RESULTANDO PRIMERO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 03 de marzo de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que  en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado Osvaldo Contreras Vázquez, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0248, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO SEGUNDO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 15 de marzo de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción II de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentó el Licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública través del memorándum 0265, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO TERCERO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 14 de junio de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados Saúl Monreal Ávila, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Benjamín Medrano Quezada, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0397, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO CUARTO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 20 de septiembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado Ramiro Rosales Acevedo, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0487, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO QUINTO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 22 de septiembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado José Xerardo Ramírez Muñoz, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0494, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO SEXTO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 29 de septiembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0508, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO SÉPTIMO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 29 de septiembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0509, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO OCTAVO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 29 de septiembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados Felipe Ramírez Chávez, Ana María Romo Fonseca, Juan Francisco Cuevas Arredondo, Gregorio Macías Zúñiga, María Isabel Trujillo Meza, José Rodríguez Elías Acevedo, Blas Ávalos Mireles, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Roberto Luévano Ruíz, José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0511, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO NOVENO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 04 de octubre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0518, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO DÉCIMO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 13 de octubre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado José Alfredo Barajas Romo, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0534, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO DÉCIMO PRIMERO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 18 de octubre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó la Diputada Ma. de la Luz Domínguez Campos, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0542, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO DÉCIMO SEGUNDO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 20 de octubre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados Saúl Monreal Ávila, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Benjamín Medrano Quezada, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0544, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO DÉCIMO TERCERO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 22 de noviembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0617, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO DÉCIMO CUARTO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 22 de noviembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados José Alfredo Barajas Romo, Osvaldo Contreras Vázquez y Gustavo Muñoz Mena, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0618, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO DÉCIMO QUINTO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 13 de diciembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados José Marco Antonio Olvera Acevedo y Roberto Luévano Ruíz, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0659, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO DÉCIMO SÉXTO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 15 de diciembre de 2011, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0663, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO DÉCIMO SÉPTIMO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 06 de marzo de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado Gustavo Muñoz Mena, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 707, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO DÉCIMO OCTAVO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 08 de marzo de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado José Alfredo Barajas Romo, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 721, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO DÉCIMO NOVENO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 13 de marzo de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados Saúl Monreal Ávila, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Luis Gerardo Romo Fonseca, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 734, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO VIGÉSIMO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 21 de marzo de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados Saúl Monreal Ávila y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 755, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO VIGÉSIMO PRIMERO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 22 de marzo de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentaron los Diputados Felipe Ramírez Chávez, José Alfredo Barajas Romo, Benjamín Medrano Quezada, Ana María Romo Fonseca, Juan Francisco Cuevas Arredondo, Gregorio Macías Zúñiga, María Isabel Trujillo Meza, José Rodríguez Elías Acevedo, Blas Ávalos Mireles, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Roberto Luévano Ruíz y Ramiro Rosales Acevedo, integrantes de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0765, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO VIGÉSIMO SEGUNDO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 17 de abril de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó la Diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0799, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

RESULTANDO VIGÉSIMO TERCERO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 08 de mayo de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 46 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción I de su Reglamento General, presentó el Diputado José Alfredo Barajas Romo, integrante de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0836, para su estudio y dictamen correspondiente.

RESULTANDO VIGÉSIMO CUARTO.- En Sesión del Pleno correspondiente al día 19 de junio de 2012, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción II de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentó el Licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado.

 

Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Seguridad Pública a través del memorándum 0908, para su estudio y dictamen correspondiente.

 

CONSIDERANDO PRIMERO.- La Honorable Sexagésima Legislatura del Estado de Zacatecas tiene competencia para legislar en relación a las iniciativas referidas, si atendemos a lo establecido por los artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; fracciones I y XXIII del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con lo que dispone el artículo 124 de la Constitución General de la República.

 

En efecto, el contenido de las disposiciones constitucionales antes invocadas es del tenor siguiente:

 

 

 

Sirve también como fundamento del presente acto legislativo lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 17, 42 fracción I, 43, 44, 52, 53, 56, 96 fracción III, 123, 124 fracción XII, 125, 139 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 1, 2, 49 fracción I, 67, 70, 71, 93, 106, 107 y demás relativos y aplicables del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Al respecto, se estimó necesario y procedente expresar las siguientes consideraciones:

 

Los integrantes de la sociedad, en su interrelación, se rigen por un conjunto de principios y valores cuyo respeto y observancia garantizan la permanencia misma del conglomerado social.

 

Al interior de la agrupación social existen normas de conducta cuyas características específicas son su exterioridad, heteronomía, bilateralidad y coercibilidad, hablamos, en específico, de las normas jurídicas.

 

El derecho, en su acepción más elemental, es entendido como el conjunto de normas externas, heterónomas, bilaterales y generalmente coercibles que tienen por objeto regular la conducta del hombre cuando vive en sociedad.

 

La existencia de una norma jurídica para el hombre que no se interrelaciona con otras personas carece de todo sentido y se opone a la naturaleza misma de la disposición normativa. Sin embargo, ante la conflictiva social, la norma adquiere relevancia como instrumento que permite a los individuos y, a final de cuentas, al grupo social, recuperar las condiciones de armonía y paz social que permitan alcanzar las condiciones mínimas para que el ser humano logre su más alto objetivo: su desarrollo integral.

 

Dentro del cúmulo de disposiciones legales que constituyen un determinado ordenamiento social, quizás las que integran el denominado “derecho penal” sean las que adquieran mayor relevancia para lograr la paz y armonía sociales, en función de los valores jurídicos que protegen; en este sentido se pronuncian diversos autores, entre ellos el posdoctor en derecho Enrique Díaz Aranda quien enseña que el derecho penal es “…el sistema de normas emitidas por parte del Estado a través de la ley para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas consideradas como delictivas, por lesionar bienes fundamentales para la sociedad, con el fin de que eviten su comisión, indicando al juez los presupuestos y sanción, sea pena de prisión o medida de seguridad, a imponer a quienes las realicen” (Véase DÍAZ Aranda, Enrique; Derecho Penal Parte General, Editorial Porrúa, México, 2004, Página 7).

 

En su referida obra, explica, el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuál  debe ser la teleología de la utilización del derecho penal por parte del Estado al señalar: “la aplicación del derecho penal dentro de los parámetros de un Estado social y democrático de derecho, cuyos resultados se manifiestan en la realidad con bajos índices de criminalidad; sanción efectiva de los delincuentes, sin olvidar su posterior reintegración social; seguridad jurídica de los ciudadanos, y, consecuentemente, un desarrollo del individuo sustentado en la tranquilidad de que sus bienes jurídicos son tutelados efectivamente por el Estado, empleando para ello al derecho penal como último recurso” (Op. Cit. Página XIII).

 

Quienes integraron la Comisión Legislativa de Seguridad Pública de esta Honorable Sexagésima Legislatura del Estado advirtieron que, de manera muy sintetizada, esa es la gran finalidad en la que convergen el Gobernador del Estado y las Diputadas y Diputados que presentaron las diversas iniciativas que se dictaminaron en este instrumento legislativo.

 

De manera categórica, creemos que Zacatecas requiere, con urgencia, que su sistema jurídico, y en especial el que corresponde a la materia penal, sea actualizado con objeto de que permita responder, de manera adecuada y oportuna, a las exigencias de una realidad social que se caracteriza por delitos que impactan, severamente, la percepción negativa que tiene la sociedad respecto de la seguridad física de sus integrantes así como del legítimo ejercicio de sus derechos y sobre la propiedad y posesión de sus bienes.

 

Esta es una realidad que requerimos cambiar, de manera inmediata, con respeto irrestricto a los mandatos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales que con acuerdo a la misma ha celebrado nuestro País y las Leyes Secundarias vigentes.

 

Tenemos la firme convicción de que ninguna reforma legal, independientemente de su importancia, debe atentar contra los derechos humanos consagrados en Nuestra Carta Fundamental y los Tratados Internacionales suscritos por nuestro País con observancia a lo dispuesto por la Propia Constitución General de la República.

 

Nuestra Carta Magna ha sido, es y será el faro que ilumine el sendero por el que México y Zacatecas (en cuanto Parte de la Federación) habrán de trascender en el concierto de las naciones como País, y Entidad Federativa, preocupados por la seguridad de sus habitantes y como entes políticos respetuosos de los derechos fundamentales que no deben vulnerarse a quien le sea imputado un hecho delictivo e, incluso, que no se afecten mayores derechos que los que se le hayan privado a quien se le haya dictado sentencia ejecutoriada que le declare penalmente responsable por la comisión de un delito.

 

Al final del día, siempre habremos de tener en cuenta que el individuo que transgrede la norma penal sigue siendo integrante de la sociedad y que debemos estudiar las circunstancias por las que cometió el delito, a efecto de atenderlas, con la finalidad de que no reincida; a la par de que le ofrezcamos los medios idóneos para su adecuada reinserción a su comunidad.

 

En México, Zacatecas no es la excepción, está viviendo una situación preocupante en relación a las cuestiones relacionadas con la criminalidad; por ello, consideramos que debemos ser cuidadosos en las reformas que propongamos o aprobemos con objeto de que, en beneficio de los mexicanos y zacatecanos, puedan redundar en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.

 

El doctor Sergio García Ramírez, al prologar la obra de Everardo Moreno Cruz relacionada con la materia penal expresa, respecto de la reforma en materia procesal penal, que “…merecen cuidadoso examen y que han suscitado frecuentes polémicas” y advierte: “…No podía ser menos cuando se trata de normas concentradas en la regulación de temas que tienen en vilo -y en vela, ciertamente-, al país, a quienes lo gobiernan y a cuantos se interesan en la paz y el progreso de la República: seguridad pública y justicia penal” (Véase en MORENO Cruz, Everardo; El Nuevo Proceso Penal Mexicano, Lineamientos Generales; Editorial Porrúa, México, 2010, Página IX).

 

Sobre el particular, en su obra citada, el Investigador Invitado del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Internacional y Extranjero de Friburgo, Alemania; posdoctor Enrique Díaz Aranda, literalmente, expresa: “Actualmente vivimos en México con la constante zozobra del delito. Nadie tiene seguros sus bienes fundamentales, y la única esperanza parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal. Lo cierto es que este último sólo es uno de los medios para alcanzar nuestro ideal, pero en la medida en que el orden jurídico-penal se comprenda, interprete y aplique correctamente estaremos en la vía adecuada para alcanzarlo” (Op. Cit. Página. XIV).

 

En consecuencia, esta Asamblea Popular coincide con el Gobernador del Estado, y con las diputadas y diputados iniciantes, en el sentido de que Zacatecas requiere, de manera urgente, reformar su legislación penal sustantiva con objeto de dotar a los órganos de procuración, impartición y administración de justicia, de las herramientas jurídicas necesarias que permitan afrontar, de mejor manera, el fenómeno delincuencial que vivimos en la actualidad.

 

Al emitir el dictamen, los diputados que integraron la Comisión Legislativa de Seguridad Pública, reflexionaron respecto de que el Código Penal del Estado de Zacatecas ha cumplido 26 años de vigencia pues fue promulgado por decreto número 241, publicado en el Periódico Oficial del día 17 de mayo de 1986.

 

Durante las dos últimas décadas, los cambios que ha experimentado la sociedad mexicana, en particular la nuestra, han sido enormes. El Estado enfrenta nuevas realidades y exigencias sociales; tan sólo en el último lustro, según el Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2011, la población en el Estado de Zacatecas pasó de 1´367,692 habitantes en 2005, a 1´490,668; la incidencia criminal que se venía observando amplió su expresión a los delitos conocidos como de alto impacto pues no sólo los delitos que conforman al grupo de los patrimoniales y aquellos que atentan contra la vida y la integridad corporal ocuparon la atención de las investigaciones y la acción de los Tribunales, sino que la privación ilegal de la libertad, el conocido como secuestro exprés y algunos hechos de extorsión, han aumentado su presencia.

