I. Principio de Legalidad: consiste en que la actuación de los elementos policiales deben encontrar fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forme parte y las leyes secundarias que de ella emanen;

 

II. Principio de Racionalidad: la fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación con el evento;

 

III. Principio de Necesidad: el uso de la fuerza resulta la última alternativa para evitar la lesión de bienes jurídicamente protegidos, al haberse empleado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor;

 

IV. Principio de Proporcionalidad: el nivel de uso de la fuerza debe ser acorde con la amenaza, las características personales del agresor, sus antecedentes, armamento y la resistencia u oposición que presenta;

 

V. Principio de Congruencia: implica que haya relación de equilibrio entre el nivel de uso de fuerza y el detrimento o daño que se cause al agresor;

 

VI. Principio de Oportunidad: el uso de la fuerza será inmediato, es decir en el momento preciso en que se requiera para evitar o neutralizar el daño o peligro de que se trate, no antes ni después;

 

VII. Principio de Eficiencia: la actividad de los elementos policiales debe dirigirse a lograr los objetivos planteados, aprovechando y optimizando los recursos.