I. Uso indebido o ilícito del certificado digital de la firma electrónica;

 

II. Haber presentado documentación falsa, apócrifa, alterada o que no pertenezca al solicitante.

 

III. Como medida precautoria frente a un riesgo de la confidencialidad de la clave privada;

 

IV. Por incumplimiento del titular de sus obligaciones previstas en la Ley o en este Reglamento, previa comunicación que le formule la Autoridad Certificadora en la que especifique la causa, fecha y hora en que se efectuará la revocación;

 

V. Modificación o alteración del certificado o de la firma expedida de conformidad con la Ley y este Reglamento, sin autorización de la Autoridad Certificadora;

 

VI. Cuando la clave privada pueda ser utilizada por personas no autorizadas;

 

VII. Por duplicidad de la clave privada correspondiente al certificado; y

 

VIII. Por licencia presentada del funcionario o servidor público.