 

Al analizar los datos de las estadísticas que se han generado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la actividad de las Agencias Investigadoras y los datos registrados por el Poder Judicial, nos permiten señalar que la prevención general y la prevención particular efectiva no es una realidad; por el contrario, dada la baja intensidad de los grados de punibilidad que se encuentran legislados en nuestro Código Penal, pueden ser vistas como un incentivo para desarrollar conductas delictivas, pues quien delinque puede anticipar que será sancionado con poca severidad y obtener, en el corto plazo, beneficios para cumplir con las penas, generando un efecto poco deseable en las víctimas del delito, a quienes el resarcimiento del daño causado no llega y consideran devaluados, de su esfera jurídica, los bienes más preciados, como su libertad, patrimonio e incluso su vida; pues, a manera de ejemplo, basta señalar que la reparación del daño causado en el caso del homicidio, actualmente, no rebasa los treinta mil pesos. De esta forma, la sociedad termina por considerar que la afectación al bien jurídico tutelado carece de relevancia frente a los derechos de todo imputado; por ello, debe hacerse el esfuerzo de regresar a un equilibrio necesario entre ambos extremos, generando un derecho penal razonable para el sometido al sistema, pero justo también para la víctima, siendo, ese, uno de los propósitos de esta reforma.

 

Por otro lado, estamos conviviendo con dos sistemas de justicia criminal. Este evento, que se viene experimentando desde el 5 de enero de 2009 con la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, exige una política criminal más congruente, ajustando los principios del Código Penal para que sean acordes a esta dinámica, conscientes de que al término de la implantación absoluta del sistema acusatorio, se tendrá que hacer un segundo esfuerzo de actualización normativa sustantiva penal.

 

Por razones de política criminal, para permitir que los asuntos de bajo impacto sean resueltos en etapas muy tempranas, a través de la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, e incluso mediante sobreseimiento por la procedencia del perdón, en este proyecto se propone aumentar los casos de querella necesaria, y por vía de consecuencia, el perdón de la víctima u ofendido permitirán que causas que no deben seguir en el sistema de justicia penal se sobresean y generen la necesaria descongestión del sistema para enfocar los esfuerzos del Estado en la procuración y administración de justicia en los asuntos relevantes.

 

La actualización del Código Penal como instrumento de protección de bienes jurídicos esenciales, parte del reconocimiento de que ciertas figuras típicas en realidad ya están suficientemente tuteladas por otras ramas del derecho o no deben ser criminalizadas ciertas conductas, pues en caso de que se generen conflictos entre los particulares y daños o perjuicios, quienes así lo consideren, podrán hacer uso de sus derechos en la vía civil o administrativa, lo que contribuirá a la optimización del sistema de justicia penal.

 

Un esfuerzo importante que se está generando en este proyecto, es el de incorporar nuevas figuras típicas, ampliando la protección efectiva de ciertos bienes jurídicos del más elevado interés social, como es el caso del feminicidio, con lo que se busca tratar un tema tan delicado y lacerante, y llevarlo al catalogo de los bienes jurídicos protegidos por nuestro Código Penal, incorporando al texto normativo una política criminal más acorde al fenómeno cada día más recurrente y aberrante, que significan los atentados a la dignidad de las mujeres.

 

Lo mismo ocurre respecto de los tipos penales que tienden a la protección del medio ambiente; los que buscan evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por mencionar algunos de los que esta reforma incorpora, dando un giro a la política criminal que el estado venía observando en estos temas, atendiéndolos y legislado adecuadamente.

 

Asentado lo anterior, se consideró procedente analizar cada una de las iniciativas presentadas con la finalidad de determinar su viabilidad o inviabilidad buscando, con ello, presentar un Instrumento Legislativo en el que procuramos conjugar las propuestas presentadas.

 

Por razones de metodología, se partió del análisis de la Iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, considerando que es la más amplia y permite la posibilidad de conjugarla con cada de las iniciativas presentadas por las diputadas y los diputados e, incluso, con iniciativas diversas presentadas, con anterioridad, por el propio Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

 

En razón de lo anterior, se procedió a valorar las iniciativas agrupándolas en cinco grandes temas: 1) Homologación de la terminología del Código Penal para el Estado de Zacatecas con el Sistema de Justicia Acusatorio y oral; 2) Incremento de las penas de prisión y pecuniarias aplicables a algunos delitos en lo específico; 3) La creación de nuevos tipos penales; 4) La derogación de algunos tipos penales, y 5) Regular algunas cuestiones específicas concernientes a temas como la reparación del daño, la persecución de los delitos (de oficio o por querella), etc.

 

1)     HOMOLOGACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS CON EL SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO Y ORAL;

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se estableció el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

 

A través de esta reforma se definieron las bases para la implementación, en México, de un nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral.

 

En el dictamen que respecto de la Minuta correspondiente produjo la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en relación a la implantación del referido Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal se ordenó que se llevaría a cabo “… respetando los fundamentales principios y características de los sistemas acusatorios, y adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras instituciones, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la cultura y tradición jurídica mexicana”.

 

Por su parte en el Primer Dictamen que produjeron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión al valorar, en lo general, las iniciativas que se propusieron y en razón de las cuales se adoptaría el Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal de Naturaleza Acusatorio y Oral, se dijo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mencionado dictamen se indica que existe la necesidad de adecuar la terminología al Nuevo Sistema de Procesamiento Penal, cuestión que ocurre, también, en el Estado de Zacatecas, en el que, mediante decreto número 511, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, de fecha 15 de septiembre del año dos mil siete, entró en vigor y se aplica ya, dicho Sistema de Enjuiciamiento, en el Distrito Judicial de la Capital a partir del cinco de enero del año dos mil nueve.

 

Ahora bien, coincidimos con las iniciativas que se dictaminaron, en las que se propuso la adecuación de la terminología toda vez que, con ellas, se estaría en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se evitarían posibles confusiones al momento de la aplicación de este Ordenamiento Penal.

 

En algunos casos, la adecuación de la terminología obedece a que se deben integrar conceptos que la legislación penal vigente no considera, como es el caso de la interceptación de comunicaciones electrónicas, no previstas por el actual Código Penal.

 

En ese sentido, consideramos procedentes las reformas que se proponen a los artículos 23 en que sustituye la figura del Ejecutivo por la de Juez de Ejecución; el artículo 30 en el que se sustituye el nombre del Código de Procedimientos Penales por el de Código Adjetivo Penal; 40 en el que se precisa que siempre se le deberá hacer la amonestación al sentenciado; 56, segundo párrafo en el que se integra al Juez de Ejecución como la autoridad competente para reducir la pena impuesta en razón del inicio en vigor de una nueva ley; 74 en el que se sustituye el Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas por la Ley de Ejecución de Sanciones aplicable, como el Cuerpo Normativo conforme al cual debe tramitarse el procedimiento para la conmutación de la sanción impuesta; 75 en el que se sustituye al Ejecutivo por el Juez de Ejecución, como la autoridad competente para dictaminar la medida pertinente a aplicar al reo que acredite que no puede cumplir alguna de las circunstancias de la sanción; 91 en el que se sustituye el Código de Procedimientos Penales por el Código Penal Adjetivo y, adicionalmente se agrega que con motivo de la revisión puedan acreditarse otras circunstancias que sobrevengan y hagan injusta la sentencia como causa de que se reconozca la inocencia y, por tanto, se anule la sentencia ejecutoria; 156 en el que prevé que los padres no serán sancionados cuando abran o intercepten las comunicaciones escritas o electrónicas de sus hijos menores de edad; 162 en el que se sustituye el término averiguación por el de investigación; 168 en el que se sustituye el nombre del Supremo Tribunal de Justicia por su actual nombre: Tribunal Superior de Justicia; el nombre del Capítulo Único del Título Quinto omitiendo las calificativas de sexual o nutricio para el contagio; 203 en el que se precisa que al responsable del delito de concusión se le aplicará inhabilitación para obtener otro cargo público en lugar de la palabra similar, que pudiera dar lugar a problemas en su interpretación; el nombre del Capítulo II del Título Noveno y el texto de los artículos 210 y 211, en los que se omite la palabra litigantes en razón de que, atendiendo al principio de defensa técnica adecuada, los imputados sólo pueden ser defendidos por profesionistas del derecho; 246, párrafo tercero en el que se sustituye el nombre de Código Tutelar para Menores por el de Ley de Justicia para Adolescentes; 278 en el que se cambia el nombre de Supremo Tribunal por el de Tribunal Superior que corresponde a su denominación actual; 327 en el que se sustituye la expresión antes de que se decrete auto de formal prisión por antes de que se resuelva su situación jurídica, expresión ésta que es acorde al Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio y Oral; 365 en el que se corrige la palabra proceda por preceda en relación a que se fincará responsabilidad penal al servidor público que libre una orden de aprehensión sin que previamente exista denuncia o querella legalmente formulada; 366, último párrafo en el que, atendiendo a la terminología que utiliza el Nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal cambia la palabra inculpado por imputado; 368 en el que se sustituye la palabra servidor público por juez, dicte por resuelva y de sujeción a proceso o de no sujeción a proceso con efectos de libertad por la legal situación jurídica del imputado; 369, fracción I en que se sustituye la palabra inculpado por imputado; 369, fracción II en la que se cambia la palabra inculpado por imputado y la expresión de oficio (refiriéndose al defensor) por defensor público; 369, fracción III en que se propone una nueva redacción de la fracción en lugar de la anterior respecto de la declaración del imputado y de que dicha declaración debe realizarse con acuerdo a las formalidades y derechos que establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

2)         AUMENTO DE PENAS CORPORALES Y PECUNIARIAS

 

En relación al apartado de “aumento de penas corporales y pecuniarias”, coincidimos con las Diputadas y Diputados Iniciantes y con el Gobernador del Estado cuando, de manera esencial, expresan que la realidad política, económica y social del Estado ha cambiado respecto de la que imperaba en la fecha en que fue expedido el vigente Código Penal para el Estado de Zacatecas, es decir, la que se vivía en el año 1986.

 

Concordamos en que, efectivamente, en estos más de veinticinco años de vigencia de la Actual Legislación Penal; la delincuencia se ha incrementado, es más violenta y afecta en mayor medida el tejido social poniendo en una seria situación de inestabilidad la paz y armonía social por atentar contra los valores fundamentales de la sociedad.

 

 

Conjuntamente con las Diputadas, Diputados y el Gobernador de esta Entidad Federativa que han presentado iniciativas en este apartado, convergemos en que el Estado debe llevar a cabo una respuesta contundente ante esta realidad que permita una efectiva prevención del delito, por una parte, y, por la otra, la aplicación de penas que tengan efectiva ejemplaridad para las personas que cometan conductas delictivas.

 

Tenemos la convicción de que antes que castigar debemos prevenir, sin embargo, también coincidimos en que a la persona que cometa un delito se le debe imponer una pena que cumpla efectivamente con su doble finalidad: con la de constituirse en una prevención general, es decir, que se traduzca en el ejemplo para todos los integrantes de la colectividad respecto de lo que les puede pasar para el caso de que realicen una conducta delictiva y, por otra parte, la de prevención especial, como castigo impuesto al delincuente que tiene como finalidad particular el evitar que vuelva a delinquir.

 

Los estudiosos del derecho penal coinciden en que la pena, en sí misma, debe ser suficiente entendiendo, por ello, que debe ser bastante para cumplir con su fin y no excesiva ni escasa.

