaria de la sentencia a que se refiere el Código de Procedimientos Penales.

TÍTULO SEGUNDO

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES

Artículo 20.- Las penas y medidas de seguridad son:

1. Prisión;

2. Confinamiento;

3. Prohibición de ir a lugar determinado o residir en él;

4. Sanción pecuniaria;

5. Decomiso y aplicación de los instrumentos y productos del delito;

6. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos;

7. Amonestación;

8. Apercibimiento;

9. Caución de no ofender;

10. Inhabilitación, suspensión o privación de derechos, oficio o profesión;

11. Inhabilitación temporal o definitiva para manejar vehículos, motores o maquinaria;

12. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos;

13. Publicación especial de sentencia;

14. Vigilancia de la policía;

15. Suspensión total o parcial de las operaciones de una persona jurídica o que se ostente como tal, o disolución de la misma;

16. Trabajo obligatorio a favor de la comunidad, y

17. Vigilancia y asistencia familiar, para personas adultas a partir de los 65 años, y

Fracción adicionada POG 6 de julio de 2013 (Decreto 627)

18. Las demás que fijen las leyes.

Las penas y medidas de seguridad se entienden impuestas en los términos y con las modalidades previstas por este Código y ejecutadas por las autoridades competentes conforme a lo dispuesto por la ley de ejecución correspondiente, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

CAPÍTULO II

PRISIÓN

Artículo 21.- La prisión consiste en la privación de la libertad, que podrá durar de tres meses a cincuenta años, y se extinguirá en los lugares o establecimientos que al efecto designe el órgano encargado de la ejecución de las sanciones.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Cuando la ley fije solamente el máximo de una pena de prisión, el término mínimo de esa pena será de tres meses.

El Estado organizará el sistema penitenciario, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción social del delincuente.

Párrafo adicionado POG 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

Artículo 22.- Los sujetos a prisión preventiva y los reos políticos, serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales.

CAPÍTULO III

CONFINAMIENTO

Artículo 23.- El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él, su duración será de tres meses a tres años. El Juez de Ejecución fijará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y necesidades del condenado. Cuando se trate de delitos políticos, la designación la hará el tribunal que dicte la sentencia.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO IV

PROHIBICIÓN DE IR A LUGAR DETERMINADO O DE RESIDIR EN EL

Artículo 24.- La prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él, sólo se aplicará en los casos expresamente establecidos en la ley y su duración no podrá exceder de cinco años.

CAPÍTULO V

SANCIÓN PECUNIARIA

Artículo 25.- La sanción pecuniaria comprende: reparación del daño y multa.

La obligación de pagar la sanción pecuniaria es preferente con respecto a cualesquiera otras contraídas con posterioridad al delito, a excepción de las referentes a alimentos y relaciones laborales.

En los casos de concurso de personas responsables a que se refiere la fracción II del artículo 11 de este Código, la reparación del daño se considerará responsabilidad solidaria y, en cuanto a la multa, el juez la fijará para cada uno de los intervenientes (sic), según su participación y condiciones económicas.

Artículo 26.- La multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado, la cual será fijada por el juez de acuerdo con el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito, y no podrá exceder de trescientas sesenta y cinco, independientemente de que se trate de delito instantáneo, permanente o continuado.

Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa, o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá substituirla, total o parcialmente, por prestación de trabajo en obras de interés social, en los términos del artículo 39.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 27.- El importe de la sanción pecuniaria se distribuirá: entre la parte ofendida y el Estado; a la primera se aplicará el importe de la reparación del daño y al segundo el de la multa.

Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la sanción pecuniaria, se cubrirá de preferencia la reparación del daño.

Fe de erratas POG 17 de mayo de 1986

Si la parte ofendida renunciare expresamente al derecho a obtener la reparación del daño, el importe de ésta se aplicará al Estado.

Los depósitos que garanticen la libertad caucional se aplicarán al pago de la sanción pecuniaria cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

Artículo 28.- La autoridad a quien corresponde el cobro de la sanción pecuniaria consistente en multa, podrá fijar plazos para el pago, en los términos siguientes:

1. Tendrá en cuenta el monto de la sanción a cubrir y la situación económica del obligado;

2. Los plazos para el pago en su conjunto, no excederán de un año;

3. El deudor otorgará, al solicitar plazos para el pago, caución bastante en términos del Código Fiscal del Estado.

Artículo 29.- El cobro de la sanción pecuniaria a que se refiere el artículo anterior, se hará efectivo por las oficinas rentísticas mediante el ejercicio de la facultad económico-coactiva y conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado.

Si no alcanza a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del sentenciado o con el producto de su trabajo en la prisión, el reo liberado seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que falte.

Artículo 30.- La reparación del daño que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar el ofendido, sus derechohabientes o su representante, en los términos que el Código Adjetivo Penal aplicable establezca.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

El monto de la reparación del daño será fijado por el juez según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso o en ejecución de sentencia.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Cuando la reparación del daño deba exigirse a tercero, se tramitará en los términos que fije el Código Adjetivo Penal aplicable.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

La responsabilidad relativa a la reparación del daño, será igual en los delitos culposos que en los intencionales.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 31.- La reparación del daño comprende:

1. La restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos, o, en su defecto, el pago del precio correspondiente;

2. El resarcimiento del daño material y moral causados, así como la indemnización del perjuicio ocasionado, será oportuno, pleno, diferenciado, transformador, integral y efectivo de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas e incluirá atención médica y psicoterapéutica, así como los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima como consecuencia del delito. En cuanto al daño moral, el juzgador no podrá absolver al sentenciado de su reparación si ha emitido sentencia condenatoria;

Fracción reformada POG 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

3. Tratándose de los delitos comprendidos en el Título Octavo del Libro Segundo de este Código, la reparación del daño abarcará la restitución de la cosa o su valor y, además, hasta dos tantos del valor de la cosa o de los bienes obtenidos por el delito.

4. Tratándose de los delitos comprendidos en el Título Vigésimo Cuarto del Libro Segundo de este Código, la reparación del daño abarcará la realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito.

Fracción adicionada POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Si la cosa o productos se hallaren en poder de terceros, se observará lo dispuesto por el Código Civil sobre posesión de buena o mala fe.

En aquellos delitos cometidos en contra de la integridad sexual de las personas y la familia, el Juez no podrá absolver al pago de la reparación del daño.

Párrafo adicionado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 32.- Los terceros están obligados a reparar el daño, si son:

1. Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallen bajo su patria potestad;

2. Los tutores o los custodios por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad;

3. Los directores de internados, colegios o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de dieciocho años, por los delitos que ejecuten durante el tiempo que estén bajo el cuidado de aquéllos;

Fracción reformada POG 5 de julio de 1997 (Decreto 179)

4. Los dueños, empresarios o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles o industriales de cualquiera especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio;

5. Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan.

Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues en todo caso, cada cónyuge responderá con sus propios bienes o con la parte que le corresponda, por el daño que cause.

6. Los dueños de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos o substancias peligrosas, por los delitos que, en ocasión de su tenencia, custodia o uso, cometan las personas que los manejan o tienen a su cargo; y

7. El Estado, subsidiariamente, por sus funcionarios y empleados.

Artículo 33.- Quien se considere con derecho al pago de la reparación del daño, que no pueda obtener del juez penal, en virtud de no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, sobreseimiento, suspensión del procedimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente.

Artículo 34.- Cuando el daño que se cause al ofendido produzca su muerte, el monto de la indemnización por reparación del daño se fijará aplicando las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de la víctima y tomando como base la utilidad o salario que hubiese percibido; si la víctima no percibía utilidad o salario o no pudiere determinarse éste, el monto de la indemnización se fijará tomando como base el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414); 11 de enero de 2014 (Decreto 24) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Si el daño produce incapacidad total o parcial, permanente o temporal, el monto de la indemnización se fijará de acuerdo con las tablas que para esta clase de incapacidades establece la Ley Federal del Trabajo, siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 35.- La reparación del daño en los casos de los delitos comprendidos en el Título Décimo Segundo de este Código, comprenderá el pago de todo tipo de gastos derivados de tratamientos médicos y psicológicos que requiera la persona ofendida, por todo el tiempo que éstos sean necesarios a juicio de peritos; sin perjuicio o complementariamente a los previstos en el artículo 31 de este Código.

Cuando a consecuencia de la comisión del delito de violación resulten hijos, la reparación del daño comprenderá, además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, sin que por este concepto el obligado adquiera ningún derecho sobre los mismos. Este último concepto se pagará en la forma y términos que establece el Código Familiar.

Artículo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143) y 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

CAPÍTULO VI

DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS Y PRODUCTOS DEL DELITO

Artículo 36.- El decomiso consiste en la aplicación a favor del Gobierno del Estado, de los instrumentos, objetos o productos de los delitos no contemplados en la Ley de Extinción de Dominio, en los términos del presente Código.

Si son de uso lícito, se decomisarán sólo cuando el sujeto haya sido condenado por delito doloso; si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando éste haya tenido conocimiento de su utilización para la comisión del delito y no lo denunció o no hizo cuanto estaba de su parte para impedirlo.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 37.-

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 1 de julio de 2015 (Decreto 332)

Artículo 38.-

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 1 de julio de 2015 (Decreto 332)

CAPÍTULO VII

TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD

Artículo 39.- El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados, en obras públicas, instituciones públicas educativas o de asistencia social públicas o privadas. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. Podrá imponerse como pena única o como sustitutiva de la pena de prisión o de la multa, en su caso.

Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad. La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Por ningún motivo se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el condenado.

Artículo 39 Bis.- Tratándose de delitos contra el medio ambiente, los trabajos a favor de la comunidad consistirán en actividades relacionadas con la protección, restauración, mejoramiento del ambiente y la conservación de los recursos naturales.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPITULO VIII

AMONESTACIÓN

Artículo 40.- La amonestación consiste en la advertencia que el juez siempre deberá hacer al sentenciado, en diligencia formal, explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y previniéndolo de las sanciones que se le impondrían en caso de reincidencia. La amonestación se hará en privado o públicamente, a juicio del juez.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO IX

APERCIBIMIENTO Y CAUCIÓN DE NO OFENDER

Artículo 41.- El apercibimiento consiste en la conminación que el juez hace a la persona, cuando se teme con fundamento que está en disposición de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas, de que en caso de cometer el que se propone u otro semejante, será considerado como reincidente.

Artículo 42.- Cuando los jueces estimen que no es suficiente el apercibimiento, exigirán además al acusado, una caución de no ofender.

Esta consistirá en hipoteca, depósito o fianza por el tiempo que se le fije, para garantizar el compromiso del acusado de que no cometerá el delito que se proponía, ni otro semejante, apercibido de que si quebrantare su promesa, además de la citada agravación por considerarlo reincidente por los hechos que ejecutare, perderá la caución que debe otorgar.

Si no se otorgare la caución en el término señalado, se hará uso de los medios de apremio que señale el Código Adjetivo Penal aplicable, y, agotados éstos sin resultado, se dará vista al Agente de Ministerio Público que corresponda para los efectos legales de su competencia, salvo que el sentenciado acredite que no puede otorgar la garantía, pues en este caso el juez la sustituirá por vigilancia de la policía.

Párrafo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83), y 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO X

PRIVACIÓN, INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN DE DERECHOS, OFICIO O PROFESIÓN, E INHABILITACIÓN, DESTITUCIÓN O SUSPENSIÓN DE FUNCIONES O EMPLEOS

Artículo 43.- La suspensión y la privación de los derechos, oficio o profesión y las de manejar vehículos, motores o maquinaria, así como la inhabilitación para ejercerlos, procederá en los casos expresamente señalados por este Código o leyes relativas.

Lo prevenido en el párrafo anterior, se observará también para la suspensión o destitución en las funciones y en los empleos.

Artículo 44.- La suspensión de derechos es de dos clases:

1. La que por ministerio de la ley resulta de una sanción como consecuencia necesaria de ésta, y

2. La que por sentencia formal se impone como sanción.

En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que es consecuencia.

En el segundo caso:

1. Cuando la suspensión se imponga sin ir acompañada de otra sanción, se empezará a contar desde que cause ejecutoria el fallo, comprendiendo todo el lapso fijado, que será de tres meses a quince años;

2. Si la suspensión se impone con sanción privativa de libertad, comenzará al terminar ésta y su duración será la señalada en la sentencia.

Artículo 45.- La sanción de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutor, curador, apoderado, albacea, perito, depositario, interventor judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ausentes.

CAPÍTULO XI

PUBLICACIÓN ESPECIAL DE SENTENCIA

Artículo 46.- La publicación especial de sentencia impuesta por el juez, consiste en la inserción total o parcial de ella, en uno o dos periódicos que circulen en la Entidad. El juez escogerá los periódicos y resolverá la forma en que deba hacerse la publicación.

La publicación de la sentencia se hará a costa del delincuente, del ofendido, si éste lo solicitare, o del Estado si el juez lo estima necesario.

Artículo 47.- El juez podrá, a petición y a costa del ofendido, ordenar la publicación de la sentencia en Entidad diferente o en algún otro periódico.

Artículo 48.- La publicación de sentencia se ordenará igualmente a título de reparación y a petición del interesado, cuando éste fuere absuelto.

Artículo 49.- Si el delito por el que se impuso la publicación de sentencia fue cometido por medio de la prensa, además de la publicación a que se refieren los artículos anteriores, se hará también en el periódico empleado para cometer el delito, con el mismo tipo de letra, igual color de tinta y en el mismo lugar.

CAPÍTULO XII

SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES O DISOLUCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 50.- Las personas jurídicas que incurran en responsabilidad en términos del artículo 9 de este Código, serán objeto de suspensión o disolución a juicio del juez.

La suspensión total o parcial de las operaciones de la persona jurídica tendrá una duración de dos meses a dos años.

La disolución traerá como consecuencia, la publicación de la sentencia y la cancelación de la inscripción del acta constitutiva, en su caso, en el Registro Público respectivo, procediéndose en lo demás conforme a la ley aplicable al caso.

CAPÍTULO XIII

VIGILANCIA Y ASISTENCIA FAMILIAR.

Capítulo adicionado POG 6 de julio de 2013 (Decreto 627)

Artículo 50 Bis.- La vigilancia y asistencia familiar para las personas de 65 años o más, consiste en la medida de seguridad alternativa a la sanción de prisión, para que integrantes o miembros de la familia del adulto declarado culpable de delito, provean y actúen bajo su responsabilidad y por sus medios, en la vigilancia, la custodia, la asistencia y el tratamiento, referente a las enfermedades crónicas o incurables que el sentenciado padezca, o la pérdida o involución de sus facultades físicas o mentales.

La aplicación de esta medida se hará conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 76 BIS. del presente Código.

Artículo adicionado POG 6 de julio de 2013 (Decreto 627)

TÍTULO TERCERO

APLICACIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES

Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiares del delincuente y las demás señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 52.- En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta:

1. La naturaleza de la acción u omisión, de los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño causado y del peligro corrido;

2. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas;

3. Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito y los demás antecedentes o condiciones personales que estén comprobados, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que demuestren el mayor o menor grado de culpabilidad del delincuente.

El juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima, y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

Artículo 53.- No es imputable al acusado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias particulares del ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito.

Artículo 54.- Las circunstancias calificativas o modificativas de la sanción penal que tienen relación con el hecho u omisión sancionados, aprovechan o perjudican a todos los que intervengan, en cualquier grado, en la comisión de un delito.

Artículo 55.- Las circunstancias personales de algunos de los delincuentes, cuando sean elemento constitutivo, modificativo o calificativo del delito, sólo perjudican a los que lo cometen con conocimiento de ellas.

Artículo 56.- Cuando entre la perpetración del delito y la sentencia irrevocable que se pronuncie, se promulgue una o más leyes que disminuyan la sanción específica establecida en la ley vigente al cometerse el delito o la sustituyan con otra menor, o de inferior categoría, se aplicará la nueva ley.

Cuando pronunciada una sentencia irrevocable en que se hubiera impuesto una sanción privativa de la libertad, se pusiere en vigor una ley que, dejando subsistente la sanción señalada al delito, sólo disminuya su duración, si el reo lo pidiere y se hallare en el caso de la nueva ley, el Juez de Ejecución reducirá la sanción impuesta en la misma proporción en que estén el mínimo y el máximo de la señalada en la ley anterior y de la señalada en la posterior.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 57.- Cuando una ley quite a un hecho u omisión el carácter de delito que otra ley le daba, se pondrá en absoluta libertad a quienes se esté procesando o juzgando, y a los condenados que se hallen cumpliendo o vayan a cumplir sus condenas, y cesarán de derecho todos los efectos que éstas y los procesos debieran producir en lo futuro.

Artículo 58.- Cuando un mismo hecho aparezca regulado por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general, la de mayor alcance absorberá a la de menor amplitud y la principal excluirá a la secundaria.

Artículo 58 Bis.- Para el partícipe cómplice y partícipe encubridor, a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 11 de este Código, la penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo y del máximo de las penas o medidas de seguridad previstas para el delito cometido, de acuerdo con la modalidad respectiva.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 58 Ter.- En caso de que sea vencible el error de tipo, a que se refiere el artículo 13 de este Código, la penalidad será la del delito culposo, si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización.

En caso de que sea vencible el error de prohibición, a que se refiere el artículo señalado en el párrafo anterior, la penalidad será de una tercera parte del mínimo y del máximo del delito que se trate.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO II

SANCIONES APLICABLES A LOS DELITOS CULPOSOS

Capítulo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 59.- Los delitos de culpa, se sancionarán con prisión de seis meses a ocho años, multa de cien a doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, sin exceder de la mitad en su mínimo y máximo de la que correspondería si el delito hubiera sido intencional. Las demás penas o medidas de seguridad se aplicarán hasta en la mitad en su mínimo y máximo de las correspondientes al delito intencional en cuantía y duración.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

…

Párrafo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposas y con motivo del tránsito de vehículos que presten un servicio público, al público o escolar, se causen homicidios o lesiones, se perseguirán de oficio. Además, el juez al momento de dictar sentencia en caso de culpa grave, podrá aumentar hasta en una cuarta parte más en su mínimo y máximo las sanciones previstas en este artículo.

Párrafo adicionado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 84); reformado 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 60.-

Párrafo derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Siempre que al delito intencional corresponda sanción alternativa que incluya una no privativa de libertad, aprovechará esta situación al responsable por culpa.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 60 Bis.- Los delitos culposos solamente serán punibles en los casos expresamente determinados por la ley.

Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes:

1. Homicidio, a que se refiere el artículo 293;

2. Lesiones, a que se refiere el artículo 285;

3. Derogada;

Fracción Derogada POG 30-11-2024 (Decreto 16)

4. Peligro de contagio, a que se refiere el artículo 173;

5. Daños, a que se refiere el artículo 349;

6. Ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, a que se se (sic) refiere el artículo 193 fracción V;

7. Evasión de presos, a que se refiere el artículo 133;

8. Responsabilidad médica, a que se refiere el artículo 212, y

9. Los demás casos contemplados específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 61.-

Artículo derogado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 84)

Artículo 62.- Para la calificación de la gravedad de la culpa, el juez deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 52 y las especiales siguientes:

1. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó;

2. Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinarias y conocimientos comunes en algún arte o ciencia;

3. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;

4. Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios;

5. Tratándose de delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos y del manejo de motores o maquinaria, el estado del equipo, vías de comunicación, autorizaciones para su manejo y demás condiciones de funcionamiento mecánico.

Artículo 63.- Cuando por culpa se origine únicamente daño en las cosas, se perseguirá por querella necesaria, cualquiera que sea su valor, sea o no con motivo de tránsito de vehículos y se sancionará con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, además de la reparación del daño.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

…

Párrafo derogado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 84)

Artículo 64.- No se impondrá pena alguna al que cause homicidio, lesiones o daño en las cosas, por actos u omisiones culposas, a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina, concubinario o cuando entre el agente y el pasivo exista relación de pareja permanente, salvo que el agente se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien, que se diere a la fuga y no auxilie a la víctima.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO III

SANCIÓN PARA LA TENTATIVA

Artículo 65.- Al responsable de tentativa se le aplicará de dos terceras partes del mínimo a dos terceras partes del máximo de la sanción señalada en la ley al delito que se pretendió consumar.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Para imponer la sanción de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la culpabilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.

CAPÍTULO IV

SANCIONES EN LOS CASOS DE CONCURSO DE DELITOS

Artículo 66.- En caso de concurso real se impondrá la sanción correspondiente al delito que merezca pena mayor, la que podrá aumentarse hasta la suma de las sanciones de los demás delitos, sin que pueda exceder de cincuenta años si es la de prisión. Por lo que se refiere a las otras sanciones, dicha suma no podrá exceder de los máximos establecidos para cada una de ellas.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 67.- En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos, sin que pueda exceder de los máximos señalados en el Título Segundo del Libro Primero del presente Código.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO V

TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES EN INTERNAMIENTO O EN LIBERTAD

Artículo 68.- En el caso de que los inimputables, a que se refiere el artículo 13 de este Código, requieran de tratamiento, el juzgador dispondrá la medida de tratamiento aplicable en internamiento o en libertad, previo el procedimiento correspondiente.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento, durante el tiempo necesario para su curación.

En los casos de imputabilidad disminuida, se le impondrá al sujeto activo, de una a dos terceras partes de la sanción correspondiente.

Párrafo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 69.- En ningún caso la medida de tratamiento impuesta por el juez penal excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena aplicable al delito. Si concluido este tiempo, la autoridad ejecutora considera que el sujeto continúa necesitando el tratamiento, lo pondrá a disposición de las autoridades para que procedan conforme a las leyes aplicables.

Artículo 70.- Las personas inimputables a que se refiere el artículo 68, podrán ser entregadas por la autoridad judicial o ejecutora, en su caso a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellas, siempre que se obliguen a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquier medio y a satisfacción de las mencionadas autoridades, el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

La autoridad ejecutora podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida, en forma provisional o definitiva, considerando las necesidades del tratamiento, las que se acreditarán mediante revisiones periódicas, con la frecuencia y características que el caso requiera.

CAPÍTULO VI

MEDIDAS TUTELARES PARA MENORES

Artículo 71.- Los menores de dieciocho años que cometan infracciones a las leyes penales, quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley de la materia.

Artículo reformado POG 5 de julio de 1997 (Decreto 179)

CAPÍTULO VII

CONMUTACIÓN DE SANCIONES

Artículo 72.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 73.- Los jueces, apreciando las circunstancias personales del culpable, los móviles de su conducta, así como las demás circunstancias del hecho, según lo dispuesto por los artículos 51 y 52, podrán, a su prudente arbitrio, sustituir la sanción de prisión que debiera imponerse, cuando ésta no exceda de dos años, y se pague o se garantice la reparación de los daños causados, por la de multa o trabajo en favor de la comunidad.

Tratándose de multa conmutativa de la pena de prisión, la equivalencia será hasta de una cuota, por un día de prisión, tomando en consideración las condiciones económicas del sentenciado. La conmutación no exime de la obligación de reparación del daño.

Párrafo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83)

La conmutación de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.

Artículo reformado POG 19 de mayo de 1999 (Decreto 56)

Artículo 74.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para el disfrute de la conmutación de la sanción y que por inadvertencia de su parte o del juzgador no le hubiere sido otorgada, podrá promover ante éste que se le conceda en los términos de la Ley de Ejecución de Sanciones aplicable.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 75.- Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las circunstancias de la sanción que le fue impuesta, por ser incompatible con su edad, salud o constitución física, el Juez de Ejecución podrá dictaminar las medidas pertinentes, siempre que éstas no afecten la naturaleza de la sanción.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 76.- El Ejecutivo o el juez, en su caso, dejarán sin efecto la conmutación o sustitución y ordenará que se ejecute la pena impuesta, cuando:

1. El sentenciado no cumpla las condiciones que le fueren señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de que si incurre en nueva falta, se hará efectiva la pena sustituida, o

2. Al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es culposo, el juez resolverá si se debe aplicar la pena de prisión sustituida.

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena sustitutiva.

CAPÍTULO VIII

LA VIGILANCIA Y LA ASISTENCIA FAMILIAR ALTERNATIVAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS

Capítulo adicionado POG 6 de julio de 2013 (Decreto 627)

Artículo 76 Bis.- La vigilancia y asistencia familiar a que se refiere el artículo 50 Bis, se aplicará en los casos de personas que al ser declaradas penalmente responsables cuenten con la edad de 65 años o más, siempre y cuando concurran las siguientes condiciones:

1. Que no se trate de reincidentes;

2. Que durante el procedimiento haya quedado acreditado el padecimiento de una enfermedad crónica o incurable que requiera tratamiento médico permanente, o denote pérdida de capacidades físicas o mentales;

3. Que integrantes o miembros de la familia del sentenciado, así identificados y reconocidos judicialmente, se comprometan expresa y formalmente a la vigilancia y la asistencia de aquél; siempre y cuando el compromiso lo expresen hasta antes de los alegatos de clausura del juicio, o de las conclusiones finales de las partes, previas al fallo, y

4. Que no se trate de las conductas previstas y sancionadas por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de éstos Delitos, reglamentarias de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de alguno o varios de los siguientes previstos en el presente Código:

Inciso reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

1. Facilitación delictiva, contenido en el artículo 141 Ter.

2. Terrorismo, determinado en los artículos 169 y 170.

3. Corrupción de menores, definido en los artículos 181, 181 Bis y 182.

4. Pornografía infantil, en los casos de las fracciones I y IV del artículo 183.

5. …

Numeral derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

6. Violación equiparada, conforme las fracciones I y II del artículo 237, y los casos de agravante del delito dispuestos en las cuatro fracciones del artículo 237 Bis.

