CONSIDERANDO ÚNICO.- Esta Asamblea Popular coincide con el planteamiento vertido por los iniciantes, en el sentido de que la justicia electoral mexicana ha sido objeto de cambios de hondo calado, los cuales han impactado en el proceso democratizador del país.

 

Plausible resulta el hecho de que nuestro sistema electoral mexicano tiene total sintonía con los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y, en especial, en lo relativo al control constitucional y de convencionalidad, tal como lo aducen los promoventes en la iniciativa.

 

En su Exposición de Motivos, los promoventes realizaron una interesante retrospectiva sobre la evolución de los tribunales electorales, la cual comenzó, en su época contemporánea, con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, transitando por el Tribunal Federal Electoral, hasta llegar a nuestros días en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que no obstante la reforma de febrero del año en curso, no fue objeto de variaciones importantes, lo cual no sucedió con los tribunales electorales estatales.

 

Queda de manifiesto que aun y cuando los tribunales electorales tienen una vida jurídica relativamente corta, su evolución se ha dado a pasos acelerados, hasta contar en nuestros días, con tribunales dotados de plena autonomía de gestión, financiera, pero principalmente, en sus decisiones. 

 

El Tribunal estatal no ha sido la excepción, ya que no obstante que su creación se remonta al año de 1998, a poco más de tres lustros de su constitución, se ha ubicado dentro de la arquitectura constitucional en el estado, como un órgano garante de los derechos electorales de los gobernados.

 

Teniendo como marco una remembranza de la evolución histórica de los órganos de justicia electoral, encontramos datos de suma importancia como el manifestado por el jurista José Alejandro Luna Ramos en la obra Sistema de Justicia Electoral Mexicano, en el que señala lo siguiente:

 

…en 1987, nace la institucionalización de la justicia electoral con el primer tribunal especializado en esta materia, como lo fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel) … Afortunadamente, la consistencia jurídica de los juristas que fueron designados como magistrados de ese primer tribunal electoral sentó los cimientos de lo que actualmente es la justicia electoral mexicana. 

 

Asimismo, el citado autor expresa que 

 

De igual forma, con un sistema político-electoral renovado, las elecciones para el Distrito Federal, con una novedosa naturaleza jurídica similar a la de una entidad federativa consagrada recientemente en el artículo 122 Constitucional, agregaba una fuerza política importante a la contienda electoral…

 

Es decir, tanto en el ámbito de elecciones federales como en las entidades federativas la democratización y pluralidad avanzaba a pasos agigantados.

 

En ese contexto, la reforma electoral de agosto de 1996 vino a dar un viraje en la concepción de la justicia electoral local mexicana, en especial la reforma al artículo 116 constitucional.

 

Sobre ello, el autor referido con anterioridad señala 

 

Ante este mandamiento, las legislaturas de los estados fueron adecuando su marco constitucional y legal a lo ordenado en el precepto constitucional citado, con lo cual se complementaron las condiciones procesales necesarias para tener un acceso completo a la justicia electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 17 Constitucional… Al judicializarse también los conflictos electorales de las entidades federativas, de este ámbito emanó una riqueza impugnativa con diversos planteamientos que llevaron al Tribunal Electoral a emitir criterios que fortalecieron la idea democratizadora, pero que también le dieron consistencia a este órgano jurisdiccional como institución del Estado mexicano para resolver, a través del Derecho, las contiendas por el poder.

 

En este sencillo bosquejo, podemos observar que la configuración de un nuevo orden legal electoral local, pasó por un proceso gradual de gestación y que, por lo tanto, los tribunales electorales de las entidades federativas, han evolucionado en total simetría con el Tribunal Electoral federal.

 

Por ese motivo, no existe un mejor método o forma de salvaguardar los derechos de la sociedad, que fortalecer a los tribunales electorales estatales.

 

Una vez hecha la precisión que antecede, quedó firme la intención de contar con un ordenamiento orgánico que estipule las atribuciones del propio Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en el entendido, que será la primera Ley Orgánica que regule su funcionamiento, toda vez que actualmente y desde su creación en el año de 1998, se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo cual en sí mismo, representa un avance trascendental.

 

Las últimas reformas electorales implementadas a nivel nacional, tocan de una u otra forma, las estructuras de los organismos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales y así se señala en el Dictamen emitido por la  Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que se establece

 

Finalmente, estas Comisiones coinciden con diversos planteamientos contenidos en las iniciativas que fueron analizadas con el objeto de emitir el presente dictamen, en la necesidad de fortalecer a los órganos Federal y locales encargados de impartir justicia en materia electoral. Resulta evidente que una reforma electoral como la que se plantea en el presente dictamen, requiere también de ajustar algunas disposiciones a efecto de fortalecer a las instancias jurisdiccionales en esta materia.

 

Con ese genuino propósito, concluimos que la democracia y la justicia son procesos inacabados y, por ello, cuando en esta Asamblea Soberana aprobamos cuerpos normativos enfocados a reglar la estructura y funcionamiento de los organismos electorales, en automático contribuimos a fortalecer la vigencia del estado de derecho.

 

La reforma constitucional en materia político-electoral tuvo como uno de sus objetivos la consolidación del sistema de justicia electoral en las entidades federativas, de acuerdo con ello, la autonomía e independencia de los tribunales electorales impacta diversos aspectos de su vida interna.

 

En tal contexto, debemos establecer que la autonomía de los órganos jurisdiccionales garantiza la observancia de los derechos humanos a la impartición de justicia pronta y expedita y de debido proceso, contenidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

 

De acuerdo con ello, la autonomía de los órganos jurisdiccionales se manifiesta en una doble vertiente: la primera, como la capacidad para emitir sus resoluciones sin subordinarse a ningún otro órgano o autoridad del Estado; y la segunda, como la aptitud para establecer una estructura administrativa que le permita cumplir con sus atribuciones.

 

En relación con la autonomía, César Astudillo y Lorenzo Córdova Vianello expresan lo siguiente:

 

La Suprema Corte […] ha señalado que “los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural”.

 

Lo relevante de la definición jurisdiccional es que se determina que la autonomía configura una garantía constitucional, que si bien repercute en el órgano electoral que la recibe, se establece en favor de los ciudadanos y los partidos políticos, pues son ellos a quienes beneficia directamente que los órganos electorales se mantengan al margen de cualquier injerencia o sometimiento exterior.

 

Este Instrumento Legislativo es de singular relevancia, toda vez que en su articulado establece las condiciones necesarias para garantizar la plena autonomía del Tribunal de Justicia electoral del Estado, pues determina, con precisión, su forma de integración y su estructura orgánica, elementos que a juicio de esta Asamblea Soberana fortalecen la autonomía del citado órgano jurisdiccional.

 

De acuerdo con ello, la exigencia de diversos requisitos para ser Magistrado del citado Tribunal, consolidan su autonomía, pues a la experiencia profesional –título de licenciado en derecho con una antigüedad de diez años– se suma la necesidad de que acrediten conocimientos en derecho electoral. Además de ello, debe resaltarse la creación del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional Electoral, sistema que habrá de permitir la movilidad y especialización de los servidores públicos del Tribunal.

 

Asimismo, se establece la facultad del Tribunal para emitir su reglamentación interna, elemento indispensable para robustecer su autonomía e independencia respecto de los poderes públicos.

 

Los citados elementos, en su conjunto, garantizan que los actos y resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral se ajusten a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, lo que redunda, indudablemente, en el respeto de los derechos político-electorales de ciudadanos y partidos políticos.

 

Con la aprobación de esta primigenia Ley Orgánica, damos un paso definitivo en la consolidación del Tribunal de Justicia Electoral. Hoy damos cumplimiento a un mandato contenido en nuestra Carta Fundamental del Estado y, también hoy, contribuimos a establecer reglas claras en el juego político. 

 

Que no quede duda de que esta Soberanía Popular habrá de contribuir a diseñar el nuevo rostro de la justicia electoral en el estado, siempre en sintonía con lo previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley Suprema de la Nación y, por ende, aprueba el presente Decreto, no sin antes mencionar que, históricamente, será recordada como la primera Ley Orgánica de un Tribunal Electoral en la Entidad.