I. Regular el uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en esta Ley y los servicios relacionados;

 

II. Prestar servicios de certificación de documentos escritos o electrónicos expedidos por órganos del Gobierno del Estado, y 

 

III. Simplificar, agilizar y hacer más accesibles todos los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites, prestación de servicios, contratos y expedición de cualquier documento entre los sujetos obligados del sector público, los particulares y las relaciones que mantengan éstos entre sí o con los particulares.