7. …

Numeral derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

8. Homicidio doloso calificado, en los términos de los artículos 293 con relación al 299 y al 301.

9. Parricidio, asentado en el artículo 306.

10. Feminicidio, previsto en el artículo 309 Bis.

Si al momento de la sentencia firme el adulto no ha justificado los requisitos de los incisos a), b) y c), podrá justificarlos ante el Juez de Ejecución, a fin de que de manera inmediata se le conmute la pena de prisión observando en lo conducente lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

La vigilancia familiar tendrá la misma duración que la sanción de prisión que correspondería o que haya sido impuesta, y en las condiciones que determine el Juez de la Causa o, en su caso, el Juez de Ejecución, sin perjuicio de las modificaciones de tiempo y forma que procedieran conforme lo establecido en el artículo 132 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

Artículo adicionado POG 6 de julio de 2013 (Decreto 627)

TÍTULO CUARTO

CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I

Capítulo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 77.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 78.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

CAPÍTULO II

Capítulo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 79.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 80.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 81.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

CAPITULO III

Capítulo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 82.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 83.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 84.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

Artículo 85.-

Artículo derogado POG 10 de julio de 1993 (Decreto 27)

CAPÍTULO IV

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA CONDENA

Artículo 86.- Queda al prudente arbitrio del juez o tribunal suspender la ejecución de las sanciones impuestas al tiempo de pronunciarse la sentencia definitiva, de acuerdo con las siguientes limitaciones:

1. Podrá suspenderse a petición de parte o de oficio la ejecución de las sanciones privativas de libertad que no excedan de cuatro años si concurren estas condiciones:

Párrafo reformado POG 19 de mayo de 1999 (Decreto 56)

1. Que no se trate de reincidente;

Inciso reformado POG 19 de mayo de 1999 (Decreto 56)

2. Que no existan circunstancias que evidencien que cometerá nuevo delito;

3. Que haya observado buena conducta;

4. Que tenga modo honesto de vivir;

5. Que no se trate de la comisión de alguno de los delitos previstos en el Libro Segundo, título octavo y primer capítulo del título noveno de este Código;

Inciso reformado POG 19 de mayo de 1999 (Decreto 56)

6. Que otorgue caución por la cantidad que fije el juez, para garantizar que se presentará ante la autoridad siempre que fuere requerido, y que cubrirá la reparación del daño si fue o fuere condenado a ella.

La resolución que concede este beneficio se cumplimentará desde luego, a reserva de lo que se resuelva en el recurso que contra ella se interpusiere;

2. La suspensión condicional de la ejecución de las penas, tendrá una duración igual a la de la pena de prisión suspendida. Transcurrido el término respectivo se considerará extinguida. Si durante este lapso el sentenciado diere lugar a un nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, se harán efectivas ambas sentencias si el nuevo delito fuere doloso;

Fracción reformada POG 19 de mayo de 1999 (Decreto 56)

3. La suspensión comprenderá no solamente la sanción privativa de la libertad, sino las demás que se hayan impuesto al delincuente; pero éste quedará obligado, en todo caso, a la reparación del daño;

4. A los delincuentes a quienes se conceda el beneficio de la suspensión condicional se les hará saber lo dispuesto en las fracciones II y III de este artículo, lo que se asentará por diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en su caso, la aplicación de lo prevenido en las mismas;

5. Los reos que disfruten del beneficio de la suspensión condicional quedarán sujetos a la vigilancia del Ministerio Público;

6. La obligación contraída por el fiador conforme al inciso f) de la fracción I de este artículo, concluirá transcurrido que sea el término que establece la fracción II siempre que el delincuente no diere lugar a un nuevo proceso, o cuando en éste se pronuncie sentencia absolutoria que cause estado;

Fracción reformada POG 19 de mayo de 1999 (Decreto 56)

7. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los expondrá al juez a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al reo que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo efectúa.

En caso de muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el reo a poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresan en el párrafo que antecede.

TÍTULO QUINTO

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

CAPÍTULO I

MUERTE DEL DELINCUENTE

Artículo 87.- La muerte del delincuente extingue la acción penal, así como las sanciones que se hubieren impuesto, a excepción de la reparación del daño y la de decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que sean efecto u objeto del mismo, salvo las excepciones que establezcan las leyes.

CAPÍTULO II

AMNISTÍA

Artículo 88.- La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dicte concediéndola, y si no se expresa, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito.

CAPÍTULO III

PERDÓN DEL OFENDIDO O LEGITIMADO PARA OTORGARLO

Artículo 89.- El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la acción penal respecto de los delitos que solamente pueden perseguirse por querella, siempre que se conceda antes de pronunciarse sentencia ejecutoria y el reo no se oponga a su otorgamiento.

Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón sólo surtirá efectos respecto de quien lo otorga.

El perdón sólo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga, a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiesen obtenido la satisfacción de sus intereses o derechos, en cuyo caso beneficiará a todos los inculpados y al encubridor.

En los casos de los delitos que sean perseguidos por querella y que impliquen cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, menores de edad o incapaces, el perdón legal solo podrá otorgarse cuando se hayan reparado los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito y además del sometimiento del inculpado al tratamiento psicológico o psiquiátrico previsto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas.

Párrafo adicionado POG 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

CAPÍTULO IV

INDULTO

Artículo 90.- El indulto extingue las penas impuestas en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso y la reparación de los daños y perjuicios.

El indulto, tratándose de delitos del orden común, se concederá cuando por razones sociales, humanitarias o de interés público, lo estime conveniente el Ejecutivo del Estado. En los delitos políticos queda a la prudencia y discreción del mismo Ejecutivo otorgarlo.

CAPÍTULO V

RECONOCIMIENTO DE LA INOCENCIA DEL SENTENCIADO

Artículo 91.- La revisión a que se refiere el Código Adjetivo Penal aplicable, que reconozca la inocencia del condenado, anula la sentencia ejecutoria, extingue y deja sin efecto las sanciones que en ella se hayan impuesto, cuando se compruebe plenamente que el sentenciado no fue responsable del delito por el que se le juzgó, que éste no se cometió o se acrediten otras circunstancias que sobrevengan y hagan injusta la sentencia.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO VI

REHABILITACIÓN

Artículo 92.- La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al condenado al ejercicio de los derechos civiles, políticos o de familia que había perdido en virtud de sentencia ejecutoria dictada en un proceso, o en cuyo ejercicio estuviere suspendido.

CAPÍTULO VII

PRESCRIPCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 93.- La prescripción extingue la acción penal y la facultad de ejecutar las sanciones impuestas.

Artículo 94.- La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.

La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento.

CAPÍTULO VIII

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE QUERELLA

Artículo 95.- El derecho del ofendido para presentar su querella por un delito, sea o no continuado, que sólo pueda perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta circunstancia. Presentada la querella, la prescripción se sujetará a las reglas señaladas por este Código para los delitos que se persiguen de oficio.

CAPÍTULO IX

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Artículo 96.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa o de delito imposible.

Cuando se trate de delitos sexuales, si el sujeto pasivo es un niño, niña o adolescente o no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho, la acción penal será imprescriptible.

Párrafo adicionado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 97.- La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo merece multa. Si merece, además de esa sanción, la privativa de libertad, o fuere alternativa, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente. Lo mismo se observará cuando concurra alguna otra sanción accesoria.

Artículo 98.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso bajará de tres años.

La acción para exigir la reparación del daño prescribirá en tres años.

Artículo 99.- Si el delito sólo mereciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación, la prescripción se consumará en el término de dos años. En los demás casos, la acción prescribirá en dos años.

Artículo 100.- En los casos de concurso ideal de delitos, las acciones penales prescribirán conforme a las reglas para el delito que merezca la pena mayor.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

En los casos de concurso real de delitos, los plazos para la prescripción punitiva empezarán a correr simultáneamente y prescribirán separadamente para cada uno de los delitos.

Párrafo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 101.- Cuando para deducir una acción penal sea necesario que termine un juicio diverso, civil o criminal, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado sentencia irrevocable.

Artículo 102.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el Ministerio Público o por el juez, en la averiguación acerca del delito y sus autores aunque, por ignorarse quienes sean éstos, no se encaminen las diligencias contra persona determinada.

La prescripción se interrumpirá, también, por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el Ministerio Público o el juez al de otra entidad federativa, donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo delito o por otro. En el primer caso, también se interrumpirá con las actuaciones que practique la autoridad requerida; en el segundo, subsistirá la interrupción, hasta en tanto ésta niegue la entrega o desaparezca la situación legal del detenido que dé motivo al aplazamiento de su entrega.

Párrafo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia.

Artículo 103.- Lo prevenido en la primera parte del artículo anterior no comprende el caso en que las diligencias comiencen a practicarse después de que hubiere transcurrido ya la tercera parte del término de la prescripción, computado en la forma prevista en el artículo 96; entonces la prescripción continuará corriendo y ya no podrá interrumpirse, sino por la aprehensión del inculpado.

Lo dispuesto en la parte final del mismo artículo anterior, tampoco comprende el caso en que las actuaciones quedaren interrumpidas por un tiempo igual a la cuarta parte del término de la prescripción. Entonces ésta no podrá ser interrumpida sino por la aprehensión del inculpado.

Artículo 104.- Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración de alguna autoridad, las gestiones que a ese fin se practiquen, antes del término señalado en la primera parte del artículo precedente, interrumpirán la prescripción.

CAPÍTULO X

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DE EJECUTAR LAS SANCIONES

Artículo 105.- Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y principiarán a correr desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones fueren privativas o restrictivas de libertad, y si no lo son, desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.

Artículo 106.- La facultad para ejecutar la pena privativa de libertad prescribirá por el transcurso de un término igual al que debería durar y una cuarta parte más, pero nunca excederá de cincuenta años.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 107.- Cuando el reo hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más de ese tiempo.

Artículo 108.- La prescripción de las sanciones privativas de libertad, sólo se interrumpe por la aprehensión del sentenciado, aunque ésta se ejecute por delito diverso.

Artículo 109.- La sanción pecuniaria de multa prescribirá en tres años, la privativa de libertad prescribirá por el transcurso de un término igual al de su duración y una cuarta parte más, pero nunca excederá de quince años. Las que no tengan temporalidad, prescribirán en tres años, contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

La reparación de daños y perjuicios derivada de un delito, prescribirá en diez años y no correrá el plazo mientras el responsable esté privado de su libertad.

Párrafo adicionado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Las causas de extinción de la acción penal no se extienden a la reparación del daño.

Párrafo adicionado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 110.- La prescripción de la sanción pecuniaria, o de las demás señaladas en el artículo anterior, se interrumpirá por cualquier acto de autoridad tendiente a hacerlas efectivas y comenzará a correr nuevamente al día siguiente del último acto realizado. Por lo que respecta a la prescripción de la pena de la reparación del daño integral o de otras de carácter pecuniario, también se interrumpirán por las promociones que el ofendido o persona a cuyo favor se haya decretado dicha reparación haga ante la autoridad correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad realice para ejecutarlas, así como por el inicio del juicio ante autoridad civil.

Artículo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 111.- La sanción consistente en privación de derechos civiles o políticos prescribirá en diez años, si se ha impuesto como sanción principal, pero variará en los términos señalados en el artículo 44, cuando sea consecuencia de la pena de prisión. La inhabilitación temporal y la suspensión de cualquier otro derecho, prescribirán en un término igual al señalado por el artículo 106.

Artículo 112.- Los reos de homicidio intencional, o los de lesiones a quienes se hubiere impuesto la prohibición de ir a determinado lugar, y cuya sanción privativa de libertad haya prescrito, no podrán residir en el lugar donde vive el ofendido o sus ascendientes, descendientes, cónyuge o hermanos, sino transcurrido, después de consumada la prescripción, un tiempo igual al que debió durar la sanción.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

TÍTULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Y SU INTEGRIDAD TERRITORIAL

CAPÍTULO I

CONSPIRACIÓN

Artículo 113.- Hay conspiración siempre que dos o más personas resuelven de común acuerdo cometer alguno de los delitos de que se ocupan los capítulos II y III de este título, acordando los medios de llevar a efecto su determinación. La sanción aplicable será de seis meses a dos años de prisión o confinamiento a juicio del juez, y en uno u otro casos, multa de cinco a cincuenta cuotas.

CAPÍTULO II

REBELIÓN

Artículo 114.- Se impondrá prisión de uno a seis años, multa de diez a cien cuotas y privación de derechos políticos hasta por cinco años, a los que, no siendo militares en ejercicio, se alcen en armas contra el Gobierno del Estado, con el fin de:

1. Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las Instituciones que de ella emanan;

2. Impedir la elección o integración de alguno de los Supremos Poderes del Estado o Ayuntamientos, o la reunión del Congreso o del Supremo Tribunal, o coartar sus deliberaciones;

3. Separar o impedir el desempeño de su cargo al Gobernador o a los demás altos funcionarios de los Poderes del Estado o del Municipio;

4. Substraer de la obediencia del Gobierno toda o una parte de la población del Estado o algún cuerpo de seguridad pública de la Entidad;

5. Despojar de sus atribuciones a alguno de los Poderes, impedirles el libre ejercicio de las mismas o usurpárselas.

Artículo 115.- Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán:

1. Al que residiendo en territorio ocupado por el Gobierno bajo la protección y garantía de éste, proporcione voluntariamente a los rebeldes, hombres para el servicio de las armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de radiocomunicación o impida que las tropas del Gobierno reciban estos auxilios. Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de seis meses a un año; y,

2. Al servidor público que teniendo, por razón de su empleo o cargo, el plano de una fortificación, o sabiendo el secreto de una expedición armada, revele éste o entregue aquél a los rebeldes.

Artículo 116.- Se aplicarán de tres meses a dos años de prisión, al que:

1. Invite formal o directamente para una rebelión;

2. Estando bajo la protección y garantía del Gobierno, oculte o auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo que lo son;

3. Rotas las hostilidades y estando en las mismas condiciones, mantenga relaciones con el enemigo, para proporcionarle noticias concernientes a las operaciones u otras que le sean útiles; o

4. Voluntariamente sirva a un empleo, cargo subalterno o comisión en lugar ocupado por los rebeldes.

Artículo 117.- A los jefes o agentes del Gobierno y a los rebeldes que después del combate dieren muerte a los prisioneros, se les aplicará prisión de quince a treinta años.

Artículo 118.- A los extranjeros que cometan el delito de rebelión, se les aplicará de seis a diez años de prisión, sin perjuicio de gestionar su expulsión de la República, después de cumplir la sanción que se les hubiera impuesto.

Artículo 119.- Se aplicará prisión de tres meses a dos años al que viole la inmunidad de un parlamentario o la que da un salvoconducto.

Artículo 120.- Los rebeldes no serán responsables de las muertes ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate; pero de todo homicidio que se cometa y de toda lesión que se cause fuera de la lucha, serán responsables, tanto el que mande ejecutar el delito, como el que lo permita, y los que inmediatamente lo ejecuten.

Artículo 121.- No se aplicará sanción a los que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros si no se hubiere cometido alguno de los delitos mencionados en los artículos 117, 120, parte final y 122.

Artículo 122.- Cuando en las rebeliones se pusiere en ejercicio, para hacerlas triunfar, el homicidio, el robo, el secuestro, el despojo, el incendio, el saqueo, o cualquier otro delito, se aplicarán las sanciones que por estos delitos y el de rebelión correspondan según las reglas del concurso.

Artículo 123.- Las sanciones a que se refiere este capítulo sólo dejarán de aplicarse en el caso de que, interviniendo el Ejecutivo de la Unión en la forma que prescribe el artículo 122 de la Constitución Política de la República, con motivo de la rebelión, los rebeldes adquieren el carácter de responsables de delitos del orden federal y sean juzgados y sancionados como tales.

CAPÍTULO III

SEDICIÓN Y OTROS DESORDENES PÚBLICOS

Artículo 124.- Son responsables de sedición los que reunidos tumultariamente (sic) pero sin armas, resistan a la autoridad o la ataquen para impedirle el libre ejercicio de sus funciones con alguno de los objetos a que se refiere el artículo 114.

La sedición se sancionará con tres meses a dos años de prisión.

En lo que sea aplicable a la sedición, se observarán los artículos 117, 118, 120 parte final y 122.

Artículo 125.- Son responsables del delito de asonada o motín los que para hacer uso de un derecho se reúnen tumultuariamente, empleando violencia en las personas o fuerza sobre las cosas. Este delito se sancionará con prisión de tres meses a un año.

CAPÍTULO IV

DELITOS POLÍTICOS

Artículo 126.- Para los efectos legales se consideran de carácter político todos los delitos consignados en los capítulos precedentes de este título, menos los previstos en los artículos 117, 120 parte final y 122.

No se considerará como delito político aquel que consista en ejecución de actos de terrorismo o contrarios al derecho de gentes.

CAPÍTULO V

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO

Artículo 127.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cinco a cincuenta cuotas al que destruya o quite las señales que marcan los límites del Estado, o que de cualquier otro modo haga que se confundan, si por ello se origina un conflicto al propio Estado. Faltando esta circunstancia, las sanciones serán de tres meses a un año de prisión y multa de tres a veinticinco cuotas.

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83)

TÍTULO SEGUNDO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I

EVASIÓN DE PRESOS

Artículo 128.- Se aplicará de dos a nueve años de prisión al que ponga en libertad o favorezca la evasión de quien se encuentre legalmente detenido por delito, procesado o condenado.

Si el delincuente fuere el servidor público encargado de conducir o custodiar al prófugo, será además destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro por un período igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 129.-

Artículo derogado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 130.- Se le impondrá hasta la mitad más de la sanciones privativas de libertad señaladas en el artículo 128, según corresponda, al que proporcione al mismo tiempo o en un solo acto, la evasión de dos o más personas legalmente privadas de libertad. Si el responsable prestare sus servicios en el establecimiento, quedará además destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro de esa especie durante un periodo de ocho a doce años.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 131.- Si la reaprehensión del prófugo se lograre por gestiones del responsable de la evasión, sólo se aplicará a éste hasta la tercera parte de la pena, según la gravedad del delito o falta imputados al preso o detenido.

Artículo 132.- No se aplicará sanción al preso que se fugue, sino cuando obre de acuerdo con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos, o cuando ejerza violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión.

Artículo 133.- Si la evasión se efectuare exclusivamente por descuido o negligencia del custodio o conductor, éste será sancionado como autor de un delito de culpa. Esta sanción cesará al momento en que se logre la reaprehensión del prófugo, si ésta se consiguiere por las gestiones del custodio o conductor responsable y antes de que pasen cuatro meses contados desde la evasión.

Artículo 134.- A los servidores públicos que ilegalmente permitan la salida a detenidos, procesado o condenados, para que por cualquier tiempo permanezcan fuera de las prisiones, se les impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO II

Capítulo derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 135.-

Artículo derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 136.-

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 137.-

Artículo derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 138.-

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO III

ARMAS PROHIBIDAS

Artículo 139.- Al que ilegalmente porte, fabrique, introduzca al Estado o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años, multa hasta de cien cuotas y decomiso.

Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.

Estos delitos, cuyo conocimiento competa al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que concierne a estos objetos.

Artículo 140.- Para los efectos de este Código, son armas prohibidas:

1. Los puñales, cuchillos y otros similares, excepto cuando se usen como instrumento de trabajo; los verduguillos y las demás armas ocultas o disimuladas en cualquier objeto;

2. Los boxes, manoplas, macanas, hondas, correas con balas o con pesas o puntas y las demás similares;

3. Las bombas, aparatos explosivos o de gases asfixiantes o tóxicos y los demás similares;

4. Las pistolas y revólveres de calibre superior al 38; y

5. Las que otras leyes o reglamentos señalen como tales.

CAPÍTULO IV

ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y FACILITACIÓN DELICTIVA

Capítulo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 141.- Se impondrá prisión de dos a ocho años y multa de cien a trescientas cuotas, al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas, organizada para delinquir, independientemente de la sanción que le corresponda por el delito que cometa.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 141 Bis.- Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos.

Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito con violencia sobre la víctima.

Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá además, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.

Artículo adicionado POG 25 de octubre de 2006 (Decreto 319)

Artículo 141 Ter.- Se impondrá prisión de dos a ocho años y multa de cien a doscientas cuotas, al que ejecute cualquier acto para obtener, transmitir o difundir información sobre la ubicación, logística, acciones o estado de fuerza de las corporaciones de seguridad pública o de procuración de justicia, con el ánimo de impedir o evadir su intervención, en beneficio de una asociación o banda de las que refiere el artículo 141 de este Código.

Las penas señaladas en este artículo se aumentarán hasta la mitad más y se impondrá, además, destitución del cargo o comisión e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleos, cargos o comisiones al servicio del Estado o municipios, cuando el delito sea cometido por servidores o ex servidores públicos.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO V

DELITOS DE TRANSITO EJECUTADOS POR MANEJADORES DE VEHÍCULOS O AUTORIDADES DE TRANSITO

Artículo 142.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de cinco a veinticinco cuotas, al funcionario, empleado o perito de tránsito que en el examen para la comprobación de las condiciones requeridas por la ley o reglamentos para el otorgamiento de las licencias de conductores de vehículos, produzcan dictámenes o certificaciones sin que concurran en el examinado todos o alguno de los requisitos correspondientes, y al que expida la licencia a sabiendas de que falta alguno o algunos de esos requisitos.

Artículo 143.- Incurre en responsabilidad penal el propietario o conductor de un vehículo automotor que transite con placas sobrepuestas.

Se entiende por placas sobrepuestas en vehículos automotores, las láminas de identificación para circular, emitidas por autoridad competente, que no les correspondan portar legalmente.

Al responsable se le sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de cien a trescientas cincuenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 144.- Al que en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas enervantes plenamente comprobados conduzca un vehículo, se impondrá prisión de tres meses a un año o multa de cinco a cincuenta cuotas y suspensión de la licencia para manejar de uno a dos años, si no provoca un accidente punible.

Artículo 145.- Al manejador de un vehículo, que en camino público o privado rebase o trate de rebasar a otro vehículo, invadiendo el carril contrario, en curva, pendiente, columpio, elevación del terreno, lugar prohibido o en cualquier otro en que no haya visibilidad suficiente, se le impondrá por este sólo hecho sanción de tres a seis meses de prisión o multa de cinco a veinte cuotas y suspensión para manejar vehículos de uno a dos años, si no causare daños a tercero.

Si se causaren daños a las personas o a las cosas o a ambas, estos daños se sancionarán como delitos de culpa, salvo prueba en contrario.

Iguales sanciones se impondrán por el sólo hecho de estacionar un vehículo en carretera o camino en la noche, sin las luces de protección perfectamente visibles, aún en los tramos comprendidos dentro de un poblado que no esté iluminado; o por estacionarlo sin el abanderamiento adecuado en curva o en un columpio, cualquiera que sea la hora del día, en tal forma que no pueda verse a distancia suficiente para evitar una colisión. Si se causan daños se sancionarán como delitos de culpa, salvo prueba en contrario.

Artículo 146.- En caso de reincidencia en alguno de los delitos a que se refieren los tres artículos anteriores, la inhabilitación para manejar podrá ser definitiva y el juez dispondrá la cancelación de la licencia correspondiente.

Artículo 147.- A los operadores de transporte público o cualquier otro que preste servicio similar que incurran en alguna de las conductas previstas en los artículos 143 y 144, se le impondrán hasta una mitad más de las sanciones previstas en los artículos señalados.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 148.- Las sanciones en los casos del artículo 144, se impondrán independientemente de las que correspondan si resultaren daños a las personas o a las cosas.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO VI

ATENTADOS A LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD

Capítulo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 148 Bis.- Comete el delito de atentados contra la seguridad de la comunidad y se le aplicará una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientas a trescientas cincuenta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien sin causa justificada incurra en cualquiera de las siguientes fracciones:

1. Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que por su resistencia o contundencia, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales.

Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de las fuerzas armadas o de seguridad pública o de sus equipos motores, muebles o inmuebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes en su mínimo y en su máximo;

2. Posea o porte, en su persona, en su domicilio, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, en su negocio o en el lugar donde se le capture, uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo y se utilicen con fines ilícitos, que hubieren sido contratados con documentación falsa, alterada o con cualquier otro medio ilícito, o de terceros sin su conocimiento o utilizados sin la autorización de éstos o que por su origen, a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación;

3. Posea o porte, en su persona, en su domicilio, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde se le capture, uno o varios equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas.

También comete el delito quien proporcione el servicio de instalar, programar, reprogramar para otra u otras personas equipo de radiocomunicación fijo, o móvil sobre un vehículo usando las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, contando o no con el permiso para su operación, lo haga fuera de las especificaciones técnicas autorizadas por la ley o autoridad competente, y esto se relacione con fines ilícitos;

4. Posea o porte, en su persona, en el vehículo en que se encuentre o se le relacione con éste, en su domicilio o en el lugar donde se le capture, una o varias identificaciones alteradas o falsas;

5. Posea o porte, en su persona o en su domicilio o en el vehículo en que se encuentre o se le relacione con éste o en el lugar donde se le capture, uno o más de los siguientes objetos: prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los oficiales;

6. Posea o porte, en su persona, en el vehículo en que se encuentre o se le relacione con éste, en su domicilio o en el lugar donde se le capture, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con grupos o actividades delictivas, y

7. Posea o porte, en el vehículo en que se encuentre o se le relacione con éste, en su domicilio o en el lugar donde se le capture, uno o varios accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o utilice en aquéllos los colores, insignias, diseño o particularidades para igualar la apariencia de los vehículos oficiales.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

TÍTULO TERCERO

ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y VIOLACIÓN O RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CAPÍTULO I

ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

Artículo 149.- Las disposiciones de este Capítulo sólo tendrán aplicación en los casos de actos u omisiones que no sean de competencia federal por estar comprendidos en la Ley de Vías Generales de Comunicación. También se aplicarán cuando se trate de vías de comunicación de propiedad del Estado o de concesión estatal.

Se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permite en ellas, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones.

Artículo 150.- Al que quite, corte o destruya las ataduras que detengan una embarcación u otro vehículo, o quite el obstáculo que impida o modere su movimiento, se le aplicará prisión de tres meses a dos años si no resultare daño alguno; si se causare, se aplicará además la sanción correspondiente por el delito que resulte.

Artículo 151.- Se impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y multa de cinco a veinticinco cuotas, al que por cualquier medio destruya, deteriore u obstruya las vías de comunicación y medios de transporte de uso público que no sean de jurisdicción federal, siempre que no se cause daño a personas o cosas.

Cuando resulten daños, o se cometa algún otro delito, se aplicarán las reglas del concurso.

