I. Presencia de violencia feminicida en un territorio determinado del Estado;

 

II. Aumento alarmante de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad o la seguridad de las mujeres, o bien, delitos sexuales contra mujeres que perturben notablemente la paz social en un territorio determinado del Estado;

 

III. Agravio Comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, o

 

IV. Obstaculización recurrente y violenta a las autoridades correspondientes, o por las mismas, en la aplicación de los mecanismos e instrumentos legislativos y administrativos cuyo objetivo sea brindar seguridad y justicia a las mujeres en determinada región del Estado.