I. Tener como consideración primordial el interés superior de la niñez, teniendo en cuenta aquellos grupos que sufren mayores desigualdades y discriminación;

 

II. Aplicar los criterios de equidad y transparencia conforme a la legislación vigente en la materia en cuanto la decisión y ejecución de la distribución del gasto;

 

III. Identificación de categorías de gasto en base a aspectos prioritarios;

 

IV. Ser progresivo, en el sentido que el presupuesto no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior;

 

V. Estar orientados a una garantía de los derechos de la niñez regionalmente equilibrada en apego a lo establecido en la presente Ley;

 

VI. Estar basados en indicadores y lineamientos generales de eficacia, cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales;

 

VII. Tener en cuenta las necesidades estructurales, de recursos humanos y económicos de los municipios, y

 

VIII. Tener en cuenta las conclusiones de los informes anuales del Sistema Estatal de Protección Integral sobre análisis de situación particular y general.