Artículo 152.- Se impondrá de diez a quince años de prisión, al que incendiare una embarcación u otro vehículo si se encontraren ocupados por una o más personas. Si no se hallare persona alguna la sanción será de dos a seis años de prisión, con independencia de algún otro delito que pudiese configurarse.

Artículo reformado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 153.- Al que para la ejecución de los hechos de que hablan los artículos anteriores, se valga de explosivos, la pena se aumentará hasta en una mitad más.

Artículo 154.- Al que dolosamente ponga en movimiento un carro, camión o vehículo similar y lo abandone o de cualquier otro modo haga imposible el control de su velocidad y pueda causar daño, se le impondrá de uno a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a los daños que se causen a las personas o a las cosas.

CAPÍTULO II

VIOLACIÓN O RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Artículo 155.- Se aplicarán de tres a seis meses de prisión o multa de cinco a quince cuotas:

1. Al que dolosa e indebidamente abra una comunicación escrita que no esté dirigida a él;

2. Al que dolosa e indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido; y,

3. Al empleado de una oficina de comunicaciones, estatal, municipal o particular, que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina o persona.

En los casos de las fracciones I y II de este artículo, cuando se trate de cónyuges, concubinas o concubinarios, sólo se procederá a petición de parte.

Artículo 156.- No se sancionará a los padres que abran o intercepten las comunicaciones escritas o electrónicas dirigidas a sus hijos menores de edad, y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 157.- La disposición del artículo 155 no comprende la correspondencia que circule por la estafeta, los telegramas, radiogramas y similares de servicio federal.

TÍTULO CUARTO

DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD

CAPÍTULO I

DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE PARTICULARES

Artículo 158.- Se aplicarán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cuarenta cuotas al que, empleando la fuerza, el amago o las amenazas, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 159.- Se equiparará a la resistencia y se pondrá la misma sanción que a ésta, la coacción hecha a la autoridad pública por medio de la violencia física o moral, para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales u otro que no esté en sus atribuciones.

Artículo 160.- Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público al que la ley le obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quince cuotas.

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83)

Artículo 161.- Al que sin excusa legal se negare a comparecer ante la autoridad a rendir su declaración, cuando legalmente se le exija, no será considerado como responsable del delito previsto en el artículo anterior, sino después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o apercibido por la administrativa, en su caso, para que comparezca a declarar o a rendir los informes que se le pidan.

Artículo 162.- El que debiendo ser examinado en una investigación o en un proceso penal o juicio civil, sin que le aprovechen las excepciones establecidas por este Código o por el Código Adjetivo Penal aplicable, o por el de Procedimientos Civiles, en su caso, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, se le aplicará de inmediato, como medio de apremio y previo apercibimiento, una multa de quince a treinta cuotas. Si persistiere en su actitud, se le hará saber que se le sancionará, previo el proceso respectivo, con prisión de seis meses a dos años, o multa de veinte a cuarenta cuotas o trabajo a favor de la comunidad, a juicio del juez haciéndose desde luego la denuncia al Ministerio Público.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 163.- Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio, sin haberse logrado aquel objeto.

CAPÍTULO II

OPOSICIÓN A QUE SE EJECUTE ALGUNA OBRA O TRABAJOS PÚBLICOS

Artículo 164.- El que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, mandados hacer con los requisitos legales por la autoridad competente o con su autorización, será sancionado con prisión de tres meses a seis meses o multa de cinco a veinte cuotas o trabajo en favor de la comunidad de cinco a veinte días.

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83)

Artículo 165.- Cuando el delito se cometa por varias personas, de común acuerdo, la sanción prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en una mitad más, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia a las personas. Habiéndola, la sanción será de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta cuotas, sin perjuicio de observar las reglas del concurso.

CAPÍTULO III

VIOLACIÓN DE SELLOS

Artículo 166.- Al que viole los sellos puestos por orden de la autoridad pública, se le aplicará de tres meses a tres años de prisión.

Igual pena se impondrá a las partes interesadas en un negocio civil que de común acuerdo, violen los sellos puestos por la autoridad pública.

CAPÍTULO IV

DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 167.-…

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo derogado POG 17 de agosto de 2022 (Decreto 114)

Artículo 168.-…

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo derogado POG 17 de agosto de 2022 (Decreto 114)

CAPÍTULO V

TERRORISMO

Artículo 169.- Se sancionará con prisión de dieciséis a treinta años y multa de doscientas a trescientas cuotas, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad del estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio del Estado.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 170.- Se sancionará con prisión de uno a nueve años y multa de cien a trescientas cuotas, a quien encubra en los términos del artículo 358 del presente Código, a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO VI

ULTRAJES A INSIGNIAS PÚBLICAS

Artículo 171.- Al que ultraje las insignias del Estado o del Municipio, o de cualquiera de sus instituciones, se le aplicarán de tres meses a dos años de prisión.

Fe de erratas POG 17 de mayo de 1986

Artículo 172.- Al que ultraje insignias de las instituciones que tengan actuación pública, debidamente reconocida, se le sancionará con prisión de tres meses a un año.

TÍTULO QUINTO

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

DEL PELIGRO DE CONTAGIO, DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES Y DE LA FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O MEDICINALES

Capítulo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 173.- Se sancionará de tres meses a tres años de prisión y de veinte a cuarenta cuotas, sin perjuicio de su reclusión en un hospital para su curación hasta que cese el período infectante, al que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible.

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 174.- Se le aplicarán las mismas sanciones que señala el artículo anterior, a la mujer que a sabiendas que un niño padece una enfermedad grave fácilmente transmisible, lo amamante y además amamante a otro u otros niños.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 175.- Si se efectuare el contagio en cualquiera de los casos de los dos artículos anteriores, se impondrá, además, la sanción correspondiente al delito que resulte.

Se presumirá el conocimiento de la enfermedad, cuando el agente o el niño amamantado presenten lesiones o manifestaciones externas de aquélla, fácilmente apreciables.

Cuando se trate de cónyuges o personas en concubinato, sólo se procederá por querella del ofendido.

Artículo 176.- Se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y multa de diez a cien cuotas:

1. Al que elabore, comercie, falsifique o adultere sustancias, productos químicos, comestibles, bebidas o medicamentos que puedan causar estragos a la salud o disminuyan su poder alimenticio o curativo;

2. A los que al despachar una fórmula médica alteren ésta o sustituyan una medicina por otra en cuanto afecte a la identidad, grado de pureza o buen estado de las substancias que se expendan o varíen la dosis prescrita;

3. Al que oculte, sustraiga, venda o compre alimentos, bebidas o sustancias mandados destruir como nocivos, por la autoridad competente;

4. Al que envenene o infeccione comestibles, bebidas, cosas para venderlas al público o usare substancias venenosas o nocivas para teñir, colorear, pintar, envolver o envasar los citados artículos, así como al que envenene o infeccione las aguas de un manantial, de un estanque, fuente o cualquier otro depósito de agua, destinada a ingerirla, sean públicos o privados.

Cuando en la comisión de los actos delictivos tipificados en las fracciones anteriores, los productos hayan sido elaborados para el consumo de la población infantil, o por su naturaleza o características tengan demanda preferente de niños menores de doce años, según la gravedad del caso a criterio del juez, se podrán aumentar las penas de uno a dos años de prisión y multa de quince a ciento cincuenta cuotas.

Párrafo adicionado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72)

Artículo 177.- Se impondrá prisión de uno a seis años y multa de diez a cien cuotas al que utilice medios directos y eficaces de propagación de una enfermedad.

Si el infractor fuere médico, biólogo o farmacéutico, o se dedicare a la venta de medicamentos, las penas señaladas en el párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad más, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la responsabilidad médica o técnica si se realiza el daño.

Artículo 178.- Los productos falsificados o adulterados con substancias nocivas y los aparatos y demás objetos que se emplearen en la comisión de los delitos a que se refiere este título, serán decomisados en todo caso y se pondrán a disposición de las autoridades sanitarias del Estado, quienes procederán a su destrucción o aprovechamiento lícito.

Artículo 179.- Al que con un fin de lucro por uso inmoderado, o nocturno, o intensidad de volumen de cualquier aparato de sonido, cause molestias a las personas, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de cinco a cincuenta cuotas, sin perjuicio del decomiso del aparato de sonido a juicio de la autoridad judicial.

Artículo 180.- Las sanciones a que se refieren los cuatro artículos anteriores se aplicarán cuando no se cause algún daño a la salud de las personas. Si se causare se agregarán las sanciones correspondientes al daño resultante.

Estas disposiciones sólo serán aplicables cuando no existan otras de la competencia federal.

TIÍTULO SEXTO

DELITOS CONTRA EL DESARROLLO Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Título reformado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO

Capítulo reformado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Capítulo reformado 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 181.- A quien por cualquier medio, procure, induzca o facilite a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a la comisión de algún delito, al consumo de estupefacientes, substancias psicotrópicas u otras susceptibles de producir dependencia o bebidas embriagantes, o a formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, le facilite armas, o proporcione adiestramiento para su uso, será sancionado con prisión de cuatro a nueve años y de cincuenta a doscientas cuotas.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414); 11 de enero de 2014 (Decreto 23) y fe de erratas 15 de febrero de 2014

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Cuando de la práctica reiterada del activo, el pasivo del delito adquiera los hábitos de la farmacodependencia o del alcoholismo, o forme parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, las penalidades podrán aumentarse hasta en un tanto más.

A quien emplee, aun gratuitamente, a niños, niñas o adolescentes o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, en lugares o establecimientos donde preponderantemente se expendan bebidas alcohólicas para su consumo inmediato o se presenten al público espectáculos sexuales, se le aplicará prisión de uno a cuatro años y multa de cien a doscientas cuotas, así como el cierre definitivo del establecimiento.

Artículo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72) y

15 de septiembre de 2007 (Decreto 525).

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414);

11 de enero de 2014 (Decreto 23)

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Al que obligue o induzca a niños, niñas o adolescentes o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, a la práctica de la mendicidad, será sancionado con prisión de cuatro a nueve años de prisión y de cincuenta a doscientas cuotas.

Párrafo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414);

11 de enero de 2014 (Decreto 23) y fe de erratas 15 de febrero de 2014

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

A quien por cualquier medio, procure o facilite a los niños, niñas o adolescentes o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho pintura en aerosoles, solventes, ácidos o cualquier otro material dañino que deje una marca permanente, en propiedades privadas, monumentos que representen patrimonio cultural del Estado de Zacatecas o cualquiera otro bien del espacio público, se le impondrá una multa de cincuenta a cien cuotas.

Párrafo adicionado POG 11 de enero de 2014 (Decreto 23)

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 181 Bis.- A quien permita directa o indirectamente el acceso de un niño, niña o adolescente o a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho a escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico, se le impondrá prisión de uno a tres años y multa de veinte a cincuenta cuotas.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Las mismas penas se impondrán al que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante niños, niñas y adolescentes o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre niños, niñas y adolescentes o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de cinco a veinte cuotas.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

No se actualizará el delito tratándose de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen o impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes.

Artículo adicionado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo 182.- A quien pague o prometa pagar con dinero, en especie u otra ventaja de cualquier naturaleza, a un niño, niña o adolescente o a un tercero para que aquélla sostenga relaciones o actos sexuales o eróticos, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de treinta a setenta cuotas, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos

Artículo reformado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

CAPÍTULO I BIS

DISCRIMINACIÓN

Capítulo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 182 Bis.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta hasta doscientos, veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito, al que por razones de origen, procedencia étnica, raza, color de piel, idioma, identidad de género, sexo, preferencia u orientación sexual, religión, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas, apariencia física, discapacidad, modificaciones estéticas corporales o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

Párrafo reformado POG 29 de agosto de 2018 (Decreto 446)

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

1. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;

2. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo;

Fracción reformada POG 29 de agosto de 2018 (Decreto 446)

3. Niegue o restrinja las oportunidades de empleo y los consiguientes derechos laborales, principalmente por razón de apariencia física o modificaciones estéticas corporales, o

Fracción adicionada POG 29 de agosto de 2018 (Decreto 446)

4. Niegue o restrinja derechos educativos.

5. Provoque o incite al odio o a la violencia, y

Fracción adicionada POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

6. Imparta, promueva, ofrezca, someta u obligue a otro a recibir terapia o cualquier tipo de prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psíquicas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar o modificar la orientación sexual o la expresión o identidad de género de una persona

Fracción adicionada POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.

Si la conducta se hiciera en un niño, niña o adolescente, personas con discapacidad, personas adultas mayores, o con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse o no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena se aumentará al doble y se perseguirá de oficio.

Párrafo adicionado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Este delito se perseguirá por querella. Este delito se perseguirá por querella, con excepción de la conducta señalada en el párrafo anterior.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

CAPÍTULO II

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES O VOZ DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES O DE PERSONAS QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO PARA LA PORNOGRAFÍA

Capítulo reformado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Denominación reformada POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 183.- Comete este delito:

1. Quien produzca, fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme de cualquier forma imágenes, sonidos o la voz de un niño, niña o adolescente o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas.

