El Gobierno del Estado, en coordinación con la Federación y municipios, y con la colaboración de los propietarios forestales organizados, y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y combate a la tala clandestina, estas acciones se realizarán especialmente en las zonas diagnosticadas previamente como críticas, para enfrentarla con diversas acciones; así como para prevenir actos indebidos de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y recursos forestales, extracción del suelo forestal, o bien, transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de materias primas forestales.