I. El nivel de vulnerabilidad de las víctimas o su situación de riesgo;

 

II. La información contenida en el Banco Estatal, sobre la incidencia de los tipos y modalidades de violencia que se registran en las diferentes regiones del Estado;

 

III. Las condiciones socioculturales de las regiones del Estado;

 

IV. Las conclusiones del diagnóstico estatal y demás trabajos de investigación realizados por las instituciones correspondientes;

 

V. Los resultados que arroje la evaluación sobre el impacto o eficacia de las medidas emprendidas, y

 

VI. Los programas integrales de asistencia, atención a las víctimas y de reeducación a las personas agresoras, que tengan entre sus objetivos evitar la repetición de patrones aprendidos y su reincidencia.