I. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a las prestaciones sociales establecidas en la presente Ley;

 

II. Los servicios sociales que presten la administración pública y las instituciones o personas jurídicas privadas, no tendrán ánimo de lucro;

 

III. Los servicios sociales para las personas con discapacidad que sean responsabilidad de la administración pública se prestarán por las instituciones y centros de carácter general, a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos de carácter ordinario; salvo, cuando excepcionalmente las características de la discapacidad exijan una atención singularizada;

 

IV. La prestación de los servicios sociales, respetará al máximo la permanencia de las personas con discapacidad en su medio y entorno familiar; y

 

V. Se procurará, hasta el límite que impongan los distintos tipos de discapacidad, la participación de los interesados, especialmente en el caso de adultos, en las actividades comunes de convivencia, dirección y control de los servicios sociales.