I. Las actas levantadas por las autoridades estatales o municipales; 

 

II. Las indagaciones del Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales de Protección Integral, la Visitaduría, la Procuraduría de Protección y otras instancias públicas; 

 

III. Los datos que aporten niñas, niños y adolescentes, su madre, padre, familiares, tutores y otras personas responsables de su cuidado, o 

 

IV. Cualquier otra evidencia de incumplimiento o violación de derechos.