I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

 

II. No preservar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y probidad que rigen la función jurisdiccional;

 

III. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar

 

IV. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

 

V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

 

VI. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;

 

VII. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia; 

 

VIII. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, 

 

IX. Dejar de asistir a las sesiones del Pleno o de las Comisiones sin causa justificada;

 

X. Desintegrar, sin motivo justificado, el quórum del Pleno, vistas o audiencias, una vez comenzados;

 

XI. No presentar oportunamente los proyectos de resolución o negarse, injustificadamente, a firmar éstos dentro del término establecido en el Reglamento Interior;

 

XII. Dejar de concurrir, sin causa justificada, al desempeño de sus labores;

 

XIII. Actuar deliberadamente en los negocios en que estuviesen impedidos conforme a la ley;

 

XIV. Conceder empleo, cargo o comisión remunerados, a su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grados; en línea colateral, hasta el cuarto grado; por afinidad, hasta el segundo grado, y parientes por adopción.

 

XV. Las previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; y

 

XVI. Las demás que determine la Constituciones y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que resulten aplicables.