Fracción reformada POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

2. Quien reproduzca, publique, ofrezca, publicite, almacene, distribuya, difunda, exponga, envíe, transmita, importe, exporte o comercialice de cualquier forma imágenes, sonidos o la voz de un niño, niña o adolescente o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas.

Fracción reformada POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

3. Quien posea intencionalmente para cualquier fin, imágenes, sonidos o la voz de niños, niñas o adolescentes o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas.

Fracción reformada POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

4. Quien financie, dirija, administre o supervise cualquiera de las actividades anteriores con la finalidad de que se realicen las conductas previstas en las fracciones anteriores.

Al autor de los delitos previstos en las fracciones I y II se le impondrá la pena de tres a siete años de prisión y multa de diez a treinta cuotas. Al autor de los delitos previstos en la fracción III se le impondrá la pena de uno a tres años de prisión y multa de cinco a veinte cuotas. A quien cometa el delito previsto en la fracción IV, se le impondrá pena de prisión de cuatro a nueve años de prisión y multa de veinte a cincuenta cuotas.

Las anteriores sanciones se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de los delitos contemplados en los (sic) en el capítulo VI del Título Decimoquinto de este Código.

Artículo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72);

5 de julio de 1997 (Decreto 179); 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo 183 Bis.- Las penas que resulten aplicables por los delitos previstos en este Título, se aumentarán hasta una tercera parte de acuerdo con lo siguiente:

1. Si el sujeto activo se valiese de la función pública o privada, la profesión u oficio que desempeña, aprovechándose de los medios o circunstancias que ellos le proporcionan. En este caso, además, se le destituirá del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitará para desempeñar otro, o se le suspenderá del ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

2. Si el sujeto activo del delito tiene parentesco por consaguinidad (sic), afinidad o civil hasta en cuarto grado o habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio con la víctima, o tenga una relación análoga al parentesco con el sujeto pasivo; además cuando corresponda, perderá la patria potestad, guarda y custodia o régimen de visitas y convivencias, el derecho de alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto de los bienes de ésta.

Artículo adicionado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72), reformado POG 5 de julio de 1997 (Decreto 179), 27 de diciembre de 2003 (Decreto 348), y 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo 184.- Los sujetos activos de los delitos a que se refiere este Título quedarán inhabilitados para ser tutores o curadores.

Artículo reformado POG 5 de julio de 1997 (Decreto 179), y 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo 185.-

Artículo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72), y derogado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo 186.-

Artículo derogado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

CAPÍTULO III

LENOCINIO

Capítulo derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 187.-

Artículo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72) y 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525) y derogado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 187 Bis.-

Artículo adicionado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72), reformado POG 5 de julio de 1997 (Decreto 179) y derogado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo 188.-

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83) y derogado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

Artículo 189.-

Artículo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72) y derogado POG 15 de septiembre de 2007 (Decreto 525)

CAPÍTULO IV

APOLOGÍA DEL DELITO O DE ALGÚN VICIO

Artículo 190.- Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de tres a seis meses de prisión y multa de cien a doscientas cuotas, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83), y 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

TÍTULO SÉPTIMO

REVELACIÓN DE SECRETOS Y DELITOS INFORMÁTICOS

Título reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO I

REVELACIÓN DE SECRETOS

Capítulo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 191.- Se aplicará prisión de tres meses a un año y multa de cinco a quince cuotas al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación con motivo de su empleo, cargo o de la confianza en él depositada o por alguna otra causa.

Artículo 192.- La prisión será de uno a cinco años y multa de cinco a cuarenta cuotas y suspensión de su profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN LOS MEDIOS INFORMÁTICOS Y MAGNÉTICOS

Capítulo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 192 Bis.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta cuotas, al que ingrese o use por cualquier medio sin la autorización debida o, excediendo la que tenga, a una computadora personal o dispositivo electrónico, a un sistema de red de computadoras, un soporte lógico de programas de cómputo o base de datos.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 192 Ter.- Se impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientas cuotas, a quien sin autorización modifique, destruya o deteriore en forma parcial o total, archivos, bases de datos o cualquier otro elemento intangible contenido en computadoras personales, dispositivos electrónicos, sistemas o redes de cómputo, soportes lógicos, o cualquier otro medio magnético.

Cuando el sujeto activo tenga el carácter de encargado del manejo, administración o mantenimiento de los bienes informáticos dañados, las penas se incrementarán en una mitad más.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 192 Quater.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas, al que copie o imite los originales de cualquier dato, archivo o elemento intangible contenido en una computadora personal, dispositivo electrónico, en un sistema de redes de computadoras, base de datos o soporte lógico, siempre que para ello se requiera autorización y no la obtenga.

Las mismas sanciones se aplicarán al que utilice o aproveche en cualquier forma, los bienes informáticos falsificados, previstos en este Capítulo.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 192 Quintus.- Cuando los ilícitos previstos en este Capítulo se cometan por servidores públicos o ex servidores públicos dentro del año siguiente al término de su función, en perjuicio de los archivos, bases de datos o cualquier otro elemento intangible contenido en computadoras, dispositivos electrónicos, sistemas o redes de cómputo, soportes lógicos, o cualquier otro medio magnético propiedad o al servicio del Estado o los Municipios, se impondrá una mitad más de la pena y destitución a los primeros e inhabilitación a ambos, por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 192 Sextus.- Las penas señaladas en este Capítulo se aumentarán en dos terceras partes de la pena impuesta, cuando las conductas previstas en el mismo se realicen para cometer un delito; o cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno; y se aplicarán, en su caso, las reglas del concurso.

Los delitos previstos en este Capítulo se perseguirán a petición de parte.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

TÍTULO SÉPTIMO BIS

DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN

Título adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 192 Septies.- Para los efectos de este Código, son servidores públicos, los representantes de elección popular estatales y municipales; los miembros del Poder Judicial del Estado; los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; los integrantes del Instituto Electoral del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, los Magistrados de otros tribunales y, en general, a toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza al servicio de la Administración Pública centralizada y paraestatal, municipal, paramunicipal e intermunicipal, quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Además de las sanciones que se señalan en los tipos penales en específico, a los responsables de dichos actos u omisiones se impondrá:

1. Destitución;

2. Inhabilitación, o

3. Ambas, cuando proceda.

En el caso de la inhabilitación será para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público y cargo de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado de Zacatecas o municipios del mismo, atendiendo a los siguientes criterios:

1. Por un plazo de uno hasta diez años, cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y

2. Por un plazo de diez a veinte años, si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez dará vista a la Secretaría de la Función Pública del Estado y a la Secretaría de la Función Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente: los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones, las circunstancias socioeconómicas del responsable y las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 193, 197, 199, 205, 206 y 206 Bis, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación del Poder Legislativo local, las penas previstas serán aumentadas en un tercio del mínimo y del máximo de la pena.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 192 Octies.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, además de lo previsto por los artículos 51 y 52 del presente Código, el juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

TÍTULO OCTAVO

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO I

EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DE FUNCIONES PÚBLICAS

Artículo 193.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a doscientas veces la unidad de medida y actualización a los servidores públicos que incurran en la conducta prevista en las fracciones siguientes:

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

1. Al que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión para el que haya sido nombrado sin haber tomado posesión legítima o sin llenar todas las formalidades legales;

2. Al que continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido legalmente;

3. Al que nombrado por tiempo limitado continúe ejerciendo sus funciones después de cumplido el término por el cual se le nombró.

Lo prevenido en las dos fracciones anteriores no comprende el caso en que el servidor público que debe cesar en sus funciones se le ordene que continúe en ellas entre tanto se presenta la persona que haya de sustituirlo, cuando la ley no lo prohíba.

4. Al servidor público o agente del Gobierno que ostente tener alguna otra comisión, empleo o cargo que el que realmente tuviere;

5. Al servidor público o agente del Gobierno que ejerza funciones que no le correspondan por su empleo, cargo o comisión o se exceda en el ejercicio de las que le competen; y

6. Al que sin habérsele admitido la renuncia de una comisión, empleo o cargo, o antes de que se presente la persona que haya de reemplazarlo, lo abandone sin causa justificada.

7. Al que teniendo un empleo, cargo o comisión en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, facilite o fomente en los centros penitenciarios del Estado la introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio localizadores o cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para uso de las personas privadas de la libertad, y

Fracción adicionada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

8. Al que teniendo un empleo, cargo o comisión en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado introduzca o facilite la introducción a los centros penitenciarios del Estado cualquier tipo de arma de fuego, explosivos, municiones, arma blanca o cualesquiera otro objeto que se equipare o pueda ser utilizado como tal o ponga en riesgo la integridad de las personas privadas de su libertad y personal del Centro o las propias instalaciones.

Fracción adicionada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo que dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO II

ABUSO DE AUTORIDAD

Artículo 194.- Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, agente del Gobierno o sus comisionados, sea cual fuere su categoría:

1. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;

2. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia en las personas sin causa legítima o las vejare injustamente o las injuriare;

3. Cuando dolosamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;

4. Cuando dolosamente ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Federal o la del Estado;

5. Cuando el encargado de una fuerza pública, requerido legalmente por una autoridad para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a dárselo;

6. Cuando teniendo a su cargo caudales del Erario, les dé una aplicación pública distinta a aquella a que estuvieren destinados, o hiciere un pago indebido;

Fracción reformada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

7. Cuando abusando de su poder, haga que se le entreguen algunos fondos, valores u otra cosa cuya guarda o administración no le correspondan;

Si se apropia o dispone de los objetos recibidos como consecuencia del acto a que se refiere esta fracción, sufrirá además la sanción que le corresponda por el delito cometido.

8. Cuando por cualquier pretexto obtenga de un subalterno parte o todo el sueldo de éste, dádivas u otros servicios indebidos;

9. El director o encargado de cualquier establecimiento destinado a prisión preventiva o a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, que, sin los requisitos legales, reciba en calidad de detenida a una persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente;

10. Autorizar expresamente se cometan violaciones a la Constitución Federal, a la del Estado o a las leyes que de ellas emanen;

11. Aprovechar el poder o autoridad propios del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquiera otra persona; y

12. El servidor público que teniendo conocimiento de una privación ilegal de libertad, no la haga cesar si esto estuviere dentro de sus atribuciones.

Artículo 195.- Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrá prisión de seis meses a seis años, multa de cinco a cincuenta cuotas y destitución de empleo.

Lo anterior sin perjuicio de que se imponga hasta por seis años la pena de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o función pública, estatal o municipal, aún aquéllos de los considerados bajo la naturaleza jurídica de honoríficos.

Artículo reformado POG 30 de junio de 2004 (Decreto 502)

Artículo 195 Bis.- El agente de una corporación de seguridad pública que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, haga objeto de vejaciones físicas o verbales a un menor de edad o niegue a éste la protección o el servicio que estuviere obligado a proporcionarle, será sancionado con prisión de uno a tres años, multa de diez a treinta cuotas, o inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión con el carácter de autoridad pública.

Artículo adicionado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72)

CAPÍTULO II BIS

Capítulo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 195 Ter.-

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 195 Quater.-

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 195 Quintus.-

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 195 Sextus.-

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO III

COALICIÓN

Artículo 196.- Cometen el delito de coalición los servidores públicos que se unan o asocien para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.

A los que comentan el delito de coalición se les impondrá de uno a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO III BIS

DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Capítulo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 196 Bis.- Comete delitos en contra de la Administración Pública el servidor público que teniendo la obligación, incumpla con la presentación de la cuenta pública ante la Legislatura del Estado dentro de los plazos que establece la ley.

A quien cometa delitos en contra de la Administración Pública se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de diez a cincuenta unidades de medida.

Las penas previstas en el presente artículo aumentarán un tanto más en su mínimo y máximo en las siguientes circunstancias:

1. Si además de no presentar el informe de cuenta pública, el servidor público obligado omitió entregar total o parcialmente los informes mensuales, trimestrales y de gestión financiera, o incumpla con la obligación de difundir la información financiera en los términos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y

2. Se omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad del ente público con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO IV

COHECHO

Artículo 197.- Comete el delito de cohecho:

1. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

Fracción reformada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

2. El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a algún servidor público, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.

Fracción reformada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 198.- El delito de cohecho se sancionará con uno a seis años de prisión y multa equivalente a dos tantos del beneficio obtenido, solicitado u ofrecido; al cohechado se le impondrá además la destitución de su empleo, cargo o comisión, pero el cohechador quedará libre de toda responsabilidad penal, siempre que haya obrado por coacción moral y que dentro de los cinco días siguientes a la comisión del delito ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Público y pruebe aquella circunstancia.

Artículo reformado POG 30 de junio de 2004 (Decreto 502)

CAPÍTULO V

PECULADO

Artículo 199.- Comete el delito de peculado:

1. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al municipio, a los organismos descentralizados, órganos autónomos o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa, y

2. Cualquier persona física o moral que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Artículo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 200.- Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

1. Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea susceptible de valuación, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización;

2. Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, y

3. Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones estatales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más en su mínimo y máximo de las penas señaladas en las fracciones anteriores.

Artículo reformado POG 30 de junio de 2004 (Decreto 502); 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 201.-

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83) y derogado 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO VI

CONCUSIÓN

Artículo 202.- Comete delito de concusión el encargado de un servicio público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa indebida o en mayor cantidad que la señalada por la ley.

