La persona denunciante podrá coadyuvar con la autoridad que lleve el procedimiento, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes.

 

La autoridad competente efectuará las diligencias necesarias para determinar la existencia de actos u omisiones denunciados, para lo cual se aplicará, en lo que corresponda, lo señalado por la legislación procesal civil del Estado, en relación a las pruebas. Podrá solicitar a las o los especialistas a su cargo, o de instituciones académicas, centros de investigación o al sector público, social o privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas.