I. Cumplir con la responsabilidad social del Estado y Municipios, asumiendo plenamente las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social, para que la población pueda gozar de sus derechos sociales universales;

 

II. Garantizar el derecho igualitario e incondicional de toda la población al desarrollo social y el acceso a sus programas;

 

III. Combatir con eficiencia la pobreza, la marginación y la exclusión social;

 

IV. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica o racial, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra;

 

V. Establecer las bases para un desarrollo social integral, garantizando la evaluación del impacto de los programas de desarrollo social;

 

VI. Garantizar la inclusión social y determinar las bases para la promoción y participación social y para su vinculación con los programas, estrategias y recursos gubernamentales para el desarrollo social, y

 

VII. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los programas y aplicación de los recursos para el desarrollo social a través de mecanismos de supervisión, verificación, control y acceso a la información pública.