Artículo 203.- Al que cometa el delito de concusión, se le aplicará destitución de empleo e inhabilitación para obtener otro cargo público por un término de tres a seis años, y pagarán una multa igual al duplo de la cantidad que hubiere exigido indebidamente. Si ésta pasare de cien cuotas, se le impondrá, además, de seis meses a tres años de prisión.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Las sanciones de este artículo, se aplicarán también a los encargados o comisionados por un funcionario público que, con aquella investidura, cometan el delito de concusión.

En caso de reincidencia se duplicarán las penas establecidas en este artículo.

Párrafo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO VII

DELITOS COMETIDOS EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

Artículo 204.- Se impondrá prisión de tres meses a cinco años a los servidores públicos o de organismos descentralizados, que:

1. Sustrajeren, destruyeren u ocultaren documentos o papeles que les estuvieren confiados por razón de su cargo;

2. Teniendo a su cargo la custodia de documentos o efectos sellados por la autoridad, quebrantaren los sellos o consintieren su quebrantamiento; y

3. Abrieren o consintieren abrir sin la autorización correspondiente, papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada.

CAPÍTULO VIII

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Artículo 205.- Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia.

Para determinar el enriquecimiento del servidor público, se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, además de lo que sobre este particular disponga la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.

Al servidor público que cometa el delito de enriquecimiento ilícito, se le impondrán las siguientes sanciones:

1. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se comete el delito, se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, y

2. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, se impondrán de dos a doce años de prisión y multa de doscientas a trescientas cincuenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo reformado POG 30 de junio de 2004 (Decreto 502); 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO IX

TRÁFICO DE INFLUENCIA Y NEGOCIACIONES ILÍCITAS

Artículo 206.- Comete el delito de tráfico de influencia y negociaciones ilícitas:

1. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión;

2. Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior;

3. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;

4. Al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado de Zacatecas o de alguno de sus municipios con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero:

1. Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los beneficios que obtenga, o

2. Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los beneficios que obtenga, la oculte;

5. Al servidor público que autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación;

6. El servidor público que por sí o por interpósita persona, autorice, conceda, otorgue honorarios, sueldos, salarios, aguinaldos, bonos, primas, prestaciones y seguridad social, o beneficios análogos, a persona que no realice actividad, ni preste servicios laborales en alguno de los entes públicos señalados en el artículo 192 Septies de este Código, y

7. La persona que reciba honorarios, sueldos, salarios, aguinaldos, bonos, primas, prestaciones y seguridad social, o beneficios análogos, sin que realice actividad, ni preste servicio en alguno de los entes públicos señalados en el artículo 192 Septies de este Código.

A quien cometa este delito se le impondrán de dos a seis años de prisión y de doscientas a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Artículo reformado POG 29 de diciembre de 1993 (Decreto 50); 30 de junio de 2004 (Decreto 502); 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO X

INTIMIDACIÓN

Capítulo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 206 Bis.- Comete el delito de intimidación el servidor público que:

1. Por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la correspondiente a la responsabilidad de los servidores públicos, o

2. Con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción anterior, realice una conducta ilícita u omita una lícita debida, que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.

Al que cometa el delito de intimidación, se le impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 206 Ter. Para sancionar los delitos cometidos en el Título Octavo Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de este ordenamiento, se estará a lo siguiente:

Cualquier persona podrá denunciar en calidad de afectado un acto de corrupción cometido por servidores públicos, aunque no se demuestre una afectación directa a una persona en lo particular.

A toda persona que denuncie, aporte datos eficaces y efectivos referentes a actos de corrupción cometidos por servidores públicos:

I.- Se le otorgará una recompensa con valor económico equivalente al 50 por ciento de la cantidad que el estado recupere tras los procedimientos de sanción de los actos ilícitos. Dicha recompensa será entregada una vez que el servidor público haya sido encontrado culpable de dicho delito.

II.- Cuando no sea posible cuantificar el beneficio de la recompensa, esta será equivalente a 353 salarios diarios mínimos vigentes.

III.- Al sancionar cualquier acto de corrupción, los juzgadores quedan obligados a especificar si algún ciudadano ha participado en el proceso y es merecedor de recompensa económica, señalando el monto, en tal caso deberá emitir una sentencia en versión pública para sea difundida en el periódico oficial y deberá emitir el acuerdo respectivo para que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado realice el pago a favor del ciudadano en un máximo de 10 días hábiles.

IV.- Por ningún motivo se perseguirá a los funcionarios que hagan públicos documentos oficiales con el fin de denunciar un acto de corrupción cometido por otros servidores públicos.

V.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas deberá facilitar seguridad y protección a quien denuncie un acto de corrupción cuando exista riesgo de represalias.

VI.- Toda persona podrá filmar cualquier acto de autoridad para documentar posibles actos de corrupción y no podrá ser detenido por filmar, aun cuando se alegue obstrucción de la justicia.

Artículo adicionado POG 17 de diciembre de 2022 (Decreto 111)

TÍTULO NOVENO

CAPÍTULO I

DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN OTROS RAMOS

DEL PODER PÚBLICO

Artículo 207.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años o destitución del cargo y en ambos casos multa de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a los servidores públicos, policías, empleados o auxiliares de la administración y procuración de justicia que cometan alguno de los delitos siguientes:

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y

31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

1. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento para ello;

2. Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley le prohíba;

3. Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio de su profesión;

Fe de erratas POG 17 de mayo de 1986

4. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;

5. No cumplir, sin causa fundada para ello, una disposición que legalmente se les comunique por superior competente;

6. Dictar una resolución de fondo o una sentencia definitiva con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre con grave negligencia y no por simple error de opinión y se produzca daño en la persona, el honor o los bienes de alguien o en perjuicio del interés social;

Fracción reformada POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

7. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio o cualquiera otra persona;

8. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

9. Abstenerse el Ministerio Público de ejercitar la acción penal o judicializar la investigación cuando se hayan reunido los requisitos constitucionales y con arreglo a la ley procesal aplicable, sobre persona señalada como probable responsable de algún delito; no promover las pruebas conducentes a la comprobación del delito y de la responsabilidad penal del inculpado o imputado; no presentar en tiempo, sin causa justificada, las conclusiones o acusación que procedan, o formularlas sin que concurran los requisitos de forma y fondo que señala la legislación procesal penal;

Fracción reformada POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

10. …

Fracción derogada POG 29 de diciembre de 1993 (Decreto 50)

11. …

Fracción derogada POG 29 de diciembre de 1993 (Decreto 50)

12. A los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento que cobren cualquier cantidad a los internos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado, para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen disciplinario interno.

13. Ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia, y

Fracción adicionada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

14. Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.

Fracción adicionada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 208.- Se impondrán de seis meses a seis años de prisión, suspensión definitiva del cargo y multa de diez a cien cuotas, al defensor público de un imputado, que no realice una defensa técnica y adecuada desde el momento en que asuma el cargo.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 209.- Las disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán, en lo conducente, a todos los funcionarios o empleados de la administración pública, cuando en el ejercicio de su cargo o comisión, ejecuten los hechos o incurran en las omisiones que expresan los propios artículos.

CAPÍTULO II

DELITOS DE ABOGADOS PATRONOS

Capítulo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 210.- Se impondrá suspensión de un mes a un año en el ejercicio profesional y multa de cincuenta a cien cuotas, a los abogados patronos, si cometen alguna de las siguientes conductas:

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

1. Alegar dolosamente, hechos falsos, o leyes inexistentes o derogadas;

2. Presentar o aconsejar a sus patrocinados que presenten testigos o documentos falsos.

En el caso de la fracción II, las sanciones expresadas se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por la participación del infractor en la comisión del delito de falsedad en declaraciones ante la autoridad, falsificación de documentos o uso de los mismos.

Artículo 211.- Además de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, se impondrá a los abogados patronos prisión de seis meses a seis años:

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

1. Por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o cuando se acepte el patrocinio de alguno y se admita después el de la parte contraria;

2. Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño;

3. Por realizar la conducta a que se refiere el artículo 208 de éste Código.

Fracción reformada POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Se aplicarán las mismas penas a los apoderados, asesores jurídicos, representantes, abogados patronos o defensores de los entes públicos señalados en el artículo 192 Septies de este Código, que no realicen una defensa técnica adecuada o dejen de dar seguimiento a los procedimientos a su cargo.

Párrafo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

TÍTULO DÉCIMO

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

CAPÍTULO I

RESPONSABILIDAD MÉDICA

Artículo 212.- Los médicos generales, especialistas, odontólogos, practicantes, parteros, pasantes y demás profesionales similares y auxiliares serán responsables por los daños que causen en la práctica de su profesión, en los términos siguientes:

1. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean intencionales o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o inhabilitación definitiva en caso de reincidencia;

Fracción reformada POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

2. Estarán obligados a la reparación del daño, no solamente por sus actos propios, sino también solidariamente por los de sus ayudantes, enfermeros o practicantes, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos.

Artículo 213.- El artículo anterior se aplicará a los profesionales, similares y auxiliares que habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada, y no den aviso inmediato a la autoridad correspondiente.

Artículo 214.- Quienes ejerzan la medicina y sin causa justificada se nieguen a prestar sus servicios a un enfermo que lo requiera por notoria urgencia, o dicha negativa haya puesto u ordinariamente ponga en peligro la vida, por exigir que se les paguen o garanticen anticipadamente sus honorarios, serán sancionados con la pena de uno a tres años de prisión, multa de cincuenta a cien cuotas y prestación obligatoria de servicio a favor de la comunidad de hasta tres meses.

Párrafo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72), y 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Si se produjere daño por la falta de intervención, las penas anteriores se duplicarán y, además, se impondrá inhabilitación para el ejercicio profesional por un término de tres meses a dos años. Cuando la falta de intervención y el daño consiguiente sean imputables a los directores, administradores o encargados del sanatorio, hospital o establecimiento de salud en donde el médico preste sus servicios, serán aquellos y no éste quienes incurran en responsabilidad penal y deban ser sancionados con las penas previstas en este párrafo y el anterior.

Párrafo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72), y 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Cuando una persona de las mencionadas en el artículo 212 efectúe una exploración ginecológica por motivos deshonestos o que no sea necesaria, se le sancionará con prisión de tres meses a un año y multa de diez a cincuenta cuotas. Si con la exploración se causa el desfloramiento, las sanciones se duplicarán, sin perjuicio de las que deban aplicarse por los otros delitos que por el mismo acto se cometan.

Artículo 215.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años, multa hasta de cien cuotas y suspensión de tres meses a un año, a los directores, administradores o encargados de cualquier sanatorio, hospital, clínica, maternidad o cualquier otro establecimiento similar, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

1. Impedir la salida de un paciente o de un recién nacido, cuando aquél o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;

2. Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de la autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los propietarios, administradores, empleados o encargados de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los propietarios, empleados o encargados de una farmacia que al surtir una receta sustituyan de motu proprio la medicina específicamente prescrita por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se indicó.

CAPÍTULO II

RESPONSABILIDAD TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Artículo 216.- Los ingenieros, arquitectos, veterinarios, agrónomos, maestros de obras, contratistas y en general todos los que se dediquen al ejercicio de una profesión, arte o actividad técnica, serán igualmente responsables y sancionados en la forma y términos que previene la fracción I del artículo 212, cuando causen daños indebidos en el ejercicio de su profesión, arte o actividad técnica. Estarán asimismo obligados a la reparación del daño en los términos de la fracción II del propio artículo.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

FALSEDAD

CAPÍTULO I

FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS AL PORTADOR, DOCUMENTOS DE CRÉDITO, VALES DE PAPEL O CUALQUIER DISPOSITIVO ELECTRÓNICO EN FORMA PLÁSTICA

Capítulo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 217.- Al que cometa el delito de falsificación de títulos al portador o documentos de crédito, se le impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de diez a cincuenta cuotas.

Comete el delito de que habla el párrafo anterior, el que falsificare:

1. Obligaciones u otros documentos de crédito o los cupones de intereses o de dividendos de esos títulos; y

2. Las obligaciones y otros títulos legalmente emitidos por sociedades o empresas, o por las administraciones públicas del Estado o Municipios, y los cupones de intereses de los dividendos de los documentos mencionados.

3. Vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios.

Fracción adicionada POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 218.- Las mismas sanciones se aplicarán al que introduzca al Estado o ponga en circulación en él los documentos falsos de que habla el artículo anterior.

CAPÍTULO II

FALSIFICACIÓN DE SELLOS, MARCAS, LLAVES Y TROQUELES

Artículo 219.- Se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cinco a veinte cuotas:

1. Al que falsifique llaves, sellos, marcas oficiales o de los notarios públicos;

2. Al que falsifique las marcas o contraseñas que alguna autoridad use para identificar cualquier objeto, o para asegurar el pago de algún impuesto; y

3. Al que falsifique los punzones, matrices, planchas o cualquier otro objeto que sirva para la fabricación de acciones, obligaciones, cupones o documentos de que habla el artículo 217.

Artículo 220.- Se impondrá prisión de uno a seis años y multa de cinco a veinte cuotas:

1. Al que falsifique llaves, cualquier sello o marca, estampilla o contraseña de un particular, de una casa de comercio o de establecimiento industrial;

2. Al que a sabiendas enajene un sello, punzón o marca falsa ocultando este vicio;

3. Al que haga desaparecer alguno de los sellos de que hablan las fracciones anteriores;

4. Al que procurándose los verdaderos sellos, punzones, marcas y demás, haga uso indebido de ellos; y

5. Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos o de los objetos falsos de que hablan este artículo y el anterior.

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Artículo 221.- El delito de falsificación de documentos públicos o privados se comete por alguno de los medios siguientes:

1. Poniendo una firma o rúbrica falsas, aunque sean imaginarias o alterando la verdadera;

2. Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica ajena en blanco, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otros, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;

3. Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto sustancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas o variando la puntuación;

4. Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento;

5. Atribuyéndose el que extiende el documento o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y sea necesaria para la validez del acto;

6. Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada, en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso contraer o los derechos que debió de adquirir;

7. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, asentando como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan se extendiere para hacerlos constar como prueba de ellos;

8. Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación sustancial; y

9. Alterando dolosamente un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo.

Artículo 222.- Para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita que concurran los requisitos siguientes:

1. Que el falsario saque o se proponga sacar provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero; y

2. Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en sus bienes, en su persona, en su honra o en su reputación.

Artículo 223.- La falsificación de documentos públicos o privados de que habla el artículo 221 se sancionará con prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a veinticinco cuotas.

Iguales sanciones se impondrán al que a sabiendas hiciere uso de un documento falso, sea público o privado.

CAPÍTULO IV

FALSIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES

Artículo 224.- Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas cuotas:

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

1. Al servidor público que, por engaño o sorpresa, hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido y sus efectos;

2. Al notario o cualquier otro servidor público que en ejercicio de sus funciones expida una certificación de hechos que no sean ciertos o dé fe de la que no consta en autos, registros, protocolos o documentos;

3. Al que para eximirse de un servicio debido legalmente o de una obligación impuesta por la ley, suponga una certificación de enfermedad o impedimento que no tiene, como expedida por un médico cirujano, sea que exista realmente la persona a quien la atribuya, ya sea ésta imaginaria o ya tome el nombre de una persona real, atribuyéndoles falsamente la calidad de médico o cirujano;

4. Al médico o cirujano que certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley o de cumplir una obligación que ésta impone o para adquirir algún derecho;

5. Al que haga uso de una certificación verdadera expedida para otro como si hubiere sido en su favor, o altere la que a él se expidió; y

6. A los encargados de un servicio de comunicaciones del Estado o del Municipio que supongan o falsifiquen un despacho.

CAPÍTULO V

FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD

Artículo 225.- Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas:

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

1. Al que interrogado por alguna autoridad distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, faltare a la verdad;

2. Al que examinado por la autoridad judicial como testigo, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando la existencia de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad.

Las sanciones que señala este artículo podrán duplicarse para el testigo falso que fuere examinado en un proceso penal, cuando al acusado se la imponga una sanción privativa de libertad y el testimonio falso haya tenido fuerza probatoria;

Fracción reformada POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

3. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete para que se produzca con falsedad en juicio, o los obligue o comprometa a ello intimidándolos o de otro modo;

4. Al intérprete que con dolo traduzca falsamente lo dicho por un inculpado, testigo, perito o cualquiera otro que declaren ante la autoridad judicial;

5. Al que con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado por la autoridad y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito determinado documento, afirmando un hecho falso o negando o alterando uno verdadero o sus circunstancias sustanciales, ya sea que lo haga en nombre propio o en nombre de otro;

Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que estime una cosa, cuando tenga el carácter de inculpado en una averiguación o proceso penal.

6. Al que, siendo autoridad, rinda a otra informe en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad, en todo o en parte.

Artículo 225 Bis.- Se equipara a la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad y se sancionará en los términos establecidos en el artículo anterior, a quien al solicitar la intervención de un Notario Público le proporcione información o datos falsos para que se hagan constar en un instrumento público sobre hechos o, actos jurídicos destinados a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones.

Artículo adicionado POG 19 de noviembre de 2014 (Decreto 179)

Artículo 226.- El testigo, el perito, el intérprete o el declarante a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo anterior que retracte espontáneamente sus falsas declaraciones u opiniones rendidas en juicio, antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las diera, sólo pagará una multa de cinco a quince cuotas o trabajo en favor de la comunidad hasta por quince días, a juicio del juzgador.

Pero si faltare también a la verdad al retractar sus declaraciones, se le aplicará la sanción correspondiente con arreglo a lo prevenido en este capítulo, considerándolos como reincidentes.

CAPÍTULO VI

FALSIFICACIÓN Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD

Capítulo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 227.- Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas cuotas.

Párrafo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

1. Al que oculte su nombre o apellido y tome otro imaginario o el de otra persona, al declarar ante una autoridad;

2. Al que para eludir la práctica de una diligencia judicial o administrativa o una notificación de cualquier clase o citación de una autoridad, oculte su domicilio, designe otro distinto o niegue de cualquier modo el verdadero;

3. Al funcionario o empleado que en los actos propios de su cargo, atribuyere a una persona determinada título o nombre, a sabiendas que no le pertenece y con perjuicio de alguien; y

4. Al que por cualquier medio manifieste ante la autoridad una nacionalidad falsa.

Artículo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83)

Artículo 227 Bis.- Se sancionará con prisión de uno a cuatro años y multa de doscientas a trescientas cuotas, a quien ejerza ilícitamente un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro, que lo individualiza ante la sociedad y que le permite a una persona física o jurídica colectiva ser identificada o identificable, para hacerse pasar por él.

Se equiparan a la usurpación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo anterior a quienes otorguen el consentimiento para llevar a cabo la usurpación de identidad o se valgan de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer algún ilícito.

Las sanciones previstas en este artículo se impondrán con independencia de las que correspondan por la comisión de otro u otros delitos.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

Artículo 227 Ter.- Las penas señaladas en el artículo anterior se incrementarán hasta en una mitad, cuando la usurpación sea cometida por un servidor público aprovechándose de sus funciones, o por quien sin serlo, se valga de su profesión o empleo para ello.

Artículo adicionado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO VII

USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS O DE PROFESIÓN

Artículo 228.- Se sancionará con prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a veinticinco cuotas:

1. Al que, sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;

2. Al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5° constitucional, se atribuya el carácter de profesionista; realice actos propios de una actividad profesional; ofrezca públicamente sus servicios como profesionista o use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello.

Fracción reformada POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO VIII

USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES, INSIGNIAS, DISTINTIVOS O UNIFORMES

Artículo 229.- Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas cuotas, al que usare vehículo, uniforme, insignia, distintivo o condecoración a que no tenga derecho, que sean exclusivos de corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia o de los centros de prisión preventiva o de ejecución de penas.

Independientemente de las penas previstas en otras leyes, se duplicará la sanción prevista en el párrafo anterior a quien:

1. Falsifique o comercie uniformes, insignias, distintivos, vehículos o identificaciones de las instituciones o corporaciones policiales, de procuración de justicia o militares, sin contar con la autorización legal para ello;

2. Utilice indebidamente armamento, material balístico, accesorios y equipo destinado a la seguridad pública;

3. Siendo miembro de alguna empresa, corporación o establecimiento autorizado por la ley para prestar servicios de seguridad privada, utilice armamento, material balístico, uniformes, insignias, identificaciones, equipo, material y accesorios que puedan confundirse con los autorizados a los miembros de corporaciones de seguridad pública o procuración de justicia; o

4. Sin autorización, acceda o utilice radiofrecuencias, bases de datos o archivos o cualquier medio de comunicación, resguardo de información o sistemas codificados dependientes de o al servicio de las corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia o de los centros de prisión preventiva o de ejecución de penas.

Cuando el sujeto activo tenga el carácter de servidor público será además separado de su cargo e inhabilitado del servicio público por el término de diez años.

Artículo reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES

Artículo 230.- Si el falsario hiciere uso de los documentos u objetos falsos que se mencionan en este título, la falsificación y el delito que por medio de ella cometa el delincuente, se sujetarán a las reglas del concurso.

Las disposiciones contenidas en este Título, no se aplicarán sino en lo que no esté previsto en las leyes especiales y no se oponga a lo establecido en ellas.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS

Título reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143)

CAPÍTULO I

ABUSO SEXUAL

Capítulo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143) y 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

Artículo 231.- A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá sanción de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización.

Párrafo reformado POG 30 de diciembre de 1989 (Decreto 83); 7 de junio de 1995 (Decreto 143) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la sanción será de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización. Existe la presunción legal de que la violencia fue el medio utilizado para la comisión del delito, cuando la víctima tuviere menos de doce años cumplidos.

Párrafo reformado POG 28 de mayo de 1994 (Decreto 72) y 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 232.- A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en persona menor de doce años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo o, en su caso, la haga observar, se le aplicará una pena de cuatro a siete años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientas veces la unidad de medida y actualización.

Párrafo reformado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena corporal se duplicará.

En los casos considerados por este artículo, se procederá de oficio contra el sujeto activo.

Artículo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143), 4 de agosto de 2012 (Decreto 414))

Artículo 232 Bis.- La conducta a que se refiere el artículo 231, se sancionará a petición del ofendido o de sus representantes.

Artículo adicionado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143), y reformado POG 4 de agosto de 2012 (Decreto 414)

CAPÍTULO I BIS

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL

Capítulo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

Artículo 232 Ter.- Comete el delito de violación a la intimidad sexual, quien por cualquier medio produzca, divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, solicite, publique o amenace con publicar, imágenes, audios o videos de una persona parcial o totalmente desnuda; de contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento, aprobación o autorización de la víctima.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Al responsable de este delito se le sancionará de cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.

Las penas se aumentarán en una mitad en su mínimo y máximo cuando:

1. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco por consanguinidad o afinidad; de matrimonio; de concubinato; noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;

2. El sujeto activo haya tenido con la víctima una relación laboral, social o política;

3. Se cometa en contra de una persona que no comprenda el significado del hecho;

4. Se cometa en contra de una persona en condición de vulnerabilidad;

5. La víctima sea menor de edad;

6. Se amenace con la publicación o se ofrezca el bloqueo de la difusión del contenido a cambio de una prestación sexual o económica, y

7. Un medio de comunicación impreso o digital compile o reproduzca estos contenidos o los haga públicos.

En los supuestos anteriores el delito se perseguirá de oficio.

Artículo adicionado POG 31 de agosto de 2019 (Decreto 159)

CAPÍTULO II

ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Capítulo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143) y 15 de agosto de 2018 (Decreto 393)

Artículo 233.- Comete el delito de acoso sexual, quien lleve a cabo conductas verbales, no verbales, físicas o varias de ellas, de carácter sexual y que sean indeseables para quien las recibe, independientemente de que se cause o no un daño a su integridad física o psicológica, se le sancionará con una pena de uno a tres años de prisión y de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Este delito se perseguirá por querella.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Si el sujeto pasivo fuera un niño, niña o adolescente o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se duplicará y el delito se perseguirá de oficio.

Artículo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143);

5 de julio de 1997 (Decreto 179) y 15 de agosto de 2018 (Decreto 393)

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

De la misma forma, cuando el sujeto activo cuente con antecedente documentado o querella, el delito se perseguirá de oficio.

Párrafo adicionado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo 233 bis. Al que a través de internet, teléfono móvil o cualquier tecnología de la información y comunicación, contacte a un niño, niña o adolescente para obtener contenido sexual o pornográfico del niño, niña o adolescente, lo produzca, divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, publique o amenace con publicar por cualquier medio o concertar un encuentro sexual con el mismo, independientemente de que se cause o no, un daño a su integridad física o psicológica, se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Cuando el contacto se haga a través del engaño o la violencia física o moral, o bien, cuando exista una relación de parentesco, trabajo, amistad, docencia o de confianza, entre la víctima y el imputado, la pena se aumentará hasta en una mitad más.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Se sancionarán tales conductas con independencia de que pudiere resultar cualquier otro delito.

Artículo adicionado POG 13 de septiembre de 2017 (Decreto 143)

Artículo 233 ter.- Comete el delito de hostigamiento sexual quien con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá pena de dos a ocho años de prisión y multa de cien a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito. Este delito se perseguirá por querella.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Si el sujeto pasivo fuera un niño, niña o adolescente o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se duplicará y el delito se perseguirá de oficio.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Cuando el sujeto activo se tratara de un servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa pública o privada, o de asistencia social, y utilice los medios o circunstancias que el propio encargo le proporcione, el delito se perseguirá de oficio y además de la pena que corresponda, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por un período igual al de la pena de prisión impuesta.

Párrafo reformado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

…

Párrafo derogado POG 08 de junio de 2022 (Decreto 798)

Artículo adicionado POG 15 de agosto de 2018 (Decreto 393)

CAPÍTULO III

Capítulo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143) y derogado 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

Artículo 234.-

Artículo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143); 4 de agosto de 2012 (Decreto 414) y derogado 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

Artículo 235.-

Artículo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143) y derogado 1 de junio de 2016 (Decreto 588)

CAPÍTULO IV

VIOLACIÓN

Capítulo reformado POG 7 de junio de 1995 (Decreto 143)