La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal.

Las Universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, se regirán por sus leyes específicas.

Las entidades públicas paraestatales existentes continuarán rigiéndose por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquéllas leyes específicas se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley.

Para los efectos de esta Ley se consideran áreas prioritarias las que tiendan a la consecución de los fines y objetivos económicos, políticos, sociales y culturales contenidos en la Constitución Política del Estado.

Corresponderá a los Titulares de las Secretarías de Estado, encargadas de la coordinación de los sectores, establecer políticas de desarrollo para las unidades que conforman éstos, coordinar la programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley.

Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que no se opongan a ésta, a los demás que se relacionen con la Administración Pública Estatal.

Las infracciones a esta Ley, serán sancionadas en los términos que legalmente correspondan, atendiendo al régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Estado.