 

Al efecto, consideramos oportuno reproducir algunos de los argumentos que expresó el entonces Presidente de la República, cuando el trece de noviembre de 1998, ante la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión presentó, a su consideración, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, incluidas, entre ellas, las concernientes al aumento del límite máximo de la pena de prisión, así como los límites superiores en tratándose de diversas figuras delictivas.

 

Argumentó, el entonces Titular del Poder Ejecutivo Federal, lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En razón de lo anterior, esta Sexagésima Legislatura del Estado, con los comentarios que en cada caso particular señalaremos, expresamos nuestra coincidencia con las iniciativas que, en este apartado de incremento de penas, se integran a este Decreto.

 

La diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y los diputados Benjamín Medrano Quezada y Saúl Monreal Ávila, en su iniciativa presentada en fecha 14 de junio de 2011 propusieron que se incremente el límite superior de las penas de prisión a sesenta años.

 

Al respecto, considerando que actualmente el límite superior es de treinta años, que según se analizó, varias entidades del País consideran el límite superior de la pena de prisión en un promedio de setenta años o mayor y de que se está haciendo un planteamiento general en función de que este límite superior sea de cincuenta años, estima que ese sea el parámetro y, en todo caso, se evalúe la eficacia que esta medida reporta, en materia de política criminal, con objeto de analizar, en el futuro, la posibilidad de su nuevo incremento.

 

En ese sentido coincidimos con la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado cuando propone que se reforme el artículo 21 del Código Penal del Estado de Zacatecas para el efecto de que el límite superior de las penas de prisión que puedan imponerse a las personas sea de cincuenta años.

 

Esta reforma encuentra su motivación, como antes lo dijimos, en la situación actual que enfrenta la sociedad respecto del tema delincuencial; requerimos que en Zacatecas la pena de prisión tenga, plenamente, el efecto disuasivo que caracteriza a la pena privativa de la libertad, aunado a que al llevar a cabo un estudio comparativo entre nuestro Código Penal con respecto al de otras entidades federativas observamos que nuestra Legislación Sustantiva en la Materia presenta el límite superior de la pena de prisión notoriamente bajo; a manera de ejemplo, señalaremos que en la legislación penal correspondiente en el Distrito Federal prevé una pena máxima de 70 años, la del Estado de México señala que puede ser vitalicia; la del Estado de Veracruz indica que puede ser de 70 años o vitalicia, la de Estado de Chiapas considera una pena de hasta 110 años, la del Estado de Oaxaca prevé una pena de hasta 70 años y la del Estado de Guerrero de 75 años. Luego entonces, resulta procedente que en el Estado de Zacatecas incrementemos el límite superior de la pena de prisión que actualmente es de treinta años a cincuenta años, tal y como lo sugiere el Gobernador del Estado al proponer la reforma al artículo 21 del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

 

La reparación del daño, en su acepción más elemental, consiste en regresar el statu quo ante y resarcir los perjuicios derivados de la comisión del delito.

 

 

En ese tenor, se consideró que, mediante la reparación del daño, la víctima u ofendido deben quedar satisfechos, en la mayor medida de lo posible, respecto del daño que por los conducta delictiva se les haya causado.

 

En consecuencia, consideramos procedente la propuesta de reforma al artículo 34 que sugiere que cuando el daño que se cause al ofendido produzca su muerte, la indemnización por reparación del daño se fije aplicando del doble de las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo.

 

Respecto del artículo 59 del Código Penal, en concordancia con la proposición de incrementar las penas imponibles, convergemos con la propuesta de aumentar el límite inferior de las penas de prisión que pudieran imponerse para el caso de los delitos culposos; así como de aumentar los límites inferior y superior de la pena pecuniaria; con ello, pretendemos que considerada la propia naturaleza de la conducta culposa, las personas presten mayor atención al deber de cuidado que deben desplegar para evitar la comisión del delito y, adicionalmente, concordamos en que para el caso de la culpa grave se aumenten, en una cuarta parte más, las sanciones privativa de libertad y pecuniaria previstas para el delito de que se trate en lo particular. Igual coincidencia expresamos en lo que concierne al incremento, en una mitad más de las sanciones privativas de libertad y pecuniaria cuando se trate de delitos culposos cometidos con motivo del tránsito de vehículos que presten servicio público, al público o escolar y causen homicidio o lesiones considerando que al realizar este tipo de conductas (la conducción de dichos vehículos), se debe tener un mayor deber de cuidado.

 

Acorde con el razonamiento respecto del límite superior de la pena de prisión que expresamos con anterioridad, coincidimos con la proposición respecto del incremento en el límite máximo de la pena privativa de libertad para el caso de concurso real de delitos que se sugiere como modificación en el artículo 66 de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentó a consideración de esta Honorable Soberanía del Estado el Titular del Poder Ejecutivo de esta Entidad Federativa, consistiendo en cincuenta años de prisión.

 

En este mismo tenor, y para estandarizar la propuesta respectiva, estimamos procedente la proposición de reforma contenida en el artículo 106 del Código Penal, en el sentido de que la facultad para ejecutar la pena privativa de libertad tenga como límite superior el de cincuenta años.

 

Hasta aquí se valoró lo concerniente a las propuestas de incremento de las penas de prisión y pecuniarias que se formularon respecto de disposiciones normativas contenidas en el Libro Primero del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

 

Ahora bien, en lo que se refiere al Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Zacatecas, denominado De los Delitos en Particular; el Gobernador de esta Entidad Federativa y las diputadas y diputados que presentaron iniciativas, formularon varias propuestas para incrementar las penas de prisión y pecuniarias a diversos delitos.

 

Como lo señalamos con anterioridad, el Gobernador del Estado y las diputadas y diputados que presentaron las Iniciativas de Reformas, en lo esencial, expresaron que resulta necesario incrementar los límites de las penas de prisión y pecuniarias con objeto de que efectivamente pueda disuadirse a los integrantes de la sociedad, en general, para que no cometan conductas delictivas y respecto del delincuente, en lo particular, la pena se constituye en una prevención para que no vuelva a delinquir.

 

El Gobernador del Estado y las y los Representantes Populares que presentaron iniciativas coinciden, al igual que los Diputados que integraron el Órgano Colegiado de Dictamen, en que en lo referente al incremento a las penas de prisión y pecuniarias, relativas a los delitos en particular, dicho aumento debe llevarse a cabo respecto de los delitos más frecuentes y graves, a la vez que sean los que tengan mayor impacto en la sociedad zacatecana.

 

 

La mayor recurrencia de una determinada conducta delictiva debe ser uno de los criterios orientadores para incrementar los límites de las penas, toda vez que como ya se dijo, la pena cumple con dos objetivos fundamentales: por una parte, constituirse en una prevención general, dirigida al conjunto social por la que se advierte, a cada uno de sus integrantes, que en caso de que cometan un delito se les impondrá la pena que establezca la norma penal y, por la otra, una prevención especial, dirigida a la persona que haya cometido un delito y a la que, con la imposición de la pena, se le previene para que no vuelva a cometerlo.

 

En ese sentido, las Diputadas y Diputados Iniciantes, así como el Gobernador del Estado concuerdan en que los criterios básicos sean aumentar el límite inferior de la pena en algunos delitos, incrementar el límite mínimo y máximo en otros y aumentar sólo el límite máximo en algunos otros. En cada caso dependerá de la eficacia que, en la realidad, haya mostrado dicha pena para cumplir con su objetivo de disuasión.

 

Consecuentes con la metodología que definimos con anterioridad, señalamos que la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, en el apartado relativo a incremento de penas, en cuanto a los delitos en particular, propone en términos generales, entre otros, lo siguiente:

 

a)     En lo que se refiere a delitos cometidos por servidores públicos propone el incremento del límite inferior de la pena de prisión, en algunos casos el incremento del límite superior y el incremento de los límites de la pena pecuniaria.

b)    En lo concerniente a los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas sugiere incrementar los límites inferiores e incrementar los límites inferiores y superiores en los delitos de atentados a la integridad de las personas y estupro.

c)     Se incrementan los límites inferiores y superiores de las penas de prisión y pecuniaria para el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias.

d)    Se incrementan los límites inferiores y superiores de las penas de prisión y pecuniaria para el delito de asalto.

 

e)     En relación al delito de homicidio simple intencional se incrementa el límite superior de la pena corporal y los límites inferior y superior de la pena pecuniaria; para el caso del homicidio en riña se aumentan los límites inferior y superior de la pena pecuniaria; en el homicidio calificado y el homicidio que se comete encontrándose en estado transitorio de grave conmoción emocional, igualmente, se incrementan los límites inferior y superior tanto de la pena de prisión como de la pena pecuniaria y en los delitos de parricidio e infanticidio se incrementa el límite superior de la pena de prisión.

 

f)      Respecto de los delitos de robo, abigeato, comercialización de productos del abigeato, fraude, fraude equiparado se incrementan los límites inferiores y superiores tanto de la pena de prisión como de la pena pecuniaria atendiendo al valor de lo robado, del ganado robado o de lo defraudado.

 

g)     De igual manera se incrementan los límites inferiores y superiores tanto de la pena de prisión como de la pena pecuniaria en tratándose del delito de encubrimiento.

 

h)    Igual criterio se propone respecto de los delitos electorales.

 

Ahora bien, advertimos que las compañeras y compañeros Diputados presentaron, a consideración del Pleno de esta Honorable Sexagésima Legislatura, diversas iniciativas en las que proponen reformas para incrementar los límites superior e inferior de las penas de prisión y pecuniarias, mismas que resultan muy valiosas para adecuar la Legislación Penal del Estado a las exigencias de la sociedad zacatecana en la materia.

 

En razón de lo anterior se procedió al análisis y valoración de cada una de ellas.

 

En la iniciativa que presentaron los diputados José Alfredo Barajas Romo, Osvaldo Contreras Vázquez y Gustavo Muñoz Mena, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil once, proponen una nueva redacción para el artículo 181 del Código Penal a la vez que sugieren la modificación de los límites de las penas imponibles.

 

Al respecto, consideramos que la redacción del primer párrafo de esta disposición normativa debe integrar la propuesta de los Representantes Populares antes citados en lo que concierne al límite inferior de la pena de prisión aplicable a estos delitos a efecto de que de seis meses pase a tres años como ellos lo sugieren y el límite máximo sea de ocho años como lo propone el Gobernador del Estado. En lo que concierne a la pena pecuniaria estimamos que debe ser la proposición de doscientas a trescientas cuotas.

 

Este acuerdo obedece a la gran trascendencia que para la sociedad tiene el que se garantice el adecuado desarrollo de las personas menores de edad procurando, con medidas como ésta, el que los niños, niñas y adolescentes de México no sean afectados mediante acciones que pudieran originar que adquieran hábitos encaminados al consumo de sustancias que les puedan producir dependencia, o bien, al consumo de bebidas embriagantes.

 

En ese mismo sentido consideramos procedente que se modifiquen los límites inferior y superior de la pena de prisión y pecuniaria para el caso de que se emplee a menores de edad, o a personas que no comprendan el significado del hecho, en establecimientos en que se consuman bebidas alcohólicas o se presenten al público espectáculos sexuales. Esta medida habrá de permitir que se garantice, a favor de las personas antes referidas, su adecuado desarrollo físico y emocional.

 

Igualmente consideramos procedente que se integre la propuesta relativa a mendicidad que sugieren los diputados Barajas Romo, Contreras Vázquez y Muñoz Mena pues, concordamos en que ante todo, se debe procurar a las mexicanas y mexicanos los medios adecuados que les permitan vivir y desarrollarse con dignidad y en ejercicio de sus derechos y libertades según lo ordena el párrafo final del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En relación al delito de violación, el Diputado Osvaldo Contreras Vázquez, mediante iniciativa presentada en fecha tres de marzo de 2011, en relación con el artículo 236 del Código Penal propuso que se eleven los límites mínimo y máximo de la pena de prisión para ese delito, sugiriendo que sea de siete a catorce años y plantea que se agregue que el sujeto pasivo de delito sea mayor de dieciocho años.

 

En el mismo tenor, el diputado José Alfredo Barajas Romo, en su iniciativa presentada en fecha 13 de octubre de 2011, en relación con el artículo 236 del Código en análisis, sugiere que se incrementen los límites mínimo y máximo de las penas de prisión y pecuniaria aplicables a este delito para que sean de cinco a quince años y multa de veinte a cien cuotas.

 

Concordamos con ambas propuestas en el sentido de que deben incrementarse dichos límites en función de que, a la par de los serios daños tanto físicos como emocionales que se ocasionan a la víctima, el delito de violación impacta fuertemente a la sociedad y, por tanto, resulta necesario ser categórico respecto de la prevención general y especial que, mediante la pena, se envíe a la propia sociedad y, en específico, a quien atente contra la libertad sexual de las personas.

 

En ese sentido, coincidimos en que se integre en el Código Penal para el Estado de Zacatecas, la propuesta expresada por el diputado Barajas Romo en función de que, como antes lo expresamos, respecto de este delito de alto impacto social, debemos ser enfáticos y contundentes respecto del mensaje que se envíe a la sociedad en relación a la prevención de este tipo de conductas.

 

En la referida iniciativa, el diputado Barajas Romo, propone, también, modificar el artículo 237 relativo a la denominada violación equiparada con objeto de que se incrementen los límites mínimo y máximo de las penas de prisión y pecuniaria e, igualmente, para que se prevea que “Cuando el sujeto activo de este delito tuviere derechos de tutela, patria potestad o heredar bienes por sucesión legítima respecto de la víctima además de la sanción señalada anteriormente, perderá estos derechos”.

 

Por los argumentos expresados en el párrafo anterior, estimamos procedente que dichas propuestas sean integradas en el Código Sustantivo.

 

En relación al delito de abigeato, consideramos oportuno mencionar que el Diputado Ramiro Rosales Acevedo, en fecha 20 de noviembre del año dos mil once, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que propone reformar el artículo 330 del Código Penal a efecto de que se incrementen los límites inferior y superior de la pena de prisión y pecuniaria aplicables a ese ilícito penal.

 

En relación con este delito, el diputado Gustavo Muñoz Mena presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que propone incrementar los límites de la pena de prisión y pecuniaria respecto del delito de abigeato.

 

En relación a este ilícito penal, reiteramos nuestro interés en su adecuada regulación toda vez que el ganado en lo individual o en hato, en muchas ocasiones integran parte fundamental del patrimonio de las familias que viven en el campo y, además, constituyen uno de los elementos principales de subsistencia en tal forma que, si se les priva de manera ilegal de los mismos, se pone en serio riesgo la subsistencia y alimentación de su propietario y su familia.

 

En razón de lo anterior, resulta importante su reglamentación apropiada, sobre todo, con objeto de prevenir la comisión de dicha conducta a efecto de que no se prive al legítimo propietario, o posesionario, de ese bien que, como lo señalamos en el párrafo anterior, puede constituir una parte relevante de los medios de subsistencia para él y su familia.

 

Comparadas las iniciativas antes referidas, conjuntamente con la presentada por el Gobernador del Estado, se determinó que la última regula, de mejor manera y en beneficio de los propietarios o posesionarios de ganado, lo relativo al abigeato en razón de que propone límites inferiores y superiores tanto en las penas privativas de libertad y pecuniarias acordes al valor del ganado que les sea robado, lo que habrá de redundar en la prevención de la comisión de ese delito y, en su caso, en el adecuado castigo que evite la reincidencia. 

 

3) CREACIÓN DE NUEVOS TIPOS PENALES

 

Esta Legislatura coincide con el Titular del Ejecutivo, en el sentido de incluir nuevos tipos penales en el cuerpo normativo que se reforma, en razón de que a criterio de este órgano, el derecho es cambiante y debe evolucionar al ritmo vertiginoso que lo hace la sociedad.

 

Efectivamente, la realidad social, económica y política de la década de los ochenta, en la cual se promulgó el ordenamiento legal que se analiza, es diferente a la que permea en la actualidad. Ahora, la sociedad zacatecana es más compleja porque la violencia que aqueja al país y de la cual no podemos ser ajenos, horadó las barreras de nuestra paz social.

 

En ese contexto, una vez adentrados en el estudio puntual de las modificaciones propuestas por el Titular del Ejecutivo y los Diputados y Diputadas, nos permitimos señalar que concurrimos con el Ejecutivo Estatal y con los Diputados Saúl Monreal Ávila y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, respecto a incluir el delito de facilitación delictiva, ordinariamente conocido como los “Halcones”, que a criterio del Ejecutivo, es aquel en que incurren las personas que brindan información o cooperación de cualquier especie para que otro cometa un delito y que mina considerablemente la eficacia de los cuerpos policiacos, pues resulta sumamente complicado realizar una operación sorpresa. Asimismo, concordamos con los señalados representantes populares, en que la delincuencia organizada incluyó dentro de su estructura criminal a los llamados “halcones”, quienes en voz de los propios diputados, son los encargados de vigilar los movimientos de los cuerpos policiacos y cuyo modus operandi consiste en que por radio o teléfono celular se comunican entre sí y reportan los operativos, retenes y patrullajes y previenen a los sicarios para que no sean visualizados. Coincidimos con los iniciantes, en que una característica en la realización de estas conductas antisociales, consiste en que personas generalmente jóvenes y menores de edad, se ubican con celulares o radios, en lugares estratégicos en avenidas y sitios cercanos a las instituciones de seguridad pública, para informar o alertar a los miembros de una cadena delictiva sobre las actividades que desarrollan las fuerzas del orden, por ello, elogiamos la inserción de este supuesto legal.

 

Así las cosas, celebramos la inclusión de nuevas figuras delictivas como la que nos ocupa, en virtud de que es imprescindible contrarrestar estas modalidades delictivas, porque la actividad desplegada por los halcones facilita la ejecución de más delitos y propicia que se ponga en riesgo la integridad física de los integrantes de los cuerpos de seguridad. Cabe resaltar que es una prioridad dotar de nuevos y eficaces instrumentos al Estado y se tenga el piso legal para sancionar todas aquellas conductas que impliquen un apoyo y colaboración a las células relacionadas con la delincuencia organizada y las asociaciones delictuosas.

 

Por otra parte, resulta de especial importancia tipificar los delitos contra la seguridad en los medios informáticos y magnéticos, los cuales, de acuerdo al Ejecutivo, se hacen consistir en el ingreso y uso sin autorización a una computadora o dispositivo electrónico, sistema de red de computadoras y un soporte lógico de programas de cómputo o base de datos, entre otras hipótesis más; argumento coincidente con la iniciativa presentada por la Diputada Ma. de la Luz Domínguez Campos, en la que resalta, con suma precisión, que la utilización creciente del internet y otras redes informáticas, ha generado la aparición de la denominada “identidad electrónica” o “identidad digital” que se constituye de datos o información personal específica, tales como contraseñas y claves de acceso a cuentas de usuarios cibernautas o bancarias.

 

Para tal efecto, la mencionada representante popular plantea crear un supuesto jurídico específico que tipifique las conductas ilícitas para que éstas puedan ser consideradas como conductas típicas, antijurídicas y culpables y con ello, se salvaguarde la identidad, privacidad y patrimonio de las personas físicas y jurídicas colectivas del robo, usurpación, suplantación o falsificación de identidad a través de medios informáticos; razonamientos que nos motivan a instituir este novedoso supuesto jurídico.

 

Otro tipo penal que se incluye en el presente dictamen, consiste en regular lo correspondiente al delito de “feminicidio”, mismo que de acuerdo a la Exposición de Motivos de la iniciativa del Titular del Ejecutivo, consiste en privar de la vida a una mujer por razones de género; argumento con el que coincide el Diputado José Alfredo Barajas Romo, mismo que en su iniciativa de cuenta, advierte que México logró avances en este sentido al publicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual retoma el concepto jurídico internacional de violencia contra las mujeres, motivo por el que considera necesario estipular en el Código en estudio, el presente delito. Por su parte, el diputado Jorge Álvarez Máynez sostiene, en relación al tema en cuestión, que debe comprenderse que la violencia contra las mujeres es un hecho dirigido hacia el sexo femenino y también es una forma de discriminación contra la mujer; argumentos con los que este Colectivo concuerda plenamente.

 

 

De igual forma, como primicia se incluyen los delitos de naturaleza ambiental, atendiendo a que el Ejecutivo Estatal, en las iniciativas recibidas ante esta Soberanía Popular en el mes de marzo del año próximo pasado y en la recibida en el mes en curso, expresa que es necesario conformar una nueva cultura del agua y del cuidado del medio ambiente a través de marcos jurídicos consistentes. Para tal efecto, advierte que la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, en su artículo 199 establece que “Los delitos ambientales serán los señalados en el Código Penal para el Estado”, sin que hasta la fecha se haya tipificado delito alguno en la materia en este ordenamiento. Por lo cual, en la segunda de sus iniciativas recoge el espíritu de la iniciativa primigenia y plantea tipificar los delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental; proposición con la que obviamente compaginaron los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.

 

Asimismo esta Legislatura, comparte el propósito de los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario de Primero Zacatecas, respecto a la propuesta de tipificar los delitos de robo, fraude, alteración o falsificación, teniendo como medio comisivo los vales impresos o dispositivos electrónicos. Lo anterior, atendiendo a que como lo señalan en su Exposición de Motivos, “la legislación penal para el Estado contiene diversas disposiciones que contemplan los delitos de falsificación, fraude y robo y ninguna se adecua a las características ni la naturaleza de los vales de papel o dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, por lo que al momento de que los agentes del Ministerio Público conocen de un delito relacionado con estos no puede integrar adecuadamente la averiguación previa (sic) por carecer de elementos jurídicos claros y precisos”, situación en la que soportan su propuesta y con la que, como se dijo, compartimos los integrantes de esta Asamblea Popular.

 

De igual manera, compartimos el sentir de los diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, respecto a estipular el delito de “discriminación” en el Código Penal, en virtud de que como lo refieren en su Exposición de Motivos, hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación cuyas prácticas rudimentarias y abusivas laceran a una parte de la población. En esa tesitura, estimamos que la propuesta de los mencionados representantes populares es encomiable, ya que es indispensable contar con herramientas para prevenir y erradicar la discriminación en cualquiera de sus formas y así poder hacer realidad los postulados del artículo 1° constitucional.

 

Otra propuesta digna de resaltarse es la iniciativa en materia de “desaparición forzada de personas”, presentada por los Diputados Saúl Monreal Ávila, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Luis Gerardo Romo Fonseca. En ella plantean que perpetrarán este delito aquellos servidores públicos que, independientemente de que hayan participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicien o mantengan dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Incluir este delito en el ordenamiento resulta trascendental, en virtud de que estaremos en la posibilidad de empatar nuestra legislación penal a lo previsto en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y con la inclusión de esta figura legal, habremos armonizado nuestro marco jurídico a lo previsto en dicha Convención.

 

 

 

Concurrimos también con el Titular del Ejecutivo del Estado y con los Diputados Saúl Monreal Ávila y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, en la necesidad de legislar sobre el delito de “usurpación de identidad”. Así, el Ejecutivo señala que es necesario establecer este tipo penal, dada la frecuencia con que este fenómeno se presenta utilizando identificaciones oficiales, comúnmente robadas, para adquirir créditos en establecimientos comerciales en perjuicio tanto del establecimiento como del titular de la identificación. Por su parte, los citados representantes populares soportan su argumento señalando que la usurpación de identidad tiene lugar cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito, tramitar un arrendamiento y aunado a ello, permite al delincuente abrir cuentas de banco, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares de forma ilícita.

 

El Ejecutivo del Estado plantea la inclusión de otro tipo penal denominado “Operaciones con recursos de procedencia ilícita”, comúnmente denominado como “lavado de dinero”. En relación con lo anterior, nos motiva que para la integración de los artículos que comprenden estos delitos, se tomaron en cuenta las recomendaciones que al respecto formuló la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, mediante la cual se propone homologar la legislación del país sobre el particular. Estimamos que en la configuración de este nuevo tipo penal, es preciso observar lo previsto en la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocida como la Convención de Palermo, en cuyo artículo 6 se propone que los Estados nacionales de acuerdo con su derecho interno, lo tipifiquen como delito autónomo y otros tratados y recomendaciones emitidas por organismos internacionales; argumentos con los que coincidimos plenamente.

 

Los Diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez plantean la inclusión de una nueva figura jurídica para que, como lo señalan en su iniciativa de mérito, se incluya un tipo penal consistente en que comete el delito de lucro en el ejercicio de la educación pública, quienes en el cumplimiento de sus funciones dentro de la educación pública en el Estado, pretendan alcanzar una ventaja económica indebida para sí o para otro a través de cuotas que pudieran considerarse como obligatorias y condicionen bajo cualquier modalidad el pleno derecho y gratuidad a la educación, en detrimento de lo consagrado en el artículo 3° de la Carta Magna. Los iniciantes enfatizan en su argumentación, que dicho precepto constitucional establece que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita” y mencionan que no existe tipo alguno en el Código Penal local que prevea sanciones para quien atente contra la integridad y desarrollo de los educandos. Ahora bien, en cuanto al espíritu de la reforma concordamos plenamente, ya que un derecho humano como este no debe ni puede ser coartado; sin embargo, estimamos que el bien jurídico protegido se encuentra debidamente salvaguardado en el ordenamiento que se modifica, toda vez, que, a nuestro juicio, se configura el delito de cohecho preceptuado en el artículo 197 del Código Penal en vigor.

 

Los Diputados José Alfredo Barajas Romo, Ana María Romo Fonseca, Benjamín Medrano Quezada, Blas Ávalos Mireles, Felipe Ramírez Chávez, Gregorio Macías Zúñiga, José Marco Antonio Olvera Acevedo, José Rodríguez Elías Acevedo, Juan Francisco Cuevas Arredondo, María Isabel Trujillo Meza y Roberto Luévano Ruiz, todos integrantes del Grupo Parlamentario “Primero Zacatecas”, plantean modificar el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal, todos del Estado. Se consideró que en virtud de que en el presente Instrumento Legislativo solamente se propone reformar el último de los mencionados, procedimos al estudio de las reformas concernientes al mismo, en los siguientes términos.

 

Los iniciantes proponen reformar el artículo 1° del cuerpo normativo de cuenta, para que en el Estado se pueda conocer de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título XVIII de la Ley General de Salud, relativos a los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Luego entonces, consideramos que si bien es cierto la Ley Fundamental de la Nación faculta a las entidades federativas a conocer de dichos delitos; también lo es, que no se estima conveniente reformar el propio Código Sustantivo Penal para integrar en su texto lo correspondiente a los delitos invocados, toda vez que del estudio del planteamiento que nos ocupa, se advierte que el texto propuesto tiene grandes similitudes con los artículos 473 al 482 contenidos en el referido Capítulo VII; motivos por los cuales estimamos que no resulta procedente llevar a cabo la reforma en comento, no sin antes dejar de mencionar que en cuanto a los demás ordenamientos se procedió al análisis en otro momento.

 

 

4) DEROGACIÓN DE TIPOS PENALES

 

El Titular del Ejecutivo del Estado propone derogar el delito de secuestro en sus diversas modalidades, virtud a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Soberanía Popular comparte el sentir del Ejecutivo, porque efectivamente, como lo refiere, con la promulgación de la reforma a la citada fracción XXI del artículo 73 constitucional y la emisión de la señalada Ley General, el Congreso de la Unión consideró que era necesario establecer criterios uniformes y homogéneos en todo el territorio nacional en la prevención y combate a este execrable delito; razón por la cual, estima acertada la propuesta del iniciante en el sentido de derogar el delito de secuestro en el Estado. Hecho lo anterior, se procedió al análisis de la iniciativa suscrita por los Diputados Saúl Monreal Ávila, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Benjamín Medrano Quezada, en la cual plantean, en términos generales, establecer penas más severas a los secuestradores. Ahora bien, como lo señalamos anteriormente, se coincide en la necesidad de derogar el delito de secuestro del cuerpo normativo en estudio, por lo que, no es atendible aprobar en sus términos la iniciativa de los mencionados representantes populares.

 

 

El Titular del Ejecutivo del Estado en la iniciativa en comento, propone derogar el delito de “adulterio” argumentando que ya se encuentra contemplado como causal de divorcio en el artículo 231 fracción I del Código Familiar del Estado. Por su parte, los Diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, también concuerdan en derogar el mencionado delito y estiman que si la intención de que el adulterio proteja a la institución matrimonial de la ruptura, pareciere entonces que lo que se pretende es salvaguardar el honor del perjudicado.

 

Otra propuesta que al igual que las señaladas merece una especial atención, es la presentada tanto por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, como por los aludidos Diputados José Xerardo Ramírez Muñoz y Jorge Álvarez Máynez, en la cual proponen derogar disposiciones del Código Penal del Estado relativas al delito de “difamación”. Dichos iniciantes sustentan sus propuestas en el hecho de que consideran que asuntos de esta naturaleza, deben ser de la competencia de los órganos jurisdiccionales del ramo civil y no, como hasta ahora, de orden penal.

 

El Titular del Ejecutivo del Estado en la iniciativa en estudio, propone derogar el artículo 129 del Código Penal en vigor, el cual establece que “El artículo anterior no comprende a los ascendientes, descendientes, cónyuge, concubina, concubinario o hermano del prófugo, ni a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, ni a los adoptivos, que propicien la fuga, pues están exentos de toda sanción, excepto el caso de que hayan proporcionado la fuga por medio de la violencia en las personas o fuerza en las cosas”. Luego entonces, realizando un análisis del precepto de alusión, nos podemos percatar que la petición de derogar este dispositivo legal es totalmente acertada, ya que es inverosímil que en el Código Sustantivo se encuentre vigente una disposición de esa naturaleza, porque resulta contradictorio que se aplique esta excluyente de responsabilidad a aquellos descendientes o ascendientes que pongan en libertad o favorezcan la evasión de reos, sólo por tener esa condición o lazo familiar; razón por la cual, coincidimos con el promovente.

 

Asimismo, propone el Ejecutivo derogar el dispositivo que sanciona a quien sin tener título profesional se asocia a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o para administrar alguna asociación profesional; propuesta que compartimos, toda vez que tiene una íntima relación con las modificaciones relacionadas con la usurpación de funciones pública o de profesión que en la presente se realiza.

 

De igual forma, el Ejecutivo Estatal plantea derogar el precepto que contiene la atenuante de infanticidio consistente en que la madre no tenga mala fama, haya ocultado su embarazo y el nacimiento del infante haya sido oculto y no se hubiere escrito en el Registro Civil, para lo cual, no hay objeción alguna al respecto.

 

En este apartado, por último, el Ejecutivo propone derogar el inciso c) del artículo 359 del ordenamiento normativo que se modifica, en razón de que actualmente establece como excluyente de responsabilidad, el hecho de que exista una liga con el delincuente por amor, respeto, gratuidad o estrecha amistad; argumento suficiente para compartir la visión de derogar este precepto legal, propuesta que estimamos acertada en razón de que los lazos sentimentales descritos bajo ninguna circunstancia deben originar la posibilidad de excluir la responsabilidad y, por tanto, que pudiera cometerse este delito sin que se impusiera pena alguna al sujeto activo del mismo que se escudaría en dicha circunstancia.  

 

 

5) OTRAS REFORMAS

 

En este apartado, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado propone diversas modificaciones a disposiciones jurídicas ya existentes en el Código Penal, mismas que están encaminadas a facilitar la aplicación de la ley penal y, como lo hemos venido reiterando, a que el Ordenamiento Penal cumpla con los altos objetivos que se le han encomendado por parte de la sociedad.

 

En razón de la importancia de dichas propuestas, nos permitimos reproducir íntegramente la parte relativa de la exposición de motivos, por concordar con la misma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO.- En Sesión del Pleno de fecha 29 de Junio del 2012, los Diputados José Marco Antonio Olvera Acevedo y Luis Gerardo Romo Fonseca, presentaron en la etapa de la discusión en lo particular, reservas a los artículos 141, 181, 217, 306, 307, 321 Bis y 327, del Dictamen relativo a las iniciativas que reforman al Código Penal para el Estado de Zacatecas, mismas que fueron aprobadas en los términos propuestos.

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 21; se reforma el artículo 23; se reforman los tres primeros párrafos del artículo 30; se adiciona la fracción IV al artículo 31; se reforman el primer párrafo del artículo 34; se reforma el artículo 36; se reforma el artículo 37; se reforma los párrafos primero y segundo y se adiciona un tercero al artículo 38; se adiciona el artículo 39 Bis; se reforma el artículo 40; se reforma el último párrafo del artículo 42; se reforma el segundo párrafo del artículo 56; se reforma el primer párrafo, se adiciona un segundo y se reforma el que se recorre a ser tercero del artículo 59; se reforma el artículo 66; se reforma el artículo 74; se reforma el artículo 75; se reforma el artículo 91; se reforma el artículo 106; se reforma el artículo 128; se deroga el artículo 129; se reforma el artículo 130; se reforma el artículo 134; se reforma el artículo 138; se reforma la denominación del Capítulo IV del Título Segundo; se reforma el artículo 141; se adiciona el artículo 141 Ter; se reforma el artículo 156; se reforma el artículo 158; se reforma el artículo 162; se reforma el artículo 167; se reforma el artículo 168; se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 169; se reforma el artículo 170; se reforma la denominación del Capítulo Único del Título Quinto, se reforma el artículo 173; se reforma el artículo 174; se reforma el primer y tercer párrafos y se adiciona un cuarto al artículo 181; se adiciona un Capítulo I Bis al Título Sexto con el artículo 182 Bis; se reforma el artículo 190; se reforma la denominación, se reforma el Capitulo Único y adiciona el Capítulo II al Título Séptimo con los artículos 192 Bis, 192 Ter, 192 Quater, 192 Quintus y 192 Sextus; se reforma el proemio del artículo 193; se adiciona un Capítulo II Bis al Título Octavo con los artículos 195 Ter, 195 Quater, 195 Quintus y 195 Sextus; se reforma el segundo párrafo del artículo 196; se reforma el primer párrafo del artículo 200; se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercero al artículo 203; se reforma el primer y el último párrafos del artículo 205; se reforma el proemio y el último párrafo del artículo 206; se reforman. el proemio y las fracciones VI y IX del artículo 207; se reforma el artículo 208; se reforma la denominación del Capítulo II del Título Noveno, se reforma el proemio del artículo 210; se reforman, el proemio y la fracción III del artículo 211; se reforman, el párrafo primero y segundo del artículo 214; se adiciona una fracción III al artículo 217; se reforma el proemio del artículo 224; se reforman, el proemio y la fracción II del artículo 225; se reforma la denominación del Capítulo VI del Título Decimo Primero; se reforma el proemio del artículo 227; se adicionan los artículos 227 Bis y 227 Ter; se reforma la fracción II del artículo 228; se reforma el primer y se adicionan un párrafo segundo y un tercero al artículo 229; se reforma el primer y segundo párrafos y se adiciona un tercero al artículo 232; se reforma el artículo 232 Bis; se reforma el artículo 234; se reforma el artículo 236;se reforma la fracción I y se le adiciona un párrafo, se reforma la fracción II y se adiciona un último párrafo al artículo 237; se deroga el Capítulo VI del Título Décimo Tercero con los artículos 247, 248, 249 y 250; se reforma el artículos 251; se reforma el artículo 254; se reforman los artículos 254 A, 254 B, 254 C, 254 D y 254 E para cambiar de denominación quedando como 254 Bis, 254 Ter, 254 Quater, 254 Quintus y 254 Sextus; se reforma el artículo 254 Bis; se le adiciona un último párrafo al artículo 254 Quater;  se reforma el proemio y se deroga la fracción II del artículo 255; se reforma la denominación del Capítulo I del Título Décimo Quinto; se adiciona el artículo 258 Bis  se reforma el artículo 261; se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 262; se reforma el artículo 263; se derogan los artículos 265 Bis, 266 y 267; se deroga el Capítulo I del Título Décimo Sexto con los artículos 272 y 273; se reforma la denominación del Capítulo III del Título Décimo Sexto, se reforman los artículo 277, 278 y 279; se deroga el artículo 280; se reforma el artículo 281; se deroga el artículo 282; se reforma el artículo 283; se reforma el artículo 284; se reforma el último párrafo del artículo 286; se reforma el artículo 297; se reforma el primer párrafo del artículo 298; se reforma el artículo 299; se reforma el artículo 302; se reforma el artículo 306; se reforma el artículo 307; se deroga el artículo 308; se adiciona un Capítulo VII Bis al Título Décimo Séptimo; adiciona el artículo 309 Bis; se reforman los artículos 315 y 316; se adicionan las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII y se adiciona el último párrafo al artículo 318; se reforman las fracciones I, II, III y IV, el segundo párrafo y se adiciona un último al artículo 320; se reforma la fracción VII, se adiciona una X y se reforma el último párrafo del artículo 321, se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 321 Bis; se reforma el artículo 327; se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 330; se reforma el primer párrafo del artículo 332; se reforma el artículo 333; se reforman las fracciones I, II; III y IV y el último párrafo del artículo 335; se reforman las fracciones I, II, III, IV, el penúltimo y último párrafos del artículo 339; se adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 340; se reforma el primer párrafo del artículo 341; se deroga el artículo 341 Bis; se reforman el artículo 344; se reforma el proemio del artículo 345; se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 349; se reforma la denominación del Título Vigésimo y el Capítulo Único se convierte en I; se reforma el artículo primer párrafo del artículo 358; se reforman el proemio,  el inciso b) y se deroga el inciso c) del artículo 359; se reforma el artículos 360; se reforma el artículo 362; se adiciona el Capítulo II del Título Vigésimo y los artículo 362 Bis, 362 Ter, 362 Quater, 362 Quintus; 362 Sextus y 362 Septimus; se reforma el artículo 365; se reforman, la fracción II y el último párrafo del artículo 366, se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 367, se reforma la denominación del Capítulo IV del Título Vigésimo Segundo, se reforma el artículo 368; se reforman las fracciones I, II y III del artículo 369; se reforma el proemio y se adicionan las fracciones artículo 375; se reforma el proemio y se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 376; se reforma el proemio y se adicionan las fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 378; se reforma el proemio del artículo 379; se reforma el proemio del artículo 380; se reforma el proemio y se le adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 381; se reforma la denominación del Capítulo VII del Título Vigésimo Primero; se reforma el primer párrafo  y adiciona un segundo al artículo 383; se reforma el proemio y se le adicionan las fracciones III, IV, y V al artículo 384; se adiciona el Título Vigésimo Segundo con los artículos 386, 387, 388, 389, 390, 391 y 392, todos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue:

Artículo 21.- La prisión consiste en la privación de la libertad, que podrá durar de tres meses a cincuenta años, y se extinguirá en los lugares o establecimientos que al efecto designe el órgano encargado de la ejecución de las sanciones.

 

…

 

Artículo 23.- El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él, su duración será de tres meses a tres años. El Juez de Ejecución fijará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y necesidades del condenado. Cuando se trate de delitos políticos, la designación la hará el tribunal que dicte la sentencia.

 

Artículo 30.- La reparación del daño que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar el ofendido, sus derechohabientes o su representante, en los términos que el Código Adjetivo Penal aplicable establezca.

 

El monto de la reparación del daño será fijado por el juez según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso o en ejecución de sentencia.

 

Cuando la reparación del daño deba exigirse a tercero, se tramitará en los términos que fije el Código Adjetivo Penal aplicable.

 

…

 

Artículo 31.- ...

 

I a III. …

 

…

 

Artículo 34.- Cuando el daño que se cause al ofendido produzca su muerte, el monto de la indemnización por reparación del daño se fijará aplicando el doble de las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de la víctima y tomando como base la utilidad o salario que hubiese percibido; si la víctima no percibía utilidad o salario o no pudiere determinarse éste, el monto de la indemnización se fijará tomando como base el mencionado salario mínimo.

 

…

Artículo 36.- El decomiso consiste en la aplicación a favor del Gobierno del Estado, de los instrumentos, objetos o productos de los delitos no contemplados en la Ley de Extinción de Dominio, en los términos del presente Código.

Si son de uso lícito, se decomisarán sólo cuando el sujeto haya sido condenado por delito doloso; si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando éste haya tenido conocimiento de su utilización para la comisión del delito y no lo denunció o no hizo cuanto estaba de su parte para impedirlo.

Artículo 37.- La autoridad competente determinará el destino de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, y que sean decomisados, al pago de la reparación de los daños y perjuicios causados, al de la multa, y al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, respectivamente.

Artículo 38.- Los bienes no decomisados que se encuentren a disposición de la autoridad judicial o la autoridad investigadora y no hayan sido recogidos por quien tenga derecho a ello, en un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la notificación al interesado, causarán abandono a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y podrán ser enajenados; el producto se aplicará al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia.

Respecto a la enajenación referida en el párrafo anterior, deberá contarse con el avalúo respectivo, y para tal efecto, la Procuraduría General de Justicia podrá celebrar convenios con instituciones públicas o privadas.

Artículo 40.- La amonestación consiste en la advertencia que el juez siempre deberá hacer al sentenciado, en diligencia formal, explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y previniéndolo de las sanciones que se le impondrían en caso de reincidencia. La amonestación se hará en privado o públicamente, a juicio del juez.

Artículo 42.- …

 

…

 

Si no se otorgare la caución en el término señalado, se hará uso de los medios de apremio que señale el Código Adjetivo Penal aplicable, y, agotados éstos sin resultado, se dará vista al Agente de Ministerio Público que corresponda para los efectos legales de su competencia, salvo que el sentenciado acredite que no puede otorgar la garantía, pues en este caso el juez la sustituirá por vigilancia de la policía.

 

 

 

Artículo 56.- …

 

Cuando pronunciada una sentencia irrevocable en que se hubiera impuesto una sanción privativa de la libertad, se pusiere en vigor una ley que, dejando subsistente la sanción señalada al delito, sólo disminuya su duración, si el reo lo pidiere y se hallare en el caso de la nueva ley, el Juez de Ejecución reducirá la sanción impuesta en la misma proporción en que estén el mínimo y el máximo de la señalada en la ley anterior y de la señalada en la posterior.

Artículo 59.- Los delitos de culpa, se sancionarán con prisión de seis meses a ocho años, multa de cien a doscientas cuotas. Las demás penas o medidas de seguridad se aplicarán hasta en la mitad de las correspondientes al delito intencional en cuantía y duración.

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposas y con motivo del tránsito de vehículos que presten un servicio público, al público o escolar, se causen homicidio o lesiones, las sanciones tanto pecuniarias como privativas de libertad se incrementarán en una mitad más.

Artículo 66.- En caso de concurso real se impondrá la sanción correspondiente al delito que merezca pena mayor, la que podrá aumentarse hasta la suma de las sanciones de los demás delitos, sin que pueda exceder de cincuenta años si es la de prisión. Por lo que se refiere a las otras sanciones, dicha suma no podrá exceder de los máximos establecidos para cada una de ellas.

 

Artículo 74.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para el disfrute de la conmutación de la sanción y que por inadvertencia de su parte o del juzgador no le hubiere sido otorgada, podrá promover ante éste que se le conceda en los términos de la Ley de Ejecución de Sanciones aplicable.

Artículo 75.- Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las circunstancias de la sanción que le fue impuesta, por ser incompatible con su edad, salud o constitución física, el Juez de Ejecución podrá dictaminar las medidas pertinentes, siempre que éstas no afecten la naturaleza de la sanción.

 

Artículo 91.- La revisión a que se refiere el Código Adjetivo Penal aplicable, que reconozca la inocencia del condenado, anula la sentencia ejecutoria, extingue y deja sin efecto las sanciones que en ella se hayan impuesto, cuando se compruebe plenamente que el sentenciado no fue responsable del delito por el que se le juzgó, que éste no se cometió o se acrediten otras circunstancias que sobrevengan y hagan injusta la sentencia.

 

Artículo 106.- La facultad para ejecutar la pena privativa de libertad prescribirá por el transcurso de un término igual al que debería durar y una cuarta parte más, pero nunca excederá de cincuenta años.

Artículo 134.- A los servidores públicos que ilegalmente permitan la salida a detenidos, procesado o condenados, para que por cualquier tiempo permanezcan fuera de las prisiones, se les impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas.

Artículo 138.- El reo suspenso en su profesión u oficio o inhabilitado para ejercerlos, o el que lo está en el manejo de vehículos, motores o maquinaria, que quebrante su condena, pagará una multa de cien a trescientas cuotas o realizará trabajo a favor de la comunidad de cinco a treinta días, a juicio del juzgador.

 

 

 

CAPÍTULO IV

ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y FACILITACIÓN DELICTIVA

Artículo 141.-Se impondrá prisión de dos a ocho añosy multa de cien a trescientas cuotas, al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas, organizada para delinquir, independientemente de la sanción que le corresponda por el delito que cometa.

 

Artículo 156.- No se sancionará a los padres que abran o intercepten las comunicaciones escritas o electrónicas dirigidas a sus hijos menores de edad, y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia.

 

Artículo 158.- Se aplicarán de seis mesesa dos años de prisión y multa de veinte a cuarenta cuotas al que, empleando la fuerza, el amago o las amenazas, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legitimo ejecutado en forma legal.

 

Artículo 162.- El que debiendo ser examinado en una investigación o en un proceso penal o juicio civil, sin que le aprovechen las excepciones establecidas por este Código o por el Código Adjetivo Penal aplicable, o por el de Procedimientos Civiles, en su caso, se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, se le aplicará de inmediato, como medio de apremio y previo apercibimiento, una multa de quince a treinta cuotas. Si persistiere en su actitud, se le hará saber que se le sancionará, previo el proceso respectivo, con prisión de seis mesesa dos años, o multade veinte a cuarenta cuotas o trabajo a favor de la comunidad, a juicio del juez haciéndose desde luego la denuncia al Ministerio Público.

 

Artículo 167.- Al que dolosamente cometa un delito en contra de un funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicarán de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cuarenta cuotas, además de las sanciones que le correspondan por el delito o los delitos cometidos.

Artículo 168.- Los ultrajes hechos a la Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia o algún cuerpo colegiado de la administración de justicia o a cualquiera institución pública, se sancionarán con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien cuotas.

 

 

Artículo 169.- Se sancionará con prisión de dieciséis a treinta años y multa de doscientas a trescientas cuotas, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad del estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

 

Artículo 170.- Se sancionará con prisión de uno a nueve años y multa de cien a trescientas cuotas, a quien encubra en los términos del artículo 358 del presente Código, a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.

 

CAPÍTULO ÚNICO

DEL PELIGRO DE CONTAGIO, DE LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES Y DE LA FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O MEDICINALES

Artículo 174.- Se le aplicarán las mismas sanciones que señala el artículo anterior, a la mujer que a sabiendas que un niño padece una enfermedad grave fácilmente transmisible, lo amamante y además amamante a otro u otros niños.

Artículo 181.- A quien por cualquier medio, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o a quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, al consumo de estupefacientes, substancias psicotrópicas u otras susceptibles de producir dependencia o bebidas embriagantes, para que adquiera los hábitos de la fármaco-dependencia o el alcoholismo, o a formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, se le impondrá pena de tres a ocho años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

 

…

 

A quien emplee, aun gratuitamente, a personas menores de dieciocho años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, en lugares o establecimientos donde preponderantemente se expendan bebidas alcohólicas para su consumo inmediato o se presenten al público espectáculos sexuales, se le aplicará prisión de uno a cuatro años y multa de cien a doscientas cuotas, así como el cierre definitivo del establecimiento.

 

 

 

Artículo 190.- Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán detres a seis meses de prisión y multa de cien a doscientas cuotas, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

TÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULO I

REVELACIÓN DE SECRETOS

 

Artículo 193.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas a los servidores públicos que incurran en la conducta prevista en las fracciones siguientes:

 

I a VI. …

…

 

Artículo 196.-…

A los que comentan el delito de coalición se les impondrá de uno a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

Artículo 200.- Al que cometa el delito de peculado se le impondrán de dos a diez años de prisión, multa equivalente a dos tantos del beneficio obtenido y destitución de empleo o cargo.

 

…

 

…

 

Artículo 203.- Al que cometa el delito de concusión, se le aplicará destitución de empleo e inhabilitación para obtener otro cargo público por un término de tres a seis años, y pagarán una multa igual al duplo de la cantidad que hubiere exigido indebidamente. Si ésta pasare de cien cuotas, se le impondrá, además, de seis mesesa tres años de prisión.

 

…

Artículo 205.- Al servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito, se le impondrá de tres a diez años de prisión y de doscientas a trescientas cuotas, además del decomiso de los bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

 

…

…

 

La comisión del delito deberá probarse de acuerdo con dicha Ley.

 

Artículo 206.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y de doscientas a trescientas cuotas de multa, al servidor público que por sí o por interpósita persona:

 

I a IV. …

 

Lo anterior sin prejuicio de que se imponga hasta por seis años la pena de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o función pública, estatal o municipal, aún aquéllos de los considerados bajo la naturaleza jurídica de honoríficos.

 

Artículo 207.- Se impondrán prisión de seis meses a seis años o destitución del cargo y en ambos casos multa de diez a cien cuotas a los servidores públicos, empleados o auxiliares de la administración de justicia que cometan alguno de los delitos siguientes:

 

I a V. …

 

VI. Dictar una resolución de fondo o una sentencia definitiva con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las constancias de autos, cuando se obre con grave negligencia y no por simple error de opinión y se produzca daño en la persona, el honor o los bienes de alguien o en perjuicio del interés social;

VII y VIII…

 

IX. Abstenerse el Ministerio Público de ejercitar la acción penal o judicializar la investigación cuando se hayan reunido los requisitos constitucionales y con arreglo a la ley procesal aplicable, sobre persona señalada como probable responsable de algún delito; no promover las pruebas conducentes a la comprobación del delito y de la responsabilidad penal del inculpado o imputado;no presentar en tiempo, sin causa justificada, las conclusiones o acusación que procedan, o formularlas sin que concurran los requisitos de forma y fondo que señala la legislación procesal penal;

X a XII…

 

Artículo 208.- Seimpondrán de seis meses a seis años de prisión, suspensión definitiva del cargo y multa de diez a cien cuotas, al defensor público de un imputado, que no realice una defensa técnica y adecuada desde el momento en que asuma el cargo.

CAPÍTULO II

DELITOS DE ABOGADOS PATRONOS

Artículo 210.- Se impondrá suspensiónde un mes a un año en el ejercicio profesional y multa de cincuenta a cien cuotas, a los abogados patronos, si cometen alguna de las siguientes conductas:

 

I a II. …

 

…

Artículo 211.- Además de las sanciones mencionadas en el artículo anterior, se impondrá a los abogados patronos prisión de seis meses a seis años:

 

I a II…

Artículo 214.- Quienes ejerzan la medicina y sin causa justificada se nieguen a prestar sus servicios a un enfermo que lo requiera por notoria urgencia, o dicha negativa haya puesto u ordinariamente ponga en peligro la vida, por exigir que se les paguen o garanticen anticipadamente sus honorarios, serán sancionados con la pena de uno a tres años de prisión, multa de cincuenta a cien cuotas y prestación obligatoria de servicio a favor de la comunidad de hasta tres meses.

 

 

Si se produjere daño por la falta de intervención, las penas anteriores se duplicarán y, además, se impondrá inhabilitación para el ejercicio profesional por un término de tres meses a dos años. Cuando la falta de intervención y el daño consiguiente sean imputables a los directores, administradores o encargados del sanatorio, hospital o establecimiento de salud en donde el médico preste sus servicios, serán aquellos y no éste quienes incurran en responsabilidad penal y deban ser sancionados con las penas previstas en este párrafo y el anterior.

 

…

 

 

 

CAPÍTULO I

FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS AL PORTADOR, DOCUMENTOS DE CRÉDITO, VALES DE PAPEL O CUALQUIER DISPOSITIVO ELECTRÓNICO EN FORMA PLÁSTICA

Artículo 217.- …

…

I.a II…

 

Artículo 224.- Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas cuotas:

 

I a VI. …

 

Artículo 225.- Se impondrá de uno atres años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas:

 

I …

 

II. Al que examinado por la autoridad judicial como testigo, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando la existencia de alguna circunstancia que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad.

 

…

 

III a VI. …

 

CAPÍTULO VI

 

Artículo 227.-Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas cuotas.

 

I a IV. …

Artículo 228.-…

 

I.- …

 

II.-Al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidos por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5° constitucional, se atribuya el carácter de profesionista; realice actos propios de una actividad profesional; ofrezca públicamente sus servicios como profesionista o use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello.

 

Artículo 229.- Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas cuotas, al que usare vehículo, uniforme, insignia, distintivo o condecoración a que no tenga derecho, que sean exclusivos de corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia o de los centros de prisión preventiva o de ejecución de penas.

Artículo 232.- A quien sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en persona menor de doce años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de uno a tres años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena corporal se duplicará.

Artículo 232 Bis.- La conducta a que se refiere el artículo 231, se sancionará a petición del ofendido o de sus representantes.

 

Artículo 234.- A quien tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas.

 

Artículo 236.- Se sancionará con prisiónde cinco a quince años y multa de veinte a cien cuotasa quien, por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona, cualquiera que sea su sexo.

 

Artículo 237.- …

I.            Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad; en este caso la sanción será de diez a veinticinco años de prisión y multa de veinte a cien cuotas.

II.          …

 

…

 

III.        Al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido, se le impondrá una pena de seis a quince años de prisióny multa de veinte a cien cuotas, independientemente de la pena que corresponda por el delito de lesiones que pudiera resultar.

 

…

 

Artículo 246.- …

…

 

No se admitirá que hubo anuencia, por lo cual el acto cometido tendrá el carácter de violación, cuando el descendiente o uno de los hermanos tenga menos de doce años cumplidos, y se impondrán al ascendiente o al hermano que fuere mayor de 18 años, las reglas y sanciones previstas en el artículo 236 de este ordenamiento. Los menores ofendidos quedarán sujetos a la protección que disponga el Código Familiar o, en defecto de éste, la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas.

 

CAPÍTULO VI

 

Artículo 251.- Al que sin motivo justificado incumpla con la obligación alimentaria respecto de sus hijos, cónyuge, o de cualquier otro familiar, sin ministrarle los recursos para atender las necesidades señaladas en los artículos 265 y 266 del Código Familiar, se le aplicará prisión de uno a tres añosy multa de cien a doscientas cuotas.

 

Artículo 254.- Si del abandono resultare algún daño, ya sea muerte, lesiones o cualquier otro, se aplicarán las reglas del concurso.

Artículo 254 Bis.- Violencia familiares el uso del poder,de la fuerza física o moral,así como la omisión grave, en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la intención de someterla a su dominio, o de dañar su integridad física, psíquica o sexual, independientemente de que pueda o no causar lesiones, o de que resulte cualquier otro delito.

Artículo 255.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de cincuenta a doscientas cuotas:

 

I.- …

 

III. …

 

 

CAPÍTULO I

 

AMENAZAS Y EXTORSIÓN

Artículo 262.- Se impondrá de un año a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas al que,sin motivo justificado, se introduzca o permanezca furtivamente o con engaños, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada.

 

Artículo 263.- Se aplicará prisión de tres a nueve años y multa de cien a trescientas cuotas al que por cualquier medio, en despoblado o en paraje solitario, haga uso de violencia sobre una persona con el propósito de causarle un daño, obtener un lucro o beneficio o de exigir su asentimiento para cualquier fin.

La conducta a que se refiere este artículo dará lugar a la sanción independientemente del propósito que llevó al asaltante a ejecutarla y se acumulará a la que corresponda por otros delitos que resulten.

 

 

 

 

CAPÍTULO I

CAPÍTULO III

 

DISPOSICIONES GENERALES AL DELITO DE CALUMNIA

 

Artículo 277.- No se procederá contra los autores de calumnia, sino por querella de los ofendidos o de sus legítimos representantes.

 

Si lacalumnia es posterior al fallecimiento del ofendido, sólo se procederá en virtud de querella de sus familiares o representantes legítimos.

 

Si el delito se cometió con anterioridad al fallecimiento del ofendido y éste hubiere perdonado la ofensa, o sabiendo que se le había inferido no hubiere presentado su querella, pudiendo hacerlo, ni manifestado que lo hicieran sus herederos, se extinguirá la acción penal del delito.

 

Artículo 278.- La calumnia hecha a la Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, o a un Cuerpo colegiado de la administración de justicia o a cualquier institución pública, se sancionará con sujeción a las reglas de este título, sin perjuicio de las sanciones que señala el artículo 168 de este Código.

 

Artículo 279.- Cualquier objeto que hubiere servido de medio para cometer el delito de calumnia, se inutilizará, a menos que se trate de algún documento público o privado que importe obligación, liberación o transmisión de derechos. En este caso se anotará en el documento un resumen de la sentencia pronunciada contra el acusado o en hoja anexa si no cupiere.

 

 

Artículo 281.- A las personas jurídicas responsables del delito de calumnia, se les suspenderá en sus actividades de uno a dos meses.

 

 

Artículo 284.- No será excluyente de responsabilidad penal de la calumnia,que el hecho imputado sea notorio, o que el responsable no haya hecho más que reproducir lo ya publicado en la República o en otro país.

Artículo 286.- …

 

I a V. …

 

El delito de lesiones previsto en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, sólo se perseguirá por querella.

 

 

 

Artículo 297.- Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga señalada una sanción especial en este Código, se le impondrán de ocho a veinte años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

Artículo 298.- Cuando el homicidio se cometa en riña o duelo, se impondrá al responsable la sanción de cuatro a nueve años de prisión si es el provocado y de seis a doce si es el provocador, y en ambos casos, multa de cien a doscientas cuotas.

…

 

I a III. …

Artículo 299.- Al responsable de homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

 

Artículo 302.- Se impondrá prisión de seis a doce años y multa de cien a doscientas cuotas, al que cometa homicidio por encontrarse en un estado transitorio de grave conmoción emocional, motivado por alguna agresión a sus sentimientos afectivos o al honor de sus padres, hijos, cónyuge o al suyo propio. Exceptuándose al delito de feminicidio.

Artículo 306.- Al que prive de la vida a cualquier ascendiente, consanguíneo y en línea recta, sabiendo el delincuente ese parentesco, se le aplicará de veinte a cuarenta años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

 

Artículo 307.- Llámase infanticidio a la muerte causada a un niño o niña por su madre, dentro de las setenta y dos horas de su nacimiento.

 

Al que cometa este delito se le aplicarán de seis a doce años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas.

 

 

 

Artículo 315.- Al que encuentre abandonado o abandone en cualquier sitio a un menor, a un anciano incapaz de cuidarse a sí mismo a una persona lesionada, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas, si no diera aviso inmediato a la autoridad u omitiese prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal.

Artículo 316.- El automovilista, motorista, conductor de un vehículo cualquiera, ciclista o jinete que deje en estado de abandono sin prestarle o facilitarle asistencia a la persona a quien atropelló, o le causó un daño similar, será sancionado con la pena de uno a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas, por esta sola circunstancia. Si del abandono resultare la muerte, la sanción será de dos a ocho años de prisión; si resultaren lesiones o algún otro delito, se aplicará la mitad de las sanciones que correspondan a aquéllos.

Artículo 318.- …

 

I a II.- …

 

Artículo 320.- …

              I.        Cuando el valor de lo robado no exceda de cien cuotas se impondrá al responsable de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas;

 

            II.        Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas;

 

          III.        Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de tres a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas; y

 

         IV.        Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de cuatro a doce años y multa de trescientas a trescientas cincuenta cuotas.

Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor intrínseco de la cosa robada; si éste no pudiere determinarse o si por la naturaleza de la cosa no fuere estimable en dinero, se aplicará de uno a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

Artículo 321.- …

I a VI. …

 

VII. Se sustraiga material de cobre en forma de cables, tapas, tubos, conectores, conductores, bovinas de motores u objetos similares, aún y cuando no se encuentren bajo la custodia o salvaguarda de un servicio público, adheridos o no a un bien inmueble, sin perjuicio de lo que proceda por el daño a la propiedad;

 

VIII a IX.…

 

 

Además de las sanciones señaladas en el artículo 320 de este Código, se aplicará de seis mesesa cuatro años de prisión al responsable de robo calificado.

Artículo 321 Bis.- Se aplicará de uno a seis años de prisióny multa de hasta trescientas cuotas, a quien adquiera material de cobre en forma de cables, tapas, tubos, conectores, conductores, bovinas de motores u objetos similares, sin constatar documentalmente su lícita procedencia.

Artículo 327.- Cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas cuotas y sea restituido su monto espontáneamente por el sujeto activo del delito, antes de que se resuelva su situación jurídica, no se impondrá sanción alguna siempre y cuando no se trate de robo ejecutado por reincidente o por medio de la violencia.

 

Artículo 330.- …

 

…

 

I.         Cuando el valor del ganado no exceda de cien cuotas se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de cincuenta a cien cuotas;

 

II.       Cuando el valor del ganado exceda de cien pero no de trescientas cuotas se impondrá prisión de dos a cuatro años y multa de cien a doscientas cuotas;

 

III.     Cuando el valor del ganado exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas se impondrá prisión de tres a seis años y multa de doscientas a trescientas cuotas; y

 

IV.     Cuando el valor del ganado exceda de quinientas cuotas la sanción será de cuatro a doce años y multa hasta de trescientas a trescientas cincuenta cuotas.

Artículo 332.- Al que transporte ganado de procedencia ilegal sin haber tomado las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legítima, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

 

…

Artículo 333.- El que a sabiendas comercie con pieles, carne u otros derivados obtenidos del abigeato, se le impondrá prisión de dos a siete años y multa de doscientas a trescientas cuotas.

 

Artículo 335.-…

 

I.         Cuando el valor del abuso no exceda de cien cuotas se impondrá al responsable de seis mesesa dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas;

 

II.       Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de dos a cuatro años de prisión y multa de ciena doscientas cuotas;

 

III.     Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de tres a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas; y

 

IV.     Cuando exceda de quinientas cuotas, se sancionará al responsable, con prisión de cuatro adoce años y multa de trescientasa trescientas cincuenta cuotas.

 

Para estimar la cuantía del abuso, se atenderá únicamente al valor intrínseco de la cosa materia del delito; si el valor no pudiere determinarse o si por la naturaleza de la cosa no fuere estimable en dinero, se aplicará de uno a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.

Artículo 339.-…

…

I.         Cuando el valor de lo defraudado no exceda de cien cuotas se impondrá al responsable de seis mesesa dos años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas;

 

II.       Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas;

 

III.     Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de tres aseis años y multa doscientas a trescientas cuotas; y

 

IV.     Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de cuatro adoceaños y multa de trescientas a trescientas cincuenta cuotas.

Si no se pudiere determinar el monto o el valor de lo defraudado, se impondrán de uno a seis años de prisión, y multa de doscientas a trescientas cuotas.

Cuando el sujeto activo del delito restituya en forma espontánea el monto de lo defraudado antes de que se resuelva su situación jurídica, no se procederá en su contra, siempre y cuando no se trate de reincidente.

Artículo 340.- ...

I a XVII ....

 

Artículo 341.- Se equipara al delito de fraude y se sancionará con multa de doscientas a trescientas cuotas y prisión de cuatro a doce años, al que engañando a otro haciéndose pasar como funcionario del Estado o como agente de compañía nacional o extranjera de enganche a trabajadores, los contrate para prestar sus servicios en el extranjero, a sueldo fijo o a destajo, o los induzca, sin contrato, a trasladarse al extranjero, para allí contraer la obligación respectiva de trabajo.

…

...

 

Artículo 345.- Se aplicarán sanciones de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas:

 

I a III. …

 

Artículo 349.- Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple y se perseguirá a petición de parte.

TÍTULO VIGÉSIMO

 

CAPÍTULO I

ENCUBRIMIENTO

Artículo 358.- Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas al que después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, ayude en cualquier forma al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u ocultare, alterare, destruyere o hiciere desaparecer los indicios, pruebas o instrumentos del delito, o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo.

…

Artículo 359.- No se sancionará al que oculte al responsable de un delito o de los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se investigue, cuando se hiciere por un interés legítimo y no se empleare algún medio delictuoso siempre que se trate de:

 

a) …

 

b) El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado y por afinidad hasta el primero; y

 

c) Se deroga.

 

…

 

Artículo 360.- Se impondrá de uno a seis años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas al que adquiera, reciba u oculte el producto del delito a sabiendas que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o al que ayude a otro para los mismos fines, salvo los casos específicos que señala este Código.

 

Artículo 362.- Para los efectos de los artículos de este Código en que se mencionen a la concubina y al concubinario, se entenderá por tales a la mujer y al hombre que estén haciendo vida en común en los términos del artículo 241 del Código Familiar del Estado del Estado de Zacatecas.

Artículo 365.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y multa de cincuenta a cien cuotas al servidor público que libre una orden de aprehensión cuando no preceda denuncia o querella legalmente formulada sobre un hecho determinado que la ley tipifique como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y ésta no esté señalada en forma alternativa con otra diversa.

 

Artículo 366.- ..

I.…

II. Habiendo recibido un detenido que fue aprehendido en flagrante delito por un particular o por otro servidor público, no ponga al detenido a disposición del juez dentro del término a que se refiere el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

III. …

 

Se entenderá que el imputado queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales, desde el momento en que la autoridad lo ponga a disposición de aquel en la prisión preventiva o en el centro de salud en que se encuentre.

 

Artículo 367.- …

 

I.         No otorgue la libertad provisional bajo caución legalmente procedente, cuando ésta haya sido solicitada o imponga la medida cautelar de prisión preventiva de manera ilegal;

 

II.       Prolongue más allá del término legal, la detención de un imputado, sin resolver su situación jurídica o la medida cautelar;

 

III.     Prolongue la prisión preventiva por no dictar sentencia definitiva dentro de los términos a que se refiere el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contados a partir de su detención, salvo que el imputado solicite mayor plazo en ejercicio del derecho de defensa; o

 

IV.     Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución de autoridad competente que ordena poner en libertad a su detenido.

 

 

CAPÍTULO IV

RETARDO EN LA RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN

 

Artículo 368.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y multa de cincuenta a cien cuotas al juez que no resuelva según el caso y dentro del término legal la situación jurídica del imputado.

 

Artículo 369.-...

 

I.         Compela, por cualquier medio que no constituya delito diverso, al imputado a declarar.

 

II.       Impida al imputado hacer efectiva la garantía de defensa no permitiendo que nombre defensor desde el momento en que aquel lo solicite, u omitir nombrarle un defensor público, inmediatamente que se niegue a hacerlo.

III.     Impida la declaración del imputado o la reciba, sin observar las formalidades y derechos que establece el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 375.- Se impondrá multa de cien a doscientas cuotas de salario mínimo general vigente en la entidad y seis meses a tres años de prisión y en ambos casos suspensión de sus derechos políticos hasta por un año al que dolosamente:

 

I a XVII …

 

 

Artículo 376.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientas cuotas de salario mínimo general vigente en la entidad, así como suspensión de sus derechos políticos hasta por dos años al que dolosamente:

 

I a X. …

 

Artículo 378.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientas cuotas de salario mínimo general vigente en la entidad, así como suspensión de sus derechos políticos hasta por dos años, al funcionario electoral que dolosamente:

 

I a XVII. …

 

Artículo 379.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a trescientas cincuenta cuotas de salario mínimo general vigente en la entidad, así como destitución del cargo y suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años, al funcionario electoral que dolosamente:

 

I a V. …

 

Artículo 380.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas de salario mínimo general vigente en la Entidad, así como suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años, al dirigente partidista o candidato que dolosamente:

 

I a V. …

 

Artículo 381.- Se impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientas cuotas de salario mínimo general vigente en la Entidad, así como la suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años, al dirigente partidista o candidato que dolosamente:

 

I a XI. ..

 

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LOS ENCUESTADORES Y DE LOS RESPONSABLES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 383.- Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientas cincuenta cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, a la persona física que publique encuestas o sondeos de opinión y den a conocer las preferencias de los ciudadanos durante los ocho días previos a la jornada electoral y hasta la hora oficial de cierre de las casillas.

 

Artículo 384.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de cien atrescientas cincuenta cuotas de salario mínimo general vigente en la entidad, así como suspensión de sus derechos políticos hasta por dos años, al servidor público que dolosamente:

I a II…

 

 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que contravengan este Decreto.

Artículo Tercero.- Los procesos penales por el delito de secuestro en sus diversas modalidades que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto y cuyas conductas típicas se hayan realizado antes del 27 de febrero del 2011, se continuarán aplicando los tipos y las penas que para tales delitos contemplan las disposiciones que se derogan.

 

 

DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado a los veintinueve  días del mes de junio del año dos mil doce.

SECRETARIO       DIP. JORGE LUIS GARCÍA VERA

SECRETARIO       DIP. JOSÉ XERARDO RAMÍREZ MUÑOZ