I. Se les brinde protección y socorro en toda circunstancia y con la premura necesaria;

 

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones;

 

III. Se les considere al diseñar y ejecutar políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos;

 

IV. Se asignen mayores recursos de los presupuestos públicos estatales y municipales a las instituciones encargadas de proteger sus derechos, para ejecutar políticas, programas y acciones, y

 

V. Se les atienda con prioridad y respeto de sus derechos en todas las medidas que tomen los órganos legislativos, jurisdiccionales y autoridades administrativas.