I. Los funcionarios públicos titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal; los miembros de los organismos públicos autónomos; los Magistrados; los Diputados y los integrantes de los ayuntamientos municipales, durante el ejercicio de su cargo y un año después;

 

II. Quien habiendo sido titular de una concesión de transporte público, ésta haya sido revocada;

 

III. Quien haya prestado un servicio público de transporte, sin contar con la concesión correspondiente, y

 

IV. Menores de edad o personas con incapacidad mental permanente, salvo en los casos